Por supuesto que el tema coyuntural es la caminata por la paz desde los ángulos múltiples que el ideologizado análisis de algunos pudiera ofrecer.
Caminaron muchos morelenses, lo que es un resultado obvio del poder de movilización de la Iglesia Católica, una muy buena noticia; y de la indignación que la mayoría de los morelenses siente frente a la vida de violencia e inseguridad que nos ha tocado padecer y que se remonta por lo menos a dos décadas por lo que no son atribuibles únicamente a la acción u omisión de un gobierno, aunque es de reconocerse que poco se ha hecho desde los poderes públicos para abatir las condiciones generadoras del crimen y, por el contrario, se ha hecho usufructo, por lo menos en lo político, de sus devastadores efectos.
La violencia y el crimen son fenómenos multifactoriales de los que sólo algunos, probablemente muchos importantes, tienen su solución en nuestro amable terruño. Poco puede hacerse desde Morelos para frenar, por ejemplo, el aumento en la seguridad fronteriza de los Estados Unidos, pero esas condiciones internacionales podrían paliarse con políticas de largo alcance y alto impacto en la esfera local. Es decir, la seguridad en Morelos podría verse presionada pero no debiera estar determinada solamente por las condiciones mundiales y nacionales, siempre que tanto gobierno como sociedad dejaran de comportarse como víctimas de las circunstancias e iniciaran el diseño proactivo de políticas públicas que permitan contrarrestar los efectos de esas condiciones nacionales e internacionales.
Tanto gobierno como sociedad estaríamos obligados a mejorar las condiciones locales que están muy lejos de producir cualquier optimismo. En la primera parte del año se perdieron mil 265 empleos formales, una cifra que incrementa en más de 25 por ciento el déficit anual de empleo en el estado y que presiona a todos los indicadores económicos. Y aunque se ha reducido un poco, el índice de pobreza laboral (la gente que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso por trabajo), todavía se mantiene en el 54 por ciento de la población, lo que provoca severos impactos en el consumo y la producción. La tasa de informalidad se ha reducido, pero sigue siendo muy alta 64.5 por ciento. Estos indicadores son tratables en el plano local, siempre que los planners del gobierno estatal y las empresas, y quienes toman decisiones en el estado empiecen a trabajar en estrategias que favorezcan el empleo, la producción y el consumo. La condición de enfrentamiento político que padece la entidad desde hace décadas sólo genera titulares simplones en medios de comunicación, no radica en ningún otro beneficio para la ciudadanía que, en el momento de elegir tiene que hacerlo por quien menos daño le ha producido (la esperanza se cambia por la aparente autoprotección).
Tienen razón quienes buscan generar una cultura de paz, recuperar los valores humanos y sociales esenciales para la convivencia, como antídoto contra el crimen y la violencia; pero no debe olvidarse que gran parte del problema proviene del desgaste económico que ha tenido el estado en los últimos años. Una cultura de paz no puede crearse con una economía de guerra que agrede constantemente a más de la mitad de la población. La falta de oportunidades debe atenderse de manera urgente, medie o no el apoyo del gobierno federal. Producir más y mejor es una condición indispensable para el desarrollo, para el crecimiento económico, y para la paz. La infamia de la economía estatal, evidente en los indicadores, sigue siendo una afrenta no sólo para las juventudes, sino para toda la población. La economía estatal debe crecer mejor, probablemente la misión más importante de Cuauhtémoc Blanco no esté sólo en la persecución de grupos criminales, sino en potenciar el crecimiento económico. La cultura de paz puede generarse solamente si el desarrollo económico alcanza para todos.
