Miles de mexicanos se ven forzados a dejar su lugar de origen, a causa de algún tipo de violencia. Salen con una mano adelante y otra atrás, acuciados por el peligro de muerte. Su destino es incierto.
Una organización de la sociedad civil, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentó una rigurosa investigación sobre el tema, hace un par de años. Buscaba que se les prestara atención, a estos grupos vulnerables, aunque parece que las autoridades se quedaron impávidas. Se referían a una cifra de más de 300 mil personas, que tuvieron que abandonar el lugar en el que vivían.
La Organización de las Naciones Unidas los define como “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizadas, de violaciones de los Derechos Humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Los desplazados son aquellos que se mueven de una entidad a otra, o de un municipio a cualquiera más lejano, pero sin salir de su país. Basta con echar una mirada a la República, para comprender el motivo de estas movilizaciones.
En las entidades en las que predomina el narcotráfico, las familias sufren la zozobra, no sólo al estar expuestas a una balacera en la vía pública, sino al resto de los delitos asociados al crimen organizado.
Quienes tienen hijos e hijas adolescentes saben que, en cualquier momento se los pueden llevar. La trata de personas crece como la espuma y miles de jovencitas desaparecen sin que jamás se vuelva a saber de ellas. En el caso de los varones, las bandas los reclutan contra su voluntad.
Otra grave amenaza, por parte de los sátrapas, son las extorsiones. Da igual el tamaño del negocio: se cobra cuota y quien no la paga es a cambio de su vida. Estas “mensualidades” ahorcan a farmacias, tiendas de abarrotes, fruterías. Los dueños pierden hasta la camisa, en el intento de cumplir. Cuando se ven imposibilitados de seguirlo haciendo, prefieren dejar todo y salir huyendo, a pesar de perder su patrimonio.
Hay quien deja lo que tiene, por motivos religiosos. En Chiapas sobran testimonios de familias que se niegan a seguir un credo impuesto, sobreviene el conflicto y se acaba cuando dejan la comunidad en la que nacieron.
Los problemas por la tierra también propician salidas urgentes. En estas rencillas se suman cadáveres y aquellos que aspiran a seguir respirando tienen que moverse a otros lugares.
Las catástrofes naturales, como los terremotos y los huracanes, también son un factor que crea desplazados. Desde hace décadas, cuando ocurre cualquiera de estos fenómenos, los sucesivos gobiernos prometen la reconstrucción de viviendas y la ayuda continua. Jamás se ha visto uno solo, que cumpliera con ese compromiso.
La violencia brutal, propia de tantas localidades en las que impera la delincuencia, obliga a muchos vecinos a huir en busca de paz y tranquilidad. Es la ley de la plata o el plomo.
Sobran causas en este país para cambiar a fuerzas, de domicilio. El desplazado se queda sin protección, sin patrimonio y con las dificultades propias de integrarse a un destino desconocido. Ni hay autoridad ni ley que proteja y apoye a estos exiliados indefensos, en número creciente.
