Los parlamentos son la representación de los ciudadanos, responsables del diseño de normas y leyes, contrapeso del Ejecutivo y el Judicial y, en casos muy específicos, se convierten en tribunales para juicios en contra de funcionarios que hayan incurrido en irregularidades comprobables y punibles. Es deseable entonces que los congresos sean representaciones legítimas de la pluralidad -de ahí la importancia de la vía plurinominal- y que sus integrantes tengan cierto grado de especialización y un compromiso constante con los grupos a quienes representan, por eso la reelección no es una mala idea en principio.
La aspiración de muchos diputados a ser alcaldes o gobernadores no está prohibida, en ese sentido no sólo es legítima sino además resulta legal. Un diputado local que busca la alcaldía del municipio donde su distrito se encuentra sólo podría ser censurado si descuida la labor legislativa, la orienta específicamente a tener influencia mayor sobre el electorado, o realiza actividades no compatibles con su cargo (obra pública, dotación de apoyos sociales directos, “gestoría” para obras o permisos y trámites gubernamentales). Las aspiraciones de los diputados no son discutibles, pero la mayor parte de lo que hacen para acercarse o conseguir sus objetivos en el caso de la política mexicana es siempre censurable.
En Morelos, a seis semanas de que inicie el proceso electoral 20-21, que renovará el Congreso local y 36 ayuntamientos, la actividad de algunos diputados se ha incrementado drásticamente, no así el trabajo Legislativo. Es notoria la urgencia de algunos por figurar en los medios de comunicación con anuncios espectaculares, justos o no tanto, sobre procedimientos contra funcionarios o ex funcionarios públicos, exhortos a separarse del cargo, posicionamientos sobre leyes que se saben entrampadas casi para siempre en una vorágine de intereses, junto a las ya muy conocidas entregas de despensas y apoyos múltiples, la pandemia ha dado ocasión formidable para el lucro político de algunos inescurpulosos (incluso cuando la autoridad electoral ha prohibido publicitar tales actos).
La opacidad y el infortunio con que son manejados los recursos y el diseño de políticas públicas crean enormes sospechas en la mayor parte de los ex y funcionarios actuales, la acusación no hace culpable a nadie. El debido proceso, investigaciones imparciales, recolección de pruebas irrefutables, juicios garantistas y sentencias claras y explicadas puntual y públicamente, es lo que puede hacernos distinguir a los delincuentes de quienes no lo son.
No se critica la intención de hacer justicia, sino la temporalidad de esa voluntad, renovada sólo en función de la cercanía del proceso electoral cuya oferta es tan escasa como comer en tianguis.
Usar la lucha anticorrupción como una bandera electoral, dirigiendo sus efectos por cálculos de inhibición del voto a favor de alguien o aumentar artificialmente la popularidad de voceros inmóviles de la podredumbre del sistema político, contribuye a ensuciar aún más la complicada labor de quienes buscan una administración pública más honesta.
@martinellito
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