La penetración de las fuerzas militares en la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa –a través de agentes encubiertos-- hizo posible que el ejército tuviera conocimiento por adelantado de la movilización de los alumnos por el aniversario del 2 de octubre, y por lo mismo sus pasos estuvieron bajo vigilancia permanente del gobierno desde antes de comenzar la fatídica jornada del 26-27 de septiembre de 2014.
Asimismo, era previsible que los estudiantes tomaran autobuses del servicio público en Iguala para acudir a la Ciudad de México –como era su costumbre-- y tomando en cuenta que dichos transportes eran usados eventualmente por la delincuencia organizada para realizar envíos de paquetes ilegales a USA, también era previsible que los criminales secuestrarían a los jóvenes en el momento de ocurrir la toma de dichos autobuses.
Finalmente, elementos de la Marina armada de México estuvieron manipulando la escena del crimen en el río San Juan, donde ocurrió –de acuerdo con la llamada Verdad Histórica-- la incineración de los cadáveres de los normalistas. Lo cual nos indica que el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) tuvo en todo momento el control absoluto de los hechos, tanto en la etapa anterior a la represión como durante la ejecución de la misma. En la etapa posterior trató de borrar todas las huellas de su intervención en esos hechos.
Estos son algunos datos esenciales que se derivan del informe presentado en fecha reciente por el GIEI (Grupo Internacional de Expertos Independientes) sobre el curso de sus investigaciones, informe que –aunque agrega poco a lo ya conocido—revela que el control total de todos los hechos relacionados con el crimen de Ayotzinapa siempre estuvo en manos oficiales, y en los momentos decisivos corrió a cargo de la parte del estado mexicano que mantiene alianzas con el crimen organizado.
La responsabilidad política de ese crimen corre por completo a cargo del régimen que encabezara EPN. El gobierno actual de AMLO, en representación del estado mexicano, así lo asume y está haciendo el intento por dar respuesta a la infinidad de interrogantes que se derivan del mismo. El estado mexicano fue, es y será responsable por ese crimen, y por lo mismo tiene la responsabilidad política de dar respuesta a las familias afectadas en primer lugar, y a la sociedad mexicana en general.
Si revisamos los hechos que condujeron al crimen cabe preguntar: si el gobierno ya sabía lo que iba a pasar ¿por qué no detuvo a los líderes de los delincuentes antes de los hechos? Y si esto no era posible ¿por qué no proporcionó en forma gratuita los transportes a los estudiantes, incluso poniendo agentes dentro de los autobuses, para garantizar que llegarían con bien a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México?
Razones económicas no se pueden alegar, porque de acuerdo con la costumbre, las empresas de autobuses siempre habían cobrado al gobierno los daños ocasionados a sus unidades por el uso irregular que les daban los estudiantes, o bien por las pérdidas derivadas del uso que hacían los alumnos de los autobuses durante varios días.
Si el objetivo del gobierno peñista hubiera sido evitar la represión, el baño de sangre, las torturas y los horrores causados por los criminales, hubiera bastado con ejecutar algunas pequeñas maniobras para lograrlo. Pero no: el objetivo era causar daño, dolor, hacer pagar a los alumnos de esa escuela, tradicionalmente combativa, por el atrevimiento de acudir a un acto independiente sin pedir al apoyo del gobierno.
El presidente AMLO ha impartido en fecha reciente las órdenes que se han requerido para llegar al núcleo de la verdad. Ya se ha puesto en evidencia que la “Verdad Histórica” solo fue una patraña del gobierno anterior para tratar de cerrar el caso, para dar el carpetazo, para sepultar los cadáveres estudiantiles bajo toneladas de mentiras. Y no lo consiguieron.
El gobierno actual está enfrentando resistencias muy grandes. Si bien AMLO ha ordenado que se llegue al fondo, muchos funcionarios no obedecen, algunos escudándose en la “autonomía” de las instituciones cuyo origen se remonta a otras épocas, pero que no ha funcionado en el momento en que la sociedad exige claridad, certeza, y que se ponga fin a la duda que representa el destino de 40 de los 43 alumnos de Ayotzinapa. (Los restos de 3 de ellos ya fueron identificados).
A base de torturas, Tomás Zerón intentó borrar la horrenda tragedia de la Noche de Iguala y crear una nueva versión aterciopelada, que no lastimara a los funcionarios peñistas. No lo pudo conseguir y hoy pesa sobre sus hombros una orden de aprehensión. Los funcionarios del régimen obradorista no han empleado, en cambio, la tortura como arma de investigación, pero no han logrado penetrar la dura coraza del sistema que nos ha impedido conocer los hechos.
En otros países (Chile, Argentina) los fiscales han logrado integrar expedientes y han llevado a la cárcel a los funcionarios responsables (Videla, Massera). En México la coraza es más dura, más resistente y se ha vuelto impenetrable. Vivimos bajo la amenaza de no hacer justicia, de no llevar a prisión a los genocidas, de que los crímenes de estado sigan cubiertos por un manto de impunidad.
México aspira a ocupar un lugar destacado en el concierto mundial de naciones. Cuenta con una economía dinámica y en expansión; con una deuda externa controlada; con reservas de divisas suficientes para resistir cualquier embate financiero; con un gobierno que goza del respaldo de la enorme mayoría de la población.
Pero todo eso no sirve de nada si la justicia no llega a los muchachos caídos en Iguala. Si los familiares de esos alumnos --que van muriendo poro a poco-- no llegan a alcanzar la ansiada justicia. Si las órdenes ejecutivas del presidente no pueden atravesar la coraza de los genocidas, dejando a la sociedad mexicana sin esperanza y sin fé en las instituciones.
México exige justicia. Debemos reclamar con toda nuestra fuerza que los criminales de Iguala sean castigados, no por algún afán de venganza, sino porque un país sin justicia no es un país donde el pueblo mexicano merezca vivir. El pueblo que forjó a Villa, a Zapata, a Flores Magón y a Lucio Cabañas ya ha pagado el precio de la libertad y la justicia. Exijamos vivir en un país digno y del tamaño de nuestros héroes.
