/ jueves 14 de octubre de 2021

De los pandora papers, nuestra corrupción y la justicia

Después de varios años y a pesar de la pandemia, en Morelos seguimos considerando que el problema más importante en la entidad es Inseguridad y delincuencia —así opina el 81.8% de la población, por arriba del promedio nacional, 78.6% seguido— seguido del problema de Corrupción como el segundo problema más importante, casi uno de cada dos morelenses opina así, 51.8%, similar al promedio nacional, 52.8%. (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2019, p.41) Esto no es extraño si consideramos que en una encuesta nacional sobre Estado de Derecho (World Justice Project, 2020) con representatividad por estado, Morelos ocupó el último lugar nacional en el factor Orden y Seguridad, uno de los ocho factores que utilizaron para medir la prevalencia del Estado de Derecho. Además, cuando se preguntó a los ciudadanos morelenses, sobre la frecuencia de actos de corrupción en diversos sectores, el 90.3% de la población de 18 años y más encuestada consideró que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en policías, seguido de partidos políticos con 87.1%, de Gobiernos Estatales, 80.8%, de Cámaras de Diputados y Senadores, 79.4%, Ministerio Público; 79.4%; Gobiernos Municipales 75.3%, Jueces y magistrados 71.5%, Gobierno Federal 65.3%, Medios de Comunicación 65.1%, Empresarios 65%, Institutos Electorales 63.9%, Sindicatos 60.4% y Universidades Públicas 54.5%. (ENCIG, 2019, p.43)

Así que cuando hablan de corrupción en el país en los medios nacionales, no nos resulta ajeno a los morelenses. Una de las noticias recientes en los medios fue una investigación realizada por una especie de alianza colectiva de periodistas de muchas partes del mundo para identificar los beneficiarios de manejo de dinero en paraísos fiscales, aunque no automáticamente sea un delito, frecuentemente utilizado para una posible corrupción en gran escala, lavado de dinero mediante la adquisición de diversas propiedades inmobiliarias y evasión de impuestos mediante empresas fantasmas. Se encontraron aproximadamente tres mil mexicanos y las British Virgin Islands como uno de sus paraísos fiscales preferidos. Inmediatamente, en menos de dos horas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Poder Ejecutivo Federal, de la presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, respondió que no tiene capacidad para investigarlos a todos, que investigará sólo aquellos políticamente expuestos. No fue sorpresa encontrar entre estas personas al hijo del ex líder sindical de PEMEX Carlos Romero Deschamps, su padre ha sido denunciado por la UIF en varias ocasiones. Pero sorpresa, la Fiscalía General de la República no ha actuado en ningún caso, de hecho una periodista entrevistada en el Programa de Aristegui en Vivo, que le informaron por petición de Transparencia, que varios de las investigaciones ya han sido archivadas y, más sorpresa, no ha gestionado ninguna orden de aprehensión ni mucho menos por delincuencia organizada, como lo hizo con los “científicos” ex funcionarios de Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero, vuélvase a sorprender entre los beneficiarios revelados aparece la compañera del Director de CFE, Manuel Bartlett, y también el ex Consejero Jurídico del propio presidente de la República. No sabemos si la UIF los investigará y si la fiscalía actuará como lo hizo tan radical y celeridad como lo hizo con los “científicos”.

El día de ayer, le preguntaron nuevamente al presidente de la República sobre la denuncia contra los “científicos” y su opinión sobre la fotografía del señor Lozoya, acusado por la Fiscalía pero juzgando su proceso en libertad, comiendo en un restaurante de lujo y el presidente contestó: “Yo creo que es legal, pero es inmoral… es un acto de provocación, porque este señor está como testigo protegido… fue director de Pemex y está como testigo… está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior… [cómo] Odebrecht entregó dinero para campañas políticas a cambio de contratos… [también porque] legisladores recibieron sobornos [… por la Reforma Energética] la aprobaron porque recibieron sobornos.

La periodista insistió: usted considera que… a su gobierno le alcance para que los mexicanos vean al menos comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto… parte de la polémica en todo lo que ha sucedido con los científicos… investigados por la FGR… han cuestionado el actuar del fiscal…. Porque ya han sido citados a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada… algunos integrantes de su propio gabinete consideran que ha sido exagerado señalar a los científicos por lavado de dinero, delincuencia organizada y consideran que hay una persecución contra científicos”

A lo que el presidente contestó: “Yo tengo confianza en el fiscal… y además como exige la ley tiene que haber justicia pronta y expedita” Para la primera pregunta y para los científicos contestó el presidente: “Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se apliqué la ley por parejo. Al margen de la ley nada; y por encima de la ley nadie. No porque soy científico tengo derecho a robar, sea quien sea y que haya justicia… Lo que se tiene que procurar es de que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos.” ¿De verdad se está actuando así desde la presidencia de la República en contra de la corrupción? Veremos, no parece así, luce todo lo contrario de lo que él declara en sus mañaneras: para mis enemigos la Ley para mis protegidos políticos, (in) justicia.

Después de varios años y a pesar de la pandemia, en Morelos seguimos considerando que el problema más importante en la entidad es Inseguridad y delincuencia —así opina el 81.8% de la población, por arriba del promedio nacional, 78.6% seguido— seguido del problema de Corrupción como el segundo problema más importante, casi uno de cada dos morelenses opina así, 51.8%, similar al promedio nacional, 52.8%. (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2019, p.41) Esto no es extraño si consideramos que en una encuesta nacional sobre Estado de Derecho (World Justice Project, 2020) con representatividad por estado, Morelos ocupó el último lugar nacional en el factor Orden y Seguridad, uno de los ocho factores que utilizaron para medir la prevalencia del Estado de Derecho. Además, cuando se preguntó a los ciudadanos morelenses, sobre la frecuencia de actos de corrupción en diversos sectores, el 90.3% de la población de 18 años y más encuestada consideró que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en policías, seguido de partidos políticos con 87.1%, de Gobiernos Estatales, 80.8%, de Cámaras de Diputados y Senadores, 79.4%, Ministerio Público; 79.4%; Gobiernos Municipales 75.3%, Jueces y magistrados 71.5%, Gobierno Federal 65.3%, Medios de Comunicación 65.1%, Empresarios 65%, Institutos Electorales 63.9%, Sindicatos 60.4% y Universidades Públicas 54.5%. (ENCIG, 2019, p.43)

Así que cuando hablan de corrupción en el país en los medios nacionales, no nos resulta ajeno a los morelenses. Una de las noticias recientes en los medios fue una investigación realizada por una especie de alianza colectiva de periodistas de muchas partes del mundo para identificar los beneficiarios de manejo de dinero en paraísos fiscales, aunque no automáticamente sea un delito, frecuentemente utilizado para una posible corrupción en gran escala, lavado de dinero mediante la adquisición de diversas propiedades inmobiliarias y evasión de impuestos mediante empresas fantasmas. Se encontraron aproximadamente tres mil mexicanos y las British Virgin Islands como uno de sus paraísos fiscales preferidos. Inmediatamente, en menos de dos horas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Poder Ejecutivo Federal, de la presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, respondió que no tiene capacidad para investigarlos a todos, que investigará sólo aquellos políticamente expuestos. No fue sorpresa encontrar entre estas personas al hijo del ex líder sindical de PEMEX Carlos Romero Deschamps, su padre ha sido denunciado por la UIF en varias ocasiones. Pero sorpresa, la Fiscalía General de la República no ha actuado en ningún caso, de hecho una periodista entrevistada en el Programa de Aristegui en Vivo, que le informaron por petición de Transparencia, que varios de las investigaciones ya han sido archivadas y, más sorpresa, no ha gestionado ninguna orden de aprehensión ni mucho menos por delincuencia organizada, como lo hizo con los “científicos” ex funcionarios de Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero, vuélvase a sorprender entre los beneficiarios revelados aparece la compañera del Director de CFE, Manuel Bartlett, y también el ex Consejero Jurídico del propio presidente de la República. No sabemos si la UIF los investigará y si la fiscalía actuará como lo hizo tan radical y celeridad como lo hizo con los “científicos”.

El día de ayer, le preguntaron nuevamente al presidente de la República sobre la denuncia contra los “científicos” y su opinión sobre la fotografía del señor Lozoya, acusado por la Fiscalía pero juzgando su proceso en libertad, comiendo en un restaurante de lujo y el presidente contestó: “Yo creo que es legal, pero es inmoral… es un acto de provocación, porque este señor está como testigo protegido… fue director de Pemex y está como testigo… está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior… [cómo] Odebrecht entregó dinero para campañas políticas a cambio de contratos… [también porque] legisladores recibieron sobornos [… por la Reforma Energética] la aprobaron porque recibieron sobornos.

La periodista insistió: usted considera que… a su gobierno le alcance para que los mexicanos vean al menos comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto… parte de la polémica en todo lo que ha sucedido con los científicos… investigados por la FGR… han cuestionado el actuar del fiscal…. Porque ya han sido citados a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada… algunos integrantes de su propio gabinete consideran que ha sido exagerado señalar a los científicos por lavado de dinero, delincuencia organizada y consideran que hay una persecución contra científicos”

A lo que el presidente contestó: “Yo tengo confianza en el fiscal… y además como exige la ley tiene que haber justicia pronta y expedita” Para la primera pregunta y para los científicos contestó el presidente: “Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se apliqué la ley por parejo. Al margen de la ley nada; y por encima de la ley nadie. No porque soy científico tengo derecho a robar, sea quien sea y que haya justicia… Lo que se tiene que procurar es de que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos.” ¿De verdad se está actuando así desde la presidencia de la República en contra de la corrupción? Veremos, no parece así, luce todo lo contrario de lo que él declara en sus mañaneras: para mis enemigos la Ley para mis protegidos políticos, (in) justicia.