El gobernador de Jalisco se arrepintió

Los gobernadores de 10 entidades del país dieron la semana pasada un paso más en su proceso de alejamiento de la nueva institucionalidad, en un golpe mediático más parecido a un suicidio político que una verdadera rebelión contra el poder centralizado del obradorismo.

No obstante, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro expresó, durante la visita de AMLO el fin de semana, con motivo de la inauguración de las obras del tren eléctrico de Guadalajara, que la entidad por él gobernada siempre ha contado con el apoyo del presidente, lo cual agradeció profundamente, y señaló que las discrepancias del Grupo de los 10 gobernadores con el titular del Poder Ejecutivo fueron solo circunstanciales.

Recordemos los hechos: al salirse de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) en la segunda semana de septiembre, los gobernadores rebeldes se alejaron del único espacio que tenían a su alcance para gestionar recursos destinados a sus respectivas entidades. Dirán que lo hicieron por ideales políticos (incluso se llaman Alianza Federalista) pero se les nota claramente que no están de acuerdo con los controles federales sobre los recursos que se les etiquetan.

Al frente de ellos se situaron los gobernadores de la frontera norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) así como el mencionado político de Jalisco, que cambió radicalmente su postura en menos de 3 días.

Hay, sin embargo, intereses en común que diferencian al grupo de los 10 de los otros 22 gobernadores estatales. Los 10 que se retiraron de la Conago son muy impopulares en las entidades que gobiernan. Y la mayoría de ellos no resiste el menor análisis acerca del origen de su fortuna, sin contar con las muy cuestionadas relaciones políticas que los acompañan.

Se autodenominan “federalistas” en un momento de máxima tensión de las fuerzas nacionales para combatir tanto la pandemia como la crisis económica derivada de ella. Pero, por cierto, no han presentado ningún plan o esquema coherente para crear una nueva estructura federalista capaz de recabar impuestos en sus propias entidades. Son solo palabras, maniobras preelectorales, “grilla” estudiantil.

Por supuesto que tienen derecho a retirarse de la Conago. Pero no estamos analizando el derecho de cada quien a tomar las medidas administrativas que decida, con objeto de retirarse de una organización formal de gobernadores. Se trata de analizar el tema de fondo: no de donde se salieron, sino de los motivos y razones de su salida.

En el momento en que más se requiere de la unidad, ellos defeccionan y atizan el debate político y la discordia, cuando todos los mexicanos estamos ocupados en combatir los dos flagelos principales que azotan al pueblo: la pandemia y la crisis económica.

Algunos de ellos han expuesto opiniones separatistas en varias ocasiones. Hoy dicen que no se trata de una separación sino del establecimiento de un nuevo pacto fiscal, que reporte a cada entidad más recursos, y les permita mayor margen para el ejercicio de sus respectivos presupuestos.

Teóricamente este planteamiento es correcto, pero en contra tienen la pésima fama que les persigue: ellos han desviado mucho dinero de sus presupuestos, por lo cual es previsible que, sin controles adecuados, el destino de recursos más cuantiosos seguirá la misma ruta, ya que estaría en manos de gente hábil y experta en las artes de la simulación.

En términos políticos: salvo en Guanajuato, en la elección de julio de 2018 triunfó AMLO en todas las entidades del país. El triunfo arrojó oficialmente una votación nacional equivalente al 53 por ciento de los sufragios. Por lo mismo, si en este momento AMLO tiene cerca de 70 por ciento de aceptación en el país, no es difícil suponer que en la mayoría de esos estados la popularidad del presidente también haya crecido.

Estamos, pues, en presencia de una maniobra antidemocrática, arbitraria, autoritaria e irresponsable por parte de los gobernadores. Esencialmente contraria a los intereses y opiniones de los habitantes de esos estados. Y todo, por los intereses personales que representan. Vamos a ver:

- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, sobre quien pesan fuertes acusaciones de haber protegido a los delincuentes, precisamente por el hecho de sostener en sus puestos a los principales jefes policiacos, a pesar de que durante su gestión se fortaleció la delincuencia organizada, tanto que generó la desconfianza del aparato federal que finalmente detuvo a “El Marro” jefe principal de uno de los cárteles más virulentos.

- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ha sido acusado de tener relación con los cárteles de la droga de la llamada “Frontera Chica”, la línea que separa esa entidad con el estado de Texas.

- Enrique Alfaro, aspirante a dictador del país, acusado de detenciones arbitrarias y de tener convivencia con los cárteles, los más fuertes y mejor armados de los que actualmente depredan al país. Fue tan inconsistente su argumentación inicial, que en solo unas horas cambió de postura ante AMLO.

- Silvano Aureoles, un gobernador que ascendió al cargo por el PRD, pero impulsado por Peña Nieto. Renombrado “latin lover” de Michoacán, represor de normalistas y temible depredador del presupuesto local.

- “El Bronco” de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien fuera animador de los debates de la pasada campaña presidencial de 2018 por sus chistoretes acerca de cortarle las manos a los ladrones. Hoy ha sido acusado de incongruente, porque si hubiera aplicado su receta, es hora de que le llamarían “El Capitán Garfio”.

- Javier Corral, de Chihuahua, está obnubilado por su enorme ambición de llegar al poder presidencial en las elecciones del 2024. Es evidente que su interés político radica en conservar su feudo en Chihuahua, como base estratégica para promoverse en los próximos años.

Hay algo que se debe subrayar: en Chihuahua, Nuevo León, Colima y Michoacán habrá elecciones en 2021 para cambio de gobernador. Además de Javier Corral, andan en la cuerda floja tanto el “Bronco” de Nuevo León como los sátrapas de Colima y Michoacán.

La defensa a ultranza de la “soberanía estatal” será una magnífica bandera que enarbolarán para apoyar candidaturas oficiosas, hacer negocios ilícitos, comprar votos y manejar los órganos electorales locales a su antojo. Si la ambición de Javier Corral es futurista, la de los demás sería más modesta: tratarán de que a esas entidades no lleguen gobernadores “incómodos”, que después puedan andar hurgando en sus negocios políticos.

Javier Corral sabe mucho de esas historias. Tiene a su predecesor César Duarte detenido en USA y ahora tratará de aparecer como esperanza de la derecha para el 2024. Es vital para todos –incluyendo a Corral—evitar que les tomen las plazas. Palacio Nacional bien vale unos muertitos en La Boquilla.

En los últimos días, Corral ha apoyado una ofensiva de los empresarios de Chihuahua para retener el agua que se requiere para sus sembradíos. Pero han ocultado que esa agua ha sido tradicionalmente entregada a USA por un tratado de 1944, en el que México ha resultado beneficiado con 4 veces más de agua de la que envía al vecino país del Norte.

De lo que trata el convenio es de reponer el agua que se pierde en el trayecto de los afluentes de los ríos fronterizos, en este caso del Bravo. Aguas que se retienen en USA por diversas obras (presas, embalses, etc.) se compensan y se entregan a los agricultores mexicanos de la frontera.

México repone el agua que se retiene por embalses y presas en los afluentes de este lado, como el río Conchos. Pero el intercambio ha resultado siempre en beneficio de productores de nuestro país. Lo que Javier Corral ha ocultado es que el agua disponible en Chihuahua se la reparten localmente entre los grandes productores de nogales, manzanas, etc. Dejando al margen a los pequeños productores y ejidatarios.

Los grandes acaparadores del agua han estado manteniendo el conflicto de la presa hidroeléctrica de La Boquilla. Hombres armados destruyeron las instalaciones de la CFE en esa presa, y a la fecha mantienen un plantón en sus instalaciones para evitar que la CFE recupere el control.

José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua por el PRI durante los años 2004-2010, es uno de los grandes promotores del conflicto. Controla grandes extensiones de tierra y cuotas de agua. A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le ha congelado varias cuentas. Y se ha iniciado una investigación contra él por el desvío de 129 millones de pesos cuando fue director del ISSSTE durante el sexenio de EPN.

Por si hiciera falta, la conducta de Reyes Baeza confirma la estrecha alianza de intereses entre el PRI y el PAN. Y los conduce a esta ironía: un Tratado internacional de Aguas firmado en 1944 por Avila Camacho con USA, fue correctamente cumplido por los mandatarios del PRI y del PAN durante más de 70 años.

Sin embargo, hoy ese Tratado es denunciado y es objeto de violentos ataques por grupos que siempre se han beneficiado del mismo. La diferencia es que hoy el gobierno no está presidido por uno de ellos, sino por AMLO y la izquierda. Y eso los enfurece porque está afectando sus intereses caciquiles.

Para todo ello, los caciques cuentan con el apoyo de FRENAA y otros vociferantes agitadores, muy lejanos a los intereses de Chihuahua pero muy cercanos a la politiquería desatada en vísperas de elecciones en ambos lados de la frontera (En USA el próximo 3 de noviembre, ya que en Texas votarán miles de ciudadanos de origen mexicano; en México, como sabemos, los comicios serán en junio de 2021).