Daniel Martínez

  / martes 10 de septiembre de 2019

El abuso normal…

En Morelos conocemos las demandas históricas de la Escuela Normal Rural “Vihn Flores Laureano” de Amilcingo. Algunas de ellas, como la búsqueda de una educación que contribuya a la equidad social son respetables y hasta discutibles desde diversos enfoques que garanticen la calidad del servicio educativo. Otras, como la garantía de plazas fuera de concurso a los egresados de las normales rurales son francamente insostenibles en función del interés superior de la infancia que debiera prevalecer en el diseño de cualquier política educativa. Pero el discutir ideas no debiera enfrentar a nadie, en cambio, los intentos de imposición de una plataforma política cualquiera a través de formas de violencia diversas resultan siempre reprobables. O por lo menos eso pensábamos.

Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre los saqueos a camiones repartidores, robos de autobuses, y otras formas en que las normalistas “expresan” sus demandas asegura que tales desmanes son respetables, aunque no los comparte (nomás eso faltaba); “siempre les hemos dicho que lo hagan dentro de la legalidad… sin embargo, ustedes conocen a nuestras paisanas, las normalistas, y son un poco especiales”, afirma el funcionario que debiera, como titular del sector educativo en el estado, por lo menos tener una expresión de regaño para quienes se portan mal, como haría cualquier maestro en el aula. No es así, al contrario, frente al saqueo, el robo, el daño a terceros, la respuesta es “somos respetuosos de la expresión que hacen todos los ciudadanos morelenses”.

Cornejo toma las acciones de las normalistas, después de una semana de saqueos y robos de unidades de autobuses (que, en su descargo, se han tolerado desde el gobierno del estado por más de 20 años), como una travesura. A lo mejor desde una perspectiva profundamente laxa podría verse así, faltará ver quién se atreve a ir con ese argumento a las empresas afectadas por el saqueo de productos o decomiso temporal de sus unidades, por no hablar de los miles de automovilistas afectados por los bloqueos que realizan y se suman a las muchas otras obstrucciones de tránsito provocadas por decenas de otras siglas de manifestantes.

El problema elemental en que las travesuras pronto se convierten en delitos y siguen siendo tolerados por la autoridad en un estado harto de la ilegalidad, de la impunidad, de la delincuencia. ¿Cómo participar en un plan de pacificación si la propiedad es violentada por grupos perfectamente identificados que son tolerados desde el propio gobierno estatal? No se trata de coartar el derecho a la manifestación, sino de garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad de terceros. La merma económica que significan los bloqueos constantes a la circulación podría ser tolerable en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse contra actos de autoridad; pero la que deriva del saqueo y el robo temporal de las unidades de transporte resulta intolerable porque, además de estar fuera de la ley, es absolutamente innecesaria. Pocos han sido los gobiernos que han cerrado las puertas al diálogo con las normalistas de Amilcingo, de hecho, ha habido administraciones que hasta han integrado mesas de negociación con los grupos de normalistas. Es decir, la manifestación , desde cualquier perspectiva es excesiva.

La tolerancia a estas “travesuras” genera una triste percepción sobre el estado de derecho en Morelos, y desalienta la inversión, la voluntad de trabajo y la dignidad ciudadana. Las declaraciones del secretario de Educación son lamentables pues reflejan la derrota gubernamental en lograr que se sujete a la ley grupo de estudiantes de escuelas públicas, que buscan ejercer la docencia en otras escuelas públicas, todas administradas por el Estado.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

En Morelos conocemos las demandas históricas de la Escuela Normal Rural “Vihn Flores Laureano” de Amilcingo. Algunas de ellas, como la búsqueda de una educación que contribuya a la equidad social son respetables y hasta discutibles desde diversos enfoques que garanticen la calidad del servicio educativo. Otras, como la garantía de plazas fuera de concurso a los egresados de las normales rurales son francamente insostenibles en función del interés superior de la infancia que debiera prevalecer en el diseño de cualquier política educativa. Pero el discutir ideas no debiera enfrentar a nadie, en cambio, los intentos de imposición de una plataforma política cualquiera a través de formas de violencia diversas resultan siempre reprobables. O por lo menos eso pensábamos.

Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre los saqueos a camiones repartidores, robos de autobuses, y otras formas en que las normalistas “expresan” sus demandas asegura que tales desmanes son respetables, aunque no los comparte (nomás eso faltaba); “siempre les hemos dicho que lo hagan dentro de la legalidad… sin embargo, ustedes conocen a nuestras paisanas, las normalistas, y son un poco especiales”, afirma el funcionario que debiera, como titular del sector educativo en el estado, por lo menos tener una expresión de regaño para quienes se portan mal, como haría cualquier maestro en el aula. No es así, al contrario, frente al saqueo, el robo, el daño a terceros, la respuesta es “somos respetuosos de la expresión que hacen todos los ciudadanos morelenses”.

Cornejo toma las acciones de las normalistas, después de una semana de saqueos y robos de unidades de autobuses (que, en su descargo, se han tolerado desde el gobierno del estado por más de 20 años), como una travesura. A lo mejor desde una perspectiva profundamente laxa podría verse así, faltará ver quién se atreve a ir con ese argumento a las empresas afectadas por el saqueo de productos o decomiso temporal de sus unidades, por no hablar de los miles de automovilistas afectados por los bloqueos que realizan y se suman a las muchas otras obstrucciones de tránsito provocadas por decenas de otras siglas de manifestantes.

El problema elemental en que las travesuras pronto se convierten en delitos y siguen siendo tolerados por la autoridad en un estado harto de la ilegalidad, de la impunidad, de la delincuencia. ¿Cómo participar en un plan de pacificación si la propiedad es violentada por grupos perfectamente identificados que son tolerados desde el propio gobierno estatal? No se trata de coartar el derecho a la manifestación, sino de garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad de terceros. La merma económica que significan los bloqueos constantes a la circulación podría ser tolerable en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse contra actos de autoridad; pero la que deriva del saqueo y el robo temporal de las unidades de transporte resulta intolerable porque, además de estar fuera de la ley, es absolutamente innecesaria. Pocos han sido los gobiernos que han cerrado las puertas al diálogo con las normalistas de Amilcingo, de hecho, ha habido administraciones que hasta han integrado mesas de negociación con los grupos de normalistas. Es decir, la manifestación , desde cualquier perspectiva es excesiva.

La tolerancia a estas “travesuras” genera una triste percepción sobre el estado de derecho en Morelos, y desalienta la inversión, la voluntad de trabajo y la dignidad ciudadana. Las declaraciones del secretario de Educación son lamentables pues reflejan la derrota gubernamental en lograr que se sujete a la ley grupo de estudiantes de escuelas públicas, que buscan ejercer la docencia en otras escuelas públicas, todas administradas por el Estado.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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