El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, fecha aprobada por la Asamblea General de la ONU desde el año 2003.
A dos años del gobierno de la 4T (de Morena y sus aliados) el balance nacional e incluso local, no son dignos de destacar como ejemplos de lucha contra la corrupción. Se ha dicho desde el púlpito de las mañaneras “que la corrupción ya se acabó” o que “no son iguales a los de antes”.
Sin embargo, en la 4T no terminamos de procesar algún escándalo de irregularidades o corrupción, cuando ya se ventila otro. Lo lamentable es que muchos de los casos involucran a los funcionarios cercanos o familiares de quienes ahora detentan el poder.
Al amparo de la urgencia sanitaria, económica o social, la pandemia también ha sido motivo de actos de corrupción. No se han detenido los actos y poco a poco conocemos los casos.
La corrupción puede presentarse de muchas formas. Se materializa en las asignaciones de contratos directos a personas vinculadas con los funcionarios, a la definición las empresas para obtener “moche”, en el tráfico de influencias, en el nepotismo, en la opacidad de la información, en la ineptitud, la omisión y las malas decisiones de política pública.
La corrupción también existe cuando los funcionarios mienten en sus declaraciones patrimoniales o usan prestanombres para ocultar su inexplicable riqueza, cuando construyen redes de complicidad para aprovechar todas las fuentes de ingreso posible desde el gobierno y cuando usan empresas fantasma y factureras para obtener beneficios.
En la 4T hay varios ejemplos de lo anterior
Para combatir la corrupción se necesita más Estado y más sociedad organizada. Hoy lo que vemos son instituciones paralizadas o con titulares que ocupan el cargo facciosamente. La justicia tiene un manejo político y en gran medida esa es la razón por la que los sistemas de anticorrupción no están funcionando como tendrían que hacerlo.
Lo que hoy vemos es que el Presidente usa las mañaneras para señalar algunos casos emblemáticos de corrupción que le conviene por razones político-electorales, y para ello usa los aparatos del gobierno como la UIF. Es el Presidente quien combate la corrupción, pero también quien la indulta.
En Morelos, el uso político de la lucha contra la corrupción fue evidente cuando a través de la UIF se señaló que existía una investigación en contra de funcionarios de primer nivel en el gobierno estatal. Lejos de que esa investigación se convirtiera en un verdadero caso de justicia y sanción, el Presidente indultó mediáticamente al gobierno y a los funcionarios señalados.
Así terminó tan burda esa historia en Morelos, igual que otros casos de simulación en la lucha contra la corrupción en México. Lo que no se dan cuenta en los de Morena es que cuando el Estado es incapaz de hacer justicia, se produce impunidad y entonces la sociedad desconfianza de sus instituciones.
En México debemos repensar las alternativas y todos los actores de la sociedad deben promover el efectivo funcionamiento de las instituciones de lucha contra la corrupción y la impunidad.
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