Es de entenderse que los regímenes autoritarios o con partido preponderante, como son los matices en el caso de México, paulatinamente van cediendo a mayores libertades y oportunidades tanto para la sociedad como para los partidos políticos.
No obstante, en esencia no han cambiado ni el modelo económico, mucho menos se han socializado los derechos y beneficios de la democratización.
Y esto, como argumenta el gobierno mexicano para defenderse, no puede atribuirse solamente a un contexto global de crisis económica y sanitaria, mucho menos a los problemas financieros derivados de la caída en los precios del petróleo y la peor caída de la economía en décadas, como afirma el presidente, López Obrador.
Efectivamente, al margen de los factores exógenos, los problemas del sistema político mexicano contemporáneo están presentes y, han sido la constante y constituyen el permanente reclamo de la comunidad internacional, no sólo por los casos de una gestión pública que no da testimonio del rumbo de su política gubernamental, sino también porque no existen elementos que den certeza a los inversores nacionales y extranjeros.
No es fortuito que en cada oportunidad, el Presidente López Obrador siga recibiendo recriminaciones de diversos sectores productivos dentro y fuera del país y de los organismos internacionales, así como de los empresarios en lo concerniente al respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión –recuérdese que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel global en asesinato a periodistas, sobre todo considerando que se trata de una nación que no está (formalmente) en guerra-.
Pero más aún: el reclamo de inversores de otros países gira en torno a que México carece de leyes claras, de instituciones fuertes que se encarguen de cumplirlas y hacerlas cumplir, que la inseguridad sembrada por el crimen organizado y los cárteles de la droga y de la trata de personas, así como el cobro de derecho de piso a los empresarios, al margen de su tamaño, son la constante en el país, contexto agravado por la desconfianza en la política económica del presidente, López Obrador.
Si bien a nivel internacional se aplaudieron las reformas de ajuste estructural emprendidas por la administración 2012-2018, el hecho es que si se ponderó el momento mexicano, es porque el cambio de reglas del juego favoreció temporalmente a los inversores privados y hoy, la confianza de la elite económica a la administración del presidente, López Obrador es una asignatura pendiente del gobierno para articular una auténtica estrategia de desarrollo social.
Por otra parte, si se pone bajo la lupa la política de ajuste estructural emprendida por la gestión 2012-2018, encontraremos que en muchos casos los avances que se establecieron incluso de vanguardia en el terreno constitucional, son frenados y hasta en algunos casos revertidos por las leyes reglamentarias en la gestión AMLO.
En ese contexto, la ausencia de instituciones y organismos especializados responsables del combate a la corrupción y la impunidad, o su lenta y coartada construcción, no arrojan visos de optimismo para un país que reclama justicia, y para una comunidad internacional que si bien tiene la vista puesta en México, carece de la confianza suficiente en el país para emprender alianzas o inversiones, en el rubro que implicó el símbolo de contraste de la victoria de AMLO y que la política de la realidad se ha encargado de desarticular al agrupar en su gobierno a sus propios corruptos y la percepción del presidente de sus instituciones que, por ejemplo entrega a las fuerzas armadas lo mismo el rol de construir el aeropuerto en Santa Lucía que las sucursales del Banco del Bienestar, el reparto de libros de texto y un largo etcétera haciendo claramente inviable la ejecución del presupuesto federal.
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