La teoría de la estabilidad democrática habla sobre el desempeño y congruencia de un sistema político y especialmente de su gobierno. Por tanto, la estabilidad gubernamental y democrática es consecuencia del desempeño y viabilidad gubernamental. No obstante, conviene advertir dos cosas: primero, que el desempeño y la viabilidad no significan necesariamente que se trate de un buen sistema político.
Y, segundo, que esta teoría enfrenta el reto de su validación definitiva.
En cuanto a su relación con las elecciones, para Eckstein, una democracia estable debía provenir de un gobierno genuinamente democrático. Por tanto, la competencia por el poder político, así como eventualmente el proceso de elaboración y adopción de las políticas gubernamentales debían decidirse, básicamente, mediante el voto y las elecciones.
Para lograrlo a través de las elecciones, los países en vías de consolidación democrática, parten del hecho de que tienen un incipiente estado de derecho e instituciones débiles, particularmente en el orden electoral e incluso muchas veces éstas se encuentran en manos del Estado. La cultura política derivada de contextos autoritarios, antidemocráticos y discrecionales constituye el gran reto. Por tanto, el rol y las estrategias de las oposiciones en ese tipo de regímenes tendrá que estar orientada a construir no sólo la confianza en los procesos electorales, sino en las instituciones responsables de organización y arbitraje, trabajar el mejoramiento del diseño institucional para asegurar elecciones competitivas, libres, con órganos administrativos y judiciales imparciales e independientes. Sin embargo, en las democracias en consolidación, es difícil esperar que los actores políticos y sociales implicados en la contienda electoral tengan una actitud cooperativa, generando escenarios de suma cero, en los que el que gana, lo gana todo, y el que pierde lo pierde todo.
La coyuntura mexicana es crítica en parte porque la coalición gobernante encabezada por el lopezobradorismo busca no sólo debilitar la arquitectura electoral sólidamente construida por décadas, sino lo que es peor: avanzar en su proyecto de restauración hegemónica a fin de anular la autonomía constitucional de las autoridades administrativas (INE) y judiciales electorales (TEPJF) y volver a la época del arbitraje de la Comisión Federal Electoral desde la secretaría de Gobernación.
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