Alentados por lo que ellos consideran vox populi, que no es sino una colección de declaraciones inconexas minorías activas, los diputados locales determinaron de forma unilateral votar un exhorto al gobernador Cuauhtémoc Blanco, y al director del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, para que no colaboren con la evaluación al desempeño docente que está en proceso y deberá aplicarse en noviembre por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE, en acatamiento a un ordenamiento legal vigente que establece la obligatoriedad de la evaluación y las sanciones a quienes no se presenten a ella o la obstaculicen de cualquier forma. Es decir, 18 de los 20 diputados de Morelos decidieron, con argumentos meramente dogmáticos, exhortar al gobernador y a un funcionario educativo a violar, por omisión, la Constitución, la Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, ordenamientos los tres que tienen plena vigencia y que forman parte del cuerpo legal que los funcionarios públicos se comprometieron a cumplir, y por el que dijeron velarían sin asegunes.
No se vieron tan ignorantes, eso sí, como quienes pensaron y se han dedicado a difundir entre los mal informados, que con este exhorto se cancela la reforma educativa. Pero si fueron lo bastante atrabancados (como Chanoc sin Tsekub), como para usar la más alta tribuna del estado para llamar a alguien a romper la ley para, según ellos, proteger el derecho percibido de una minoría activa en afectación de los derechos reales de cientos de miles de morelenses que nos vemos afectados a diario por la escasísima calidad de la educación en México, en Morelos, en cada municipio. Y si bien la reforma educativa de Enrique Peña Nieto no ha generado los beneficios que se esperaban con su aprobación, la evaluación magisterial ha incidido en una mejor calidad del personal contratado, y en el cese de violaciones a los derechos de miles de aspirantes al servicio docente, y en avances lentos pero aparentemente firmes en lograr cumplir con el derecho elemental de todos los niños a una educación de calidad. Negar eso por conseguir el aplauso de cuates que ya votaron por ellos (la mayor parte de los profes que promovieron el voto por Morena y sus aliados están en contra de la reforma educativa que abolló su corona de priivilegios) parece ceguera de gabinete.
La revisión de la reforma educativa es prudente, por supuesto, siempre que se refuercen las estrategias para lograr una educación de calidad, que se libere efectivamente al maestro de cargas burocráticas, que se invierta más en su capacitación y que los cambios vayan en función de las fallas orientadas en la evaluación integral de todo el sistema educativo, incluidos los maestros y los directivos. Pero aparentemente eso no preocupa a los legisladores que no han aprendido a escuchar a la mayoría silenciosa; a lo mejor les ayudan los datos de la encuesta de Parametría que revela: el 44 por ciento considera que con la reforma se avanzó en la evaluación magisterial, contra un 14 por ciento que considera lo contrario; el 75 por ciento considera que la reforma debe revisarse sólo para mejorarla; mientras que apenas un 12 por ciento dice que debe cancelarse. En efecto, diputados, hay un mundo más allá del magisterio, y ese mundo es afectado todos los días por lo que hacen o dejan de hacer los maestros en sus escuelas.
Sabrán el gobernador y el director del IEBEM si incumplen la ley, creemos que es un riesgo innecesario y emitiría, además, un pésimo mensaje sobre el respeto al orden constitucional.
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