Por supuesto que el gobierno del estado no es el único culpable del incremento constante del empleo informal en Morelos, como tampoco lo es de la pobreza laboral que, aunque disminuye un poco, aún afecta a más de la mitad de los asalariados en la entidad.
Pero si la única respuesta del Ejecutivo al problema de precariedad laboral y en el ingreso de los morelenses es apoyo a iniciativas exclusivamente empresariales, como el Buen Fin (en la que por norma de los propios comerciantes sólo pueden participar los debidamente establecidos), podría decirse que el gobierno estatal no hace nada en torno al asunto que mantiene la economía estatal de capa caída.
Porque una cosa es que la responsabilidad no sea totalmente del gobierno estatal, y otra el que pueda deslindarse de un problema que tiene que ver con el rumbo económico, las decisiones tomadas desde el poder, y una colección de políticas públicas con resultados inhibitorios de la inversión privada que puede detonar empleos formales. Hasta el momento, de acuerdo con los indicadores más relevantes en materia económica, el Ejecutivo morelense sólo ha tenido un triunfo más o menos notorio en la reducción de personal ocupado en el gobierno, que fue de 4.3% en el tercer trimestre de 2018, a 3.94% en el mismo período de 2019. Curiosamente, el gobierno estatal parece bueno para cerrar fuentes de empleo, pero no tanto para fomentar la apertura de las mismas en el sector privado. Con todo y ello, el porcentaje de ocupación del gobierno estatal ha crecido cuatro décimas en un trimestre, como muestran los datos del INEGI que establecen el índice de personal ocupado en el gobierno en 3.51% en el período de abril a junio de este año.
La generación de empleos formales tiene qué ver con el consumo y la producción, pero también con las condiciones de seguridad, paz, estabilidad, certidumbre, y otros simbolismos que intervienen en las decisiones en materia económica de los consumidores, los inversionistas y hasta los trabajadores. Lo cierto es que ni el gobierno de Morelos, ni las alcaldías, ni las representaciones federales en Morelos, ni los empresarios, parecen lograr un crecimiento sostenido sobre el que se puedan fincar nuevas oportunidades de empleo formal, y el aumento poblacional presiona también la demanda de empleo generando un crecimiento desmedido de la informalidad y la depreciación de la jornada de trabajo.
La difícil comunicación entre el gobierno estatal y los empresarios, que ha llevado a diferendos como la desautorización de las declaraciones del gobernador sobre la inseguridad en carreteras, ha sido un obstáculo para la elaboración de un proyecto conjunto para el desarrollo económico. Hay quienes hacen esfuerzos reconocibles desde las empresas, pero éstos son aislados y difícilmente prosperan por las condiciones generales del estado en materia social, económica y de seguridad. La urgencia de un diálogo de alto nivel con el gobierno estatal, los alcaldes, los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil no ha sido percibida por un gobierno que sospecha de todo y de todos. Esa suspicacia lesiona la confianza que es indispensable para construir el desarrollo económico en cualquier región.
Comentarios de empresarios sobre acercamientos con el gobierno estatal sobran y son más lamentables que anecdóticos. Desde “no hay dinero”, hasta acusaciones veladas o abiertas de actos de corrupción cometidos por los empresarios, son los comentarios frecuentes del sector privado sobre sus acercamientos con el gobierno del estado y hasta con algunos legisladores. Otros empresarios hablan de cosas aún peores, como el nacimiento de círculos de corrupción en algunas áreas del Ejecutivo y en las alcaldías. Recuperar la confianza es fundamental para la economía. Urge.
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