El derecho a la ciencia

La principal fortaleza de nuestro régimen político es el estado de derecho donde la Constitución determina con precisión los derechos que deberemos gozar los ciudadanos sin importar el Gobierno en turno ni las circunstancias económicas o sociales imperantes.

Derechos como la educación básica, la atención a la salud, el libre tránsito o la alimentación son derechos fundamentales. También existen derechos de segunda y hasta tercera generación como la no discriminación o el acceso a la información. Estos derechos están alineados a consensos internacionales y se amplían y perfeccionan todo el tiempo.

En este sentido relevante que la semana pasada el Senador Juan Carlos Romero Hicks sometió al pleno de la cámara alta una iniciativa para incorporar el derecho al conocimiento científico dentro de la Carta Magna. El proyecto propone la modificación de dos artículos, el 3o y el 73.

En el artículo tercero se incluye un párrafo donde se declara que “toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Igualmente considera que “corresponde al Estado promover la ciencia, la tecnología y la innovación como áreas prioritarias del desarrollo nacional, así como garantizar su conservación, desarrollo y difusión, para lo cual deberá proveer los recursos y estímulos necesarios, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que determine la ley”.

De concretarse, esta iniciativa facilitaría la asignación de recursos desde la cámara de diputados garantizando la trascendencia de acciones y programas transexenales incluyendo la de mega proyectos científicos como la construcción del Sincrotrón mexicano.

Desafortunadamente los tiempos políticos juegan en nuestra contra y es muy probable que la iniciativa se archive en la cámara de diputados como muchas otras. Aun salvando este obstáculo, todavía deberá ser aprobada por dos tercios de los congresos locales antes de ser aprobada.

Hemos esperado y desesperado mucho por una oportunidad como esta. La incorporación de la modificación provocaría que se redacte una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación desde donde podrán afinarse y ampliarse las características que deben tener las acciones y programas dedicados al cumplimento del objetivo que sería, por primera vez en la historia de nuestro país, garantizar el beneficio del conocimiento científico a todos los mexicanos.