Resulta difícil, en un ambiente de terror e ira, mantener la calma que la racionalidad requiere para permitir la toma de decisiones y hasta el diseño de políticas públicas que puedan tener un verdadero impacto sobre la maraña de problemas que el estado padece y de los que la inseguridad es la manifestación más trágica.
De ese ambiente crispado derivan la serie de sinsentidos que se han escuchado los últimos días y que pierden de vista la cuestión más elemental: los enemigos de la paz en Morelos no están en los gobiernos estatal y municipales, sino en las acciones de personas o grupos que han decidido por sí mismos actuar fuera de la ley. Es decir, los malos son los delincuentes. Si perdemos de vista esta elemental cuestión, nos arriesgamos a culpar de cada tragedia a gobiernos que, mucho más fácilmente serán rebasados por el crimen.
Podríamos acusar a las autoridades municipales, estatales y federales, de muchas cosas, pero hasta el momento no hay indicios que apunten realmente a una colusión con delincuentes. La situación de ataque sobre los ciudadanos que socialmente se percibe no es provocada por ningún nivel de gobierno, al contrario, los esfuerzos que desde todos los niveles se hacen por enfrentar la ola delictiva pueden ser descoordinados, desarticulados, pero se perciben como actos honestos de autoridades que hacen lo que las circunstancias les permiten para brindar protección a los ciudadanos. Notoriamente no son suficientes y tendría que pensarse cómo reforzar las acciones, pero responsabilizar al gobernador, a los alcaldes, o al Ejército, de cada uno de los crímenes cometidos en el estado parece una grave exageración que no sólo tiene aristas más político partidistas que de interés ciudadano, sino, más grave, aleja el diagnóstico del foco del problema para encarrilarlo a una disputa absurda contra poderes públicos que han sido legitimados por el voto popular.
Por supuesto que la sociedad tiene mil razones para estar sumamente enojada, pero probablemente por el hecho de que la delincuencia no tiene rostro conocido, razón social, dirección fiscal, a muchos les da por ubicar esa ira en los rostros de los gobernantes. Si a esta cuestión sumamos las características recientes de la gesta política en Morelos, entenderemos el peligro de esa rabia mal enfocada. Si Cuauhtémoc Blanco, los alcaldes y los representantes de la autoridad federal en Morelos son lo bastante humildes para entender la molestia ciudadana, y tienen la habilidad elemental de reenfocarla en una gran acción social a favor de la paz y la seguridad, podrían lograr que todos los muertos que la sociedad ha puesto en esta lucha contra la delincuencia, que todas las víctimas del crimen logren una mayor dignidad siendo ellas las que lograron que cambiáramos, para bien la sociedad en que cohabitamos. Entonces se podrá decir que Morelos, después de dos décadas aprendió su lección y supo construir una sociedad pacífica y segura; de otra forma, seguiremos repitiendo las mismas retahílas en más o menos los mismos ciclos, hasta que por cansancio o muerte dejemos de hablar.
El combate a la delincuencia, es cierto, es una responsabilidad que le conferimos al Estado. Pero la construcción de una sociedad segura corresponde a cada uno de los ciudadanos, hasta ahora, muchos han evadido esa responsabilidad, son también muchos de ellos los primeros en acusar hoy a las autoridades, a los empresarios, y a quien se pueda, de que vivimos en peligro. El plan de paz es urgente, pasar de las pláticas y el protocolo a la acción resulta inaplazable.
