El fondo de desastres naturales, Fonden, fue creado en 1996 por la administración del presidente Ernesto Zedillo, para dotar al gobierno federal de recursos disponibles para atender catástrofes imposibles de programar en cualquier presupuesto de egresos. Cierto que durante la existencia del fondo pudieron cometerse toda suerte de tropelías; pero también lo es que las corruptelas no eran exclusivas del fondo; en muchas oficinas públicas de todos los niveles, esferas y especializaciones del gobierno suelen cometerse, aún, una cantidad de actos dudosos que dan miedo. La estrategia del gobierno federal fue imitada por los gobiernos estatales, que a su vez reservaban partidas presupuestales para atender desastres.
Vino luego el discurso de austeridad y anticorrupción de los gobiernos de la llamada 4T. En julio pasado, la Secretaría de Hacienda federal oficializó la desaparición del Fondo al que ya no se administraban recursos. La política instruida desde la Presidencia de la República, fue homologada, aunque fuera de manera parcial por los estados, que redujeron drásticamente la reserva de recursos para la atención de catástrofes. Y si bien en Morelos aún existen recursos disponibles para atender desastres naturales, la ruta para obtenerlos parece en extremo complicada, como lo demuestran los tres meses que damnificados de Tlayacapan, Jiutepec, y otros municipios han esperado el apoyo de las autoridades municipales, estatales o federales.
Si bien el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, acudió al día siguiente de la catástrofe en Tlayacapan, y el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, ha estado al pendiente de los damnificados de la colonia Vistahermosa de su demarcación; lo cierto es que la ayuda real no ha llegado a los afectados por los desastres.
En Jiutepec, hay una justificación técnica, el desastre continúa a medida que el cerro que fue una mina de materiales no metálicos, se sigue debilitando. Así que aún no se conoce la magnitud de la catástrofe (provocada por la invasión de colonos sobre un terreno sumamente inestable al que las lluvias debilitaron aún más. Conforme se hacen los estudios se detectan mayores afectaciones que requerirán una atención más amplia que contempla, incluso, la reubicación de los residentes en la zona en un área de menor riesgo.
En Tlayacapan una colección de omisiones evidencia la necesidad de retomar las reservas de recursos estatales y federales para atender los desastres naturales, y en todo caso, establecer nuevos controles para evitar la corrupción en el uso de esos fondos, sin provocar con ello en entorpecimiento en la entrega de la ayuda para los damnificados. Tres meses después de la catástrofe que dejó cinco muertos y por lo menos seis casas inhabitables, la respuesta de la alcaldesa Carmen Pochotitla a quienes padecen el desastre es que ayudarlos corresponderá a la siguiente administración (que inicia en enero), un cinismo y falta de empatía absolutos, facilitados por la trinchera que ofrece una burocracia cada vez más aletargada.
Hace semanas, el gobierno estatal aseguraba tener por lo menos 150 millones de pesos reservados para apoyar a las comunidades agobiadas por las lluvias. Hoy aún los esperan en las comunidades.
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