La semana pasada comentábamos que luego de la aprobación de la Consulta Popular, algunas opiniones han dirigido su atención en cuánto costará y cuándo llevarla a cabo para evitar gastos innecesarios.
Sobre este último aspecto, tuvo que salir el Presidente del INE para señalar que la fecha legal es en agosto; lo cual parece que fue un mensaje a los diputados y senadores de Morena que buscaban volver a cambiar la ley para empatar la fecha con el día de la jornada electoral del próximo año.
Sin embargo, para quienes hemos señalado los abusos de las autoridades en el pasado, reiteramos que la Consulta Popular no es importante por sí misma. Lo que importa es que la gente conozca la verdad y se haga justicia. Por eso vuelvo a insistir que la principal mirada que deberíamos aprovechar con este ejercicio que se llevará a cabo es sobre la construcción de una agenda integral de justicia.
La gente no quiere circos mediáticos, simulación de procesos, ni gastos exorbitantes para que el Estado ejerza sus facultades de investigación y procese a quienes sean responsables de los abusos en el pasado.
Avancemos con lo que se logrará tras la Consulta Popular, pero reconozcamos también que no es un mecanismo para alcanzar justicia.
En este sentido, desde todos los ámbitos de la sociedad se debería seguir insistiendo y luchar para que el Estado (y hablo de todos los poderes reconocidos en la constitución), impulse mecanismos para la búsqueda de la verdad, la reparación de daños cometidos y en las reformas necesarias para adoptar medidas que impidan la repetición de abusos de las autoridades en el presente y en el futuro.
Para luchar contra la impunidad y resolver los problemas sociales, económicos y políticos cometidos en el pasado, no basta una consulta pública. Sus alcances son más mediáticos que estructurales, en la obtención de justicia.
Por ello, la agenda que se debe impulsar desde la academia, las organizaciones y movimientos sociales consiste en construir una agenda que integral de justicia que permita a los políticos ampliar la visión que hasta ahora tienen.
Me parece si todos coincidimos en que los responsables deben rendir cuentas de sus actos, entonces el Estado también debe garantizar medidas de reparación y no repetición, en casos de violación a los derechos humanos. México necesita urgentemente verdad y justicia, no una simulación de ellas.
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