Según datos oficiales (INEGI, 2015), poco más del 95% de la población de México dispone de agua potable, mientras que la cifra correspondiente al drenaje es de poco menos del 93%.
Esos niveles de cobertura son altos si se comparan con los promedios mundiales, parecería que los sistemas de agua potable si son capaces de promover efectivamente el alcance de los derechos al agua y el saneamiento. Sin embargo, es esencial hacer notar que esas cifras, por impresionantes que sean, no reflejan más que la existencia de algún tipo de infraestructura, no el alcance real del acceso al agua y el saneamiento en los hogares de las personas, que es considerablemente inferior. Es decir, muchas personas tienen un tubo que podría llevarles agua hasta su casa, pero en muchos casos, ese tubo no lleva agua de manera continua, y muchas veces tampoco de calidad potable (en otra ocasión me referiré al tema del saneamiento).
Una gran proporción de las redes de agua del país funcionan en un régimen de “tandeo”, un arreglo mediante cual los hogares reciben agua corriente únicamente en ciertos días específicos, o a ciertas horas. Esto significa que los usuarios deben tener el agua almacenada durante el tiempo suficiente hasta que vuelvan a tener acceso, lo cual produce un deterioro de su calidad y afecta la salud. Las zonas más marginadas del país, continúan recibiendo servicios limitados de agua y saneamiento, si es que los reciben.
Leo Heller, el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, refirió que en un contexto de reducciones presupuestarias a nivel nacional, existe preocupación por la posibilidad de que se caiga en la inacción a la hora de prestar los servicios, alegando cifras oficiales de cobertura que son engañosas y que pueden menoscabar o demorar la aplicación de medidas esenciales para mejorar los servicios y el acceso al agua potable y el saneamiento.
Esta es una preocupación grave, y el Relator Especial advirtió de que una presunta buena actuación no debía utilizarse para justificar la gran reducción que experimentó el presupuesto para agua y saneamiento en 2017.
Tampoco vale el argumento de que es una atribución municipal, y que son los municipios los responsables de hacer cumplir ese Derecho Humano; es el Estado en su conjunto el responsable, y tratar de deslindar responsabilidades hacia el eslabón más débil de las instancias de gobierno, lo único que logrará es retrasar más el alcance de ese ideal, o incluso provocará un retroceso.
Existen cifras que indican que solo el 18% de la población recibe agua de manera continua, las 24 horas del día los 365 días del año; el resto, más del 80%, la recibe de manera “tandeada”. Incluso en la Ciudad de México, la más grande del país, el acceso al agua es esporádico y un tanto impredecible. Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 70% de la población recibe agua menos de 12 horas al día. El Relator Especial visitó las comunidades de Santa María Aztahuacan y Lomas de San Lorenzo, en la demarcación de Iztapalapa de la Ciudad de México. La zona es la más poblada de la ciudad, históricamente ha experimentado un crecimiento demográfico elevado e incontrolado y presenta un alto nivel de marginación socioeconómica. A pesar de estar conectada a la red de agua corriente y de que hay varios pozos en la zona, los grupos de la sociedad civil indicaron que cientos de miles de personas no tienen un acceso regular al agua o bien tienen un acceso muy limitado, en régimen de “tandeo”, y sin servicio varios días.
Es tiempo de cambios.
