/ miércoles 22 de diciembre de 2021

Desarrollo sustentable; paradigma de la transición desde un modelo neoliberal, hacia la economía verde

El problema del modelo económico tradicional es que no consideró el ambiente; basándose únicamente en la obtención de ganancias y priorizar la productividad, se fue ignorando que ninguna actividad económica, será viable, si se compromete la naturaleza del suministro de recursos naturales, materiales y energéticos.

Es necesario crear instrumentos capaces de amarrar el desarrollo económico a la defensa del medio ambiente y la justicia social, lo que implica la búsqueda del desarrollo sostenible, un modelo que conjuga aspectos ambientales, económicos y sociales y que considera en su planificación la calidad de vida tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

De hecho, la única salida a la crisis ambiental es la economía, que debe ser discutida y rediseñada para tener en cuenta el medio ambiente y sus complejas relaciones. A pesar de uno u otro análisis puntual, lo cierto es que durante mucho tiempo la economía ignoró la ecología, como si ese no fuera el trasfondo de aquélla.

Un buen ejemplo de esto es el Producto Interno Bruto (PIB), que además de desconocer la dimensión ambiental, puede considerar la degradación como algo positivo, si esta es capaz de generar un bien comercializable como lo es el mercado de bienes y servicios para la recuperación y restablecimiento ambiental.

La búsqueda de otros criterios de desarrollo ha dado lugar a otros referentes, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que ahora es utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Informe de Desarrollo Humano (RDH) desde 1993.

Se trata de contar con una valoración del desarrollo de las sociedades a partir de criterios más amplios, que involucrarían la esperanza de vida al nacer, la educación y el PIB per cápita, y no una perspectiva meramente económica.

También existe el Índice de Bienestar Humano (IBEU), que fue creado por el Observatorio de Metrópolis con el fin de considerar indicadores urbanos, como movilidad, medio ambiente, vivienda, ocio, provisión de servicios colectivos e infraestructura en grandes aglomeraciones urbanas.

Por otro lado, el proceso productivo suele traspasar a la sociedad, una determinada carga que convencionalmente se denomina externalidades, como la contaminación atmosférica o del agua. Esto equivale a que el empresario socializara las pérdidas con la comunidad, manteniendo el sesgo capitalista en relación a las ganancias.

Esto indica que se necesita un cambio de paradigma para que el sistema económico sea viable desde un punto de vista ecológico. De hecho, la preocupación por compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico no es reciente. En la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972, se aprobó la Declaración Universal sobre el Medio Ambiente, que ya se refería al tema. Luego, con la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llevó a cabo en 1992 en Río de Janeiro y es conocida como Eco-92, el desarrollo sustentable se consagró definitivamente en el ámbito internacional por la Declaración de Río de Janeiro. Ahí se subrayó, en su Principio número tres que "el derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que permita satisfacer de manera equitativa las necesidades de las generaciones presentes y futuras".

El modelo de desarrollo sostenible pone en la mira el modelo de producción y el consumo occidental, que amenaza el equilibrio de nuestro planeta. Además, se preocupa por los problemas del futuro, mientras que el modelo de desarrollo actual, basado en una lógica esencialmente económica, se centra exclusivamente en el presente.

El desarrollo sostenible es el modelo que busca combinar aspectos ambientales, económicos y sociales, buscando un punto de equilibrio entre el uso de los recursos naturales, el crecimiento económico y la equidad social. Este modelo de desarrollo considera en su planificación tanto la calidad de vida de las generaciones presentes como futuras, a diferencia de los modelos tradicionales que tienden a centrarse en la generación actual o, cuando mucho, en la generación inmediatamente posterior.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Economía Verde es una “alternativa al modelo económico dominante en el que vivimos hoy, que agrava las desigualdades, fomenta el despilfarro, desencadena la escasez de recursos y genera amenazas al medio ambiente y la salud humana”.

Es decir, el concepto propone convertir la economía que tenemos hoy en un modelo más sostenible, con más inclusión social, uso eficiente de los recursos naturales, con consumo consciente y bajo en carbono, entre otras medidas que ayuden a valorar el medio ambiente.

Lo cierto es que esta alternativa al modelo económico dominante requiere la participación de muchos países; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuenta con un área específica sobre crecimiento verde o desarrollo sustentable, abordando áreas como: Energía Verde, Transporte Verde y Agricultura Sustentable, entre otras.

Además, la Organización Internacional genera un indicador de crecimiento verde, comparando diferentes países y monitoreando el progreso. Para que los países logren los objetivos de la iniciativa, el Estado debe jugar un papel fundamental, ya que podría utilizar instrumentos económicos que induzcan este comportamiento social deseado.

En este sentido, los investigadores sostienen que la Gobernanza Ambiental está relacionada con la implementación de políticas públicas como el establecimiento de un sistema de reglas, normas y comportamientos. Algunas medidas serían: una política fiscal que imponga mayores impuestos a las empresas contaminantes o subsidios para tecnologías amigables con el medio ambiente; regulación de límites para la emisión de gases o consumo máximo de energía permitido, así como la definición de políticas públicas para implantar programas que favorezcan el desarrollo económico, el respeto de los límites ambientales y la conciencia de la importancia de los recursos naturales.

La Economía Verde es un camino para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, definidos en 2015, ya que algunos de los pilares de la Agenda tienen que ver con las energías renovables y accesibles, la reducción de la desigualdad, las ciudades y comunidades sostenibles y la acción climática.

Además, este proceso de transformación a través de la sostenibilidad es de suma importancia para que los países estén preparados para enfrentar los mayores desafíos del siglo XXI, como la creciente urbanización, la escasez de recursos, el cambio climático y la volatilidad económica.

Sin embargo, el tema no está exento de críticas: el concepto ha sido previamente considerado una “falsa solución”. El principal argumento de esta crítica es que los valores económicos no deben atribuirse a los recursos naturales, como los árboles, la fauna, el agua y el aire.

Al asignar valor en efectivo a los activos naturales, visto en el término “economía verde”, es posible realizar operaciones de compensación ambiental, es decir, al destruir un área o recurso natural, sería posible compensar otras áreas o recursos.

Por lo tanto, los críticos no lo consideran razonable, ya que lo ven como el fomento de un nuevo mercado donde los procesos y productos proporcionados por la naturaleza serían la mercancía. Además, los críticos consideran que la iniciativa solo sería un “nuevo vestido” para el sistema económico, pero que no cambiaría la lógica económica imperante. De esta manera, sería solo un nuevo ciclo del capitalismo, o un eco capitalismo, al transformar los bienes comunes de la naturaleza en mercancías.

Finalmente, lo cierto es que la formulación del concepto de desarrollo sostenible implica el reconocimiento de que las fuerzas del mercado abandonadas a su libre dinámica no garantizan el mantenimiento del medio ambiente, imponiendo un nuevo paradigma al modelo de producción y consumo occidental.

El crecimiento económico no puede ser considerado un fin en sí mismo, ya que no es garantía de mejora de la calidad de vida y de la vida misma: después de todo, la vida es el mayor de todos los valores. Por eso, no puede haber protección constitucional para el orden económico si éste sacrifica el medio ambiente.

El problema del modelo económico tradicional es que no consideró el ambiente; basándose únicamente en la obtención de ganancias y priorizar la productividad, se fue ignorando que ninguna actividad económica, será viable, si se compromete la naturaleza del suministro de recursos naturales, materiales y energéticos.

Es necesario crear instrumentos capaces de amarrar el desarrollo económico a la defensa del medio ambiente y la justicia social, lo que implica la búsqueda del desarrollo sostenible, un modelo que conjuga aspectos ambientales, económicos y sociales y que considera en su planificación la calidad de vida tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

De hecho, la única salida a la crisis ambiental es la economía, que debe ser discutida y rediseñada para tener en cuenta el medio ambiente y sus complejas relaciones. A pesar de uno u otro análisis puntual, lo cierto es que durante mucho tiempo la economía ignoró la ecología, como si ese no fuera el trasfondo de aquélla.

Un buen ejemplo de esto es el Producto Interno Bruto (PIB), que además de desconocer la dimensión ambiental, puede considerar la degradación como algo positivo, si esta es capaz de generar un bien comercializable como lo es el mercado de bienes y servicios para la recuperación y restablecimiento ambiental.

La búsqueda de otros criterios de desarrollo ha dado lugar a otros referentes, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que ahora es utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Informe de Desarrollo Humano (RDH) desde 1993.

Se trata de contar con una valoración del desarrollo de las sociedades a partir de criterios más amplios, que involucrarían la esperanza de vida al nacer, la educación y el PIB per cápita, y no una perspectiva meramente económica.

También existe el Índice de Bienestar Humano (IBEU), que fue creado por el Observatorio de Metrópolis con el fin de considerar indicadores urbanos, como movilidad, medio ambiente, vivienda, ocio, provisión de servicios colectivos e infraestructura en grandes aglomeraciones urbanas.

Por otro lado, el proceso productivo suele traspasar a la sociedad, una determinada carga que convencionalmente se denomina externalidades, como la contaminación atmosférica o del agua. Esto equivale a que el empresario socializara las pérdidas con la comunidad, manteniendo el sesgo capitalista en relación a las ganancias.

Esto indica que se necesita un cambio de paradigma para que el sistema económico sea viable desde un punto de vista ecológico. De hecho, la preocupación por compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico no es reciente. En la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972, se aprobó la Declaración Universal sobre el Medio Ambiente, que ya se refería al tema. Luego, con la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llevó a cabo en 1992 en Río de Janeiro y es conocida como Eco-92, el desarrollo sustentable se consagró definitivamente en el ámbito internacional por la Declaración de Río de Janeiro. Ahí se subrayó, en su Principio número tres que "el derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que permita satisfacer de manera equitativa las necesidades de las generaciones presentes y futuras".

El modelo de desarrollo sostenible pone en la mira el modelo de producción y el consumo occidental, que amenaza el equilibrio de nuestro planeta. Además, se preocupa por los problemas del futuro, mientras que el modelo de desarrollo actual, basado en una lógica esencialmente económica, se centra exclusivamente en el presente.

El desarrollo sostenible es el modelo que busca combinar aspectos ambientales, económicos y sociales, buscando un punto de equilibrio entre el uso de los recursos naturales, el crecimiento económico y la equidad social. Este modelo de desarrollo considera en su planificación tanto la calidad de vida de las generaciones presentes como futuras, a diferencia de los modelos tradicionales que tienden a centrarse en la generación actual o, cuando mucho, en la generación inmediatamente posterior.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Economía Verde es una “alternativa al modelo económico dominante en el que vivimos hoy, que agrava las desigualdades, fomenta el despilfarro, desencadena la escasez de recursos y genera amenazas al medio ambiente y la salud humana”.

Es decir, el concepto propone convertir la economía que tenemos hoy en un modelo más sostenible, con más inclusión social, uso eficiente de los recursos naturales, con consumo consciente y bajo en carbono, entre otras medidas que ayuden a valorar el medio ambiente.

Lo cierto es que esta alternativa al modelo económico dominante requiere la participación de muchos países; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuenta con un área específica sobre crecimiento verde o desarrollo sustentable, abordando áreas como: Energía Verde, Transporte Verde y Agricultura Sustentable, entre otras.

Además, la Organización Internacional genera un indicador de crecimiento verde, comparando diferentes países y monitoreando el progreso. Para que los países logren los objetivos de la iniciativa, el Estado debe jugar un papel fundamental, ya que podría utilizar instrumentos económicos que induzcan este comportamiento social deseado.

En este sentido, los investigadores sostienen que la Gobernanza Ambiental está relacionada con la implementación de políticas públicas como el establecimiento de un sistema de reglas, normas y comportamientos. Algunas medidas serían: una política fiscal que imponga mayores impuestos a las empresas contaminantes o subsidios para tecnologías amigables con el medio ambiente; regulación de límites para la emisión de gases o consumo máximo de energía permitido, así como la definición de políticas públicas para implantar programas que favorezcan el desarrollo económico, el respeto de los límites ambientales y la conciencia de la importancia de los recursos naturales.

La Economía Verde es un camino para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, definidos en 2015, ya que algunos de los pilares de la Agenda tienen que ver con las energías renovables y accesibles, la reducción de la desigualdad, las ciudades y comunidades sostenibles y la acción climática.

Además, este proceso de transformación a través de la sostenibilidad es de suma importancia para que los países estén preparados para enfrentar los mayores desafíos del siglo XXI, como la creciente urbanización, la escasez de recursos, el cambio climático y la volatilidad económica.

Sin embargo, el tema no está exento de críticas: el concepto ha sido previamente considerado una “falsa solución”. El principal argumento de esta crítica es que los valores económicos no deben atribuirse a los recursos naturales, como los árboles, la fauna, el agua y el aire.

Al asignar valor en efectivo a los activos naturales, visto en el término “economía verde”, es posible realizar operaciones de compensación ambiental, es decir, al destruir un área o recurso natural, sería posible compensar otras áreas o recursos.

Por lo tanto, los críticos no lo consideran razonable, ya que lo ven como el fomento de un nuevo mercado donde los procesos y productos proporcionados por la naturaleza serían la mercancía. Además, los críticos consideran que la iniciativa solo sería un “nuevo vestido” para el sistema económico, pero que no cambiaría la lógica económica imperante. De esta manera, sería solo un nuevo ciclo del capitalismo, o un eco capitalismo, al transformar los bienes comunes de la naturaleza en mercancías.

Finalmente, lo cierto es que la formulación del concepto de desarrollo sostenible implica el reconocimiento de que las fuerzas del mercado abandonadas a su libre dinámica no garantizan el mantenimiento del medio ambiente, imponiendo un nuevo paradigma al modelo de producción y consumo occidental.

El crecimiento económico no puede ser considerado un fin en sí mismo, ya que no es garantía de mejora de la calidad de vida y de la vida misma: después de todo, la vida es el mayor de todos los valores. Por eso, no puede haber protección constitucional para el orden económico si éste sacrifica el medio ambiente.