/ domingo 5 de julio de 2020

El desastre que viene

Un desastre, a diferencia de un accidente o una emergencia, afecta a un gran número de personas y tiene como consecuencia la disrupción de la mayoría de las estructuras sociales y de infraestructura comunitaria. Los desastres son la expresión más aguda de nuestra vulnerabilidad. Ocasionan grandes pérdidas materiales y humanas y detonan demandas sociales. El acceso a servicios razonablemente atendidos como alimentación, habitación, agua, infraestructura, comunicaciones y salud se puede ver afectado e inclusive interrumpido.

Los desastres desafían las capacidades humanas de respuesta. Hemos desarrollado estrategias de contención, sin embargo la mayoría de las medidas están enfocadas a la atención de eventos de inicio súbito y con gran potencial de destrucción como los terremotos con pocos antecedentes para la respuesta a eventos con inicio lento y poco delimitado en el tiempo como ocurre con las sequías y que, a pesar de eso, causan efectos tan devastadores en las comunidades como un sismo.

La crisis provocada por COVID-19 entra en esta última categoría. De inicio lento y con límites poco delimitados, las consecuencias de la propagación del contagio serán múltiples y de graves consecuencias en los componentes psicológicos, sociológicos, institucionales, políticos y económicos de la sociedad y parecería que no hemos hecho ningún esfuerzo todavía para entender y menos aún para contender con esta situación.

Como si se tratase de un sismo, en nuestro país se optó por reasignar súbitamente toda la capacidad hospitalaria pública a los enfermos de COVID-19 dejando fuera a los demás enfermos. Se dedicaron hospitales completos como el Instituto Nacional de la Nutrición a este fin sin considerar que la crisis sería de larga duración, posiblemente años, y que muy pronto se comenzaría a resentir la falta de atención de otro tipo de padecimientos.

Se optó por concentrar los pocos recursos disponibles a la ampliación de la capacidad hospitalaria pero no se compraron pruebas diagnósticas suficientes. Igualmente se decidió no asignar recursos al seguimiento de contagios lo cual hubiera permitido cortar las cadenas de transmisión del virus. No se previó tampoco el impacto del confinamiento en una economía basada en el comercio informal y no se generó ningún programa para evitar la pérdida de empleos formales, siendo los más vulnerables aquellos del sector servicios sobre todo el turismo. No se generaron estrategias para prevenir y contender con la violencia doméstica producto del encierro y la frustración. No se realizaron campañas de concientización para evitar la discriminación a los enfermos de COVID-19 o al personal médico.

Esta estrategia vertical y sin ramificaciones ató de manos a las autoridades locales que pretendieron desviarse aunque fuera mínimamente de la directiva central. Se ocupó toda la fuerza del estado para impedir que se aplicaran pruebas diagnósticas masivas o que se implantara de manera obligatoria el uso de cubrebocas. Se negaron los recursos para la preservación de empleos y para la atención a grupos marginados o en riesgo de colapso, Se llegó inclusive al involucramiento del Poder Judicial como lo vimos la semana pasada en Cuernavaca donde el Gobierno estatal promovió un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia para impedir la apertura del comercio en la ciudad pero que duró solamente un día, pues en menos de 24 horas la directiva nacional fue, precisamente, abrir las actividades comerciales.

Ante la falta de coordinación tenemos ahora dos semáforos. El de riesgo que se basa en criterios epidemiológicos y que se encuentra en la fase roja. Por otro lado tenemos un semáforo de actividades comerciales que se encuentra en la fase naranja. Estos dos mensajes confunden profundamente a la sociedad que desde su perspectiva toma el que más se acerca a sus creencias e intereses incrementando todavía más el riesgo para todos.

Los desastres son procesos que más allá de evidenciar la capacidad de enfrentamiento entre los individuos y grupos, despiertan la necesidad de transformación de la realidad social. Que esa transformación ocurra de manera gradual y ordenada alejándonos del colapso es responsabilidad del estado no de la sociedad.


Información adicional de éste y otros temas de interés visiten http://reivindicandoapluton.blogspot.mx

Un desastre, a diferencia de un accidente o una emergencia, afecta a un gran número de personas y tiene como consecuencia la disrupción de la mayoría de las estructuras sociales y de infraestructura comunitaria. Los desastres son la expresión más aguda de nuestra vulnerabilidad. Ocasionan grandes pérdidas materiales y humanas y detonan demandas sociales. El acceso a servicios razonablemente atendidos como alimentación, habitación, agua, infraestructura, comunicaciones y salud se puede ver afectado e inclusive interrumpido.

Los desastres desafían las capacidades humanas de respuesta. Hemos desarrollado estrategias de contención, sin embargo la mayoría de las medidas están enfocadas a la atención de eventos de inicio súbito y con gran potencial de destrucción como los terremotos con pocos antecedentes para la respuesta a eventos con inicio lento y poco delimitado en el tiempo como ocurre con las sequías y que, a pesar de eso, causan efectos tan devastadores en las comunidades como un sismo.

La crisis provocada por COVID-19 entra en esta última categoría. De inicio lento y con límites poco delimitados, las consecuencias de la propagación del contagio serán múltiples y de graves consecuencias en los componentes psicológicos, sociológicos, institucionales, políticos y económicos de la sociedad y parecería que no hemos hecho ningún esfuerzo todavía para entender y menos aún para contender con esta situación.

Como si se tratase de un sismo, en nuestro país se optó por reasignar súbitamente toda la capacidad hospitalaria pública a los enfermos de COVID-19 dejando fuera a los demás enfermos. Se dedicaron hospitales completos como el Instituto Nacional de la Nutrición a este fin sin considerar que la crisis sería de larga duración, posiblemente años, y que muy pronto se comenzaría a resentir la falta de atención de otro tipo de padecimientos.

Se optó por concentrar los pocos recursos disponibles a la ampliación de la capacidad hospitalaria pero no se compraron pruebas diagnósticas suficientes. Igualmente se decidió no asignar recursos al seguimiento de contagios lo cual hubiera permitido cortar las cadenas de transmisión del virus. No se previó tampoco el impacto del confinamiento en una economía basada en el comercio informal y no se generó ningún programa para evitar la pérdida de empleos formales, siendo los más vulnerables aquellos del sector servicios sobre todo el turismo. No se generaron estrategias para prevenir y contender con la violencia doméstica producto del encierro y la frustración. No se realizaron campañas de concientización para evitar la discriminación a los enfermos de COVID-19 o al personal médico.

Esta estrategia vertical y sin ramificaciones ató de manos a las autoridades locales que pretendieron desviarse aunque fuera mínimamente de la directiva central. Se ocupó toda la fuerza del estado para impedir que se aplicaran pruebas diagnósticas masivas o que se implantara de manera obligatoria el uso de cubrebocas. Se negaron los recursos para la preservación de empleos y para la atención a grupos marginados o en riesgo de colapso, Se llegó inclusive al involucramiento del Poder Judicial como lo vimos la semana pasada en Cuernavaca donde el Gobierno estatal promovió un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia para impedir la apertura del comercio en la ciudad pero que duró solamente un día, pues en menos de 24 horas la directiva nacional fue, precisamente, abrir las actividades comerciales.

Ante la falta de coordinación tenemos ahora dos semáforos. El de riesgo que se basa en criterios epidemiológicos y que se encuentra en la fase roja. Por otro lado tenemos un semáforo de actividades comerciales que se encuentra en la fase naranja. Estos dos mensajes confunden profundamente a la sociedad que desde su perspectiva toma el que más se acerca a sus creencias e intereses incrementando todavía más el riesgo para todos.

Los desastres son procesos que más allá de evidenciar la capacidad de enfrentamiento entre los individuos y grupos, despiertan la necesidad de transformación de la realidad social. Que esa transformación ocurra de manera gradual y ordenada alejándonos del colapso es responsabilidad del estado no de la sociedad.


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