Las cuotas escolares han resultado un mal necesario en la educación pública. Desde la descentralización del sistema educativo, allá por los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y con menos fuerza antes; las organizaciones de padres de familia han pedido cooperaciones que varían lo mismo en el costo que en la transparencia y honestidad de su destino, pero que se vuelven necesarias ante la imposibilidad del Estado de absorber el mantenimiento de los más de 200 mil planteles de nivel básico del país de los que en Morelos se encuentran alrededor de 2 mil.
Un cálculo hecho por ex funcionarios de educación básica establece que, en todo el estado, el monto de cuotas escolares superaba los 30 millones de pesos anuales, pues los padres de más de 200 mil alumnos aportaban un promedio de 150 pesos. Luego vinieron los diputados de la LII Legislatura que, ignoró la omisión en que el gobierno estatal y los ayuntamientos incurrían en materia del mantenimiento de los planteles o asumiendo que tales conductas podrían corregirse, emitieron un ordenamiento en 2011 cuyo título era demasiado ambicioso: “Ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares en las escuelas públicas del sistema de educación básica del estado de Morelos”. A partir de ello las cuotas escolares continuaron, pero la autoridad educativa estaba obligada a sancionar a las escuelas que condicionaran la inscripción, entrega de documentos o cualquier trámite a la entrega de “cooperaciones voluntarias”.
Algunas organizaciones de padres, la mayoría probablemente, siguieron actuando desde la clandestinidad y exigían cuotas cada vez mayores. Para 2019-2020 hay reportes que las ubican entre 300 y 850 pesos, pagos que además deben hacerse en efectivo en el plantel, como una forma de evitar un registro que contravenga la ley del 2011 que, si bien obliga al gobierno estatal a destinar un fondo para el mantenimiento de las escuelas jamás vio concretada la entrega suficiente de recursos a los planteles.
Los hechos ocurridos ayer en una telesecundaria de Chipitlán, en que hombres armados se apersonaron para llevarse los recursos correspondientes a las cuotas “voluntarias” de los padres de familia, sembrando de paso el pánico entre maestros y directivos, es un hecho de inseguridad terrible, pero provocado por el manejo de fuertes cantidades de efectivo en los planteles. Un protocolo por el que las cooperaciones de los padres fueran depositadas en una cuenta bancaria evitaría riesgos extremos y sería un avance extraordinario en materia de transparencia para los comités de padres de familia; pero siempre estaría el detalle de que se institucionalizaría lo que, de acuerdo con el ordenamiento del 2011, representa un acto ilegal.
El problema elemental se lee así: los planteles requieren de mantenimiento, equipo y consumibles, y que estos cuestan dinero que los gobiernos municipales (primeros obligados), ni estatal, parecen en posibilidades de otorgar. Como los niños en las escuelas requieren de baños útiles, condiciones de seguridad mínimas en la infraestructura, insumos comunes de higiene, entre otras cosas, los padres de familia acuerdan aportar una cantidad determinada que algunos dan sin chistar pero a otros les representa un exceso. La educación es pública, pero nunca gratuita, a pesar de que la Constitución diga lo contrario, a final de cuentas, todos los servicios cuestan y el que los padres de familia que llevan a sus hijos a escuelas públicas no sean obligados a pagar no significa que el costo del servicio no exista, lo pagan los impuestos de la sociedad a razón de 7,143 pesos en educación primaria, 18,533 en secundaria, y hasta 47 mil en educación especial, cantidades que, por cierto no aseguran un servicio de calidad entre otras cosas porque más del 97% de los recursos se destinan al gasto corriente.
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