/ martes 19 de octubre de 2021

Cuentas pendientes de la 4T

Combatir la corrupción en México no se parece a un paseo dominguero. Porque no solo se trata de barrer las escaleras burocráticas y vigilar las carteras –o las cuentas bancarias-- de los antiguos y los nuevos funcionarios. Se trata de acabar con prácticas ilegales --pero muy arraigadas-- entre la clase dominante del país, que se generaron por lo menos desde la época de la invasión española sobre los territorios indígenas de México.

En nuestro país, luchar contra la corrupción equivale a confrontarse con enormes fuerzas económicas, financieras y políticas que se han venido consolidando durante varios sexenios, en particular durante el periodo neoliberal. Durante ese régimen (1988-2018) la corrupción se extendió de manera exponencial hasta convertirse en práctica “normal”. El proceso de privatización de empresas estatales significó además, necesariamente, la venta de turnos privilegiados para recibir las empresas, y lo mismo ocurría para evaluar sus activos y entregarlas a los solicitantes.

Al tocar los temas de los delitos cometidos por los funcionarios corruptos, no solo brotan los nombres de los principales funcionarios del estado. Hay también muchos cómplices que hicieron posible una depredación tan grande y basta de los recursos públicos. Del Fobaproa a la Casa Blanca, por todo el cuerpo del régimen neoliberal, donde quiera se apriete, brota pus, sangre y violencia.

La corrupción tuvo su máxima expresión durante el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) pero aunque todos los caminos de las investigaciones conducen al titular del poder ejecutivo, hay una densa capa de complicidades que impiden toda investigación y la dificultan mediante una verdadera coraza de mentiras, simulaciones e impunidad.

En el caso de Emilio Lozoya esto queda muy claro. Solicitó y recibió el criterio de oportunidad contemplado en la ley con el fin de no ser encarcelado y pudo así convertirse en testigo colaborador del fiscal. A Lozoya se le acusó de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero a lo largo de este tiempo no han ocurrido más que aplazamientos de la fecha en que finalmente deba entregar información relevante, acompañada de las pruebas correspondientes, que realmente contribuyan a llevar a los máximos responsables del saqueo ante la justicia.

Dentro de las medidas laxas que ha recibido –en vez de la dura y fría cárcel—figura el retiro de su pasaporte, el aplicarle un brazalete electrónico que registre sus movimientos y la prohibición de salir de la Ciudad de México, además de firmar en su expediente cada 15 días, lo que ha realizado por vía electrónica.

Condiciones muy elásticas y de claro privilegio, a cambio de que proporcione información sobre delitos más graves de los que lo llevaron a esa situación, cometidos por personajes de mayor jerarquía política que la propia. En otras palabras: que entregue información y pruebas contra Luis Videgaray –una especia de jefe de gabinete durante el sexenio anterior—y contra el propio Enrique Peña Nieto.

En su intento de dar atole con el dedo a la fiscalía y a toda la sociedad mexicana, Lozoya ha venido aplazando la fecha de la entrega de información y pruebas. Se han aplazado en 6 ocasiones. La ley fija el plazo de 6 meses para la realización de la investigación complementaria, y aunque ya pasó más de un año, esta etapa no se ha cerrado.

Pero no hay plazo que no se cumpla. El próximo 3 de noviembre Lozoya –a escasas 3 semanas-- finalmente deberá cumplir con su compromiso o enfrentar las duras condiciones de los reclusorios del país. No habrá nuevos plazos ilegales ni fiscales complacientes que se los otorguen. Simplemente aporta la información y las pruebas o va a dar con sus huesos a una celda de alta seguridad.

Lozoya ha tratado de sacar ventaja de su libertad condicional. La ha disfrutado a cambio de nada. Durante la última semana fue captado en un restaurante de lujo de la capital, departiendo tranquilamente con amistades. Las fotos dieron motivo para el estallido del escándalo. Es tan laxo el régimen de que goza que puede permitirse tales lujos. Es imposible establecer con certeza cuantas veces lo ha hecho. Pero el último error, al dejarse captar en esas condiciones, lo coloca de nuevo ante su dura realidad.

A la fecha, solo se ha judicializado un pequeño número de casos de las 70 personas que Lozoya denunció. Solo se han analizado unas pocas, y se han presentado 23 denuncias penales. Ricardo Anaya –uno de los implicados-- se ha fugado del país, y solo José Luis Lavalle –exsenador del PAN—está recluido en la prisión. Muy magros resultados después de tantas concesiones. En ese sentido, Lozoya nos volvió a engañar con espejitos.

Toca ahora a la FGR plantear de nuevo todo el procedimiento. Lo que se ha hecho hasta el momento es solo una colección de fracasos. Se requieren datos, documentos, pruebas, etc., que lleven a las autoridades directo a la aprehensión y consignación de los jefes del grupo delincuencial, legalmente EPN y en términos políticos Luis Videgaray. Lo cual, por cierto, ya se ha dibujado en el horizonte como una posibilidad inmediata.

Lozoya fue vinculado a proceso por un juez desde la noche del 28 al 29 de julio de 2020. Ha pasado más de un año y él continúa engañando a todos con promesas. El proceso penal a que está sujeto no ha rebasado la primera etapa. Mientras tanto, sus abogados siguen defendiendo los intereses y bienes que obtuvo mediante sus corruptelas.

Para la sociedad mexicana, muy sensible ante las acciones de lucha contra la corrupción, el presente caso significa una especie de insignia, un proceso inaugural, como un juicio modelo que debería aplicar los castigos ejemplares que ameritan las mafias de corruptos que saquearon al país y llevaron al pueblo a la miseria.

En lugar de ello nos hemos encontrado aplazamientos, juegos, escándalos, errores y vacilaciones que nos han colocado en evidencia ante los ojos del mundo. No olvidemos que el caso de Odebrecht es internacional, y en algunos países se han aplicado penas de prisión a expresidentes, e incluso algunos han sido orillados al suicidio.

El caso Lozoya es una cuenta pendiente de la Fiscalía General de la República en especial, y de la 4T en general. De una vez por todas la FGR debe tomar las riendas del proceso y obrar con energía. Basta de contemplaciones y miramientos. La sociedad mexicana exige congruencia en este asunto así como en todo el proceso de lucha contra la corrupción.

Combatir la corrupción en México no se parece a un paseo dominguero. Porque no solo se trata de barrer las escaleras burocráticas y vigilar las carteras –o las cuentas bancarias-- de los antiguos y los nuevos funcionarios. Se trata de acabar con prácticas ilegales --pero muy arraigadas-- entre la clase dominante del país, que se generaron por lo menos desde la época de la invasión española sobre los territorios indígenas de México.

En nuestro país, luchar contra la corrupción equivale a confrontarse con enormes fuerzas económicas, financieras y políticas que se han venido consolidando durante varios sexenios, en particular durante el periodo neoliberal. Durante ese régimen (1988-2018) la corrupción se extendió de manera exponencial hasta convertirse en práctica “normal”. El proceso de privatización de empresas estatales significó además, necesariamente, la venta de turnos privilegiados para recibir las empresas, y lo mismo ocurría para evaluar sus activos y entregarlas a los solicitantes.

Al tocar los temas de los delitos cometidos por los funcionarios corruptos, no solo brotan los nombres de los principales funcionarios del estado. Hay también muchos cómplices que hicieron posible una depredación tan grande y basta de los recursos públicos. Del Fobaproa a la Casa Blanca, por todo el cuerpo del régimen neoliberal, donde quiera se apriete, brota pus, sangre y violencia.

La corrupción tuvo su máxima expresión durante el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) pero aunque todos los caminos de las investigaciones conducen al titular del poder ejecutivo, hay una densa capa de complicidades que impiden toda investigación y la dificultan mediante una verdadera coraza de mentiras, simulaciones e impunidad.

En el caso de Emilio Lozoya esto queda muy claro. Solicitó y recibió el criterio de oportunidad contemplado en la ley con el fin de no ser encarcelado y pudo así convertirse en testigo colaborador del fiscal. A Lozoya se le acusó de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero a lo largo de este tiempo no han ocurrido más que aplazamientos de la fecha en que finalmente deba entregar información relevante, acompañada de las pruebas correspondientes, que realmente contribuyan a llevar a los máximos responsables del saqueo ante la justicia.

Dentro de las medidas laxas que ha recibido –en vez de la dura y fría cárcel—figura el retiro de su pasaporte, el aplicarle un brazalete electrónico que registre sus movimientos y la prohibición de salir de la Ciudad de México, además de firmar en su expediente cada 15 días, lo que ha realizado por vía electrónica.

Condiciones muy elásticas y de claro privilegio, a cambio de que proporcione información sobre delitos más graves de los que lo llevaron a esa situación, cometidos por personajes de mayor jerarquía política que la propia. En otras palabras: que entregue información y pruebas contra Luis Videgaray –una especia de jefe de gabinete durante el sexenio anterior—y contra el propio Enrique Peña Nieto.

En su intento de dar atole con el dedo a la fiscalía y a toda la sociedad mexicana, Lozoya ha venido aplazando la fecha de la entrega de información y pruebas. Se han aplazado en 6 ocasiones. La ley fija el plazo de 6 meses para la realización de la investigación complementaria, y aunque ya pasó más de un año, esta etapa no se ha cerrado.

Pero no hay plazo que no se cumpla. El próximo 3 de noviembre Lozoya –a escasas 3 semanas-- finalmente deberá cumplir con su compromiso o enfrentar las duras condiciones de los reclusorios del país. No habrá nuevos plazos ilegales ni fiscales complacientes que se los otorguen. Simplemente aporta la información y las pruebas o va a dar con sus huesos a una celda de alta seguridad.

Lozoya ha tratado de sacar ventaja de su libertad condicional. La ha disfrutado a cambio de nada. Durante la última semana fue captado en un restaurante de lujo de la capital, departiendo tranquilamente con amistades. Las fotos dieron motivo para el estallido del escándalo. Es tan laxo el régimen de que goza que puede permitirse tales lujos. Es imposible establecer con certeza cuantas veces lo ha hecho. Pero el último error, al dejarse captar en esas condiciones, lo coloca de nuevo ante su dura realidad.

A la fecha, solo se ha judicializado un pequeño número de casos de las 70 personas que Lozoya denunció. Solo se han analizado unas pocas, y se han presentado 23 denuncias penales. Ricardo Anaya –uno de los implicados-- se ha fugado del país, y solo José Luis Lavalle –exsenador del PAN—está recluido en la prisión. Muy magros resultados después de tantas concesiones. En ese sentido, Lozoya nos volvió a engañar con espejitos.

Toca ahora a la FGR plantear de nuevo todo el procedimiento. Lo que se ha hecho hasta el momento es solo una colección de fracasos. Se requieren datos, documentos, pruebas, etc., que lleven a las autoridades directo a la aprehensión y consignación de los jefes del grupo delincuencial, legalmente EPN y en términos políticos Luis Videgaray. Lo cual, por cierto, ya se ha dibujado en el horizonte como una posibilidad inmediata.

Lozoya fue vinculado a proceso por un juez desde la noche del 28 al 29 de julio de 2020. Ha pasado más de un año y él continúa engañando a todos con promesas. El proceso penal a que está sujeto no ha rebasado la primera etapa. Mientras tanto, sus abogados siguen defendiendo los intereses y bienes que obtuvo mediante sus corruptelas.

Para la sociedad mexicana, muy sensible ante las acciones de lucha contra la corrupción, el presente caso significa una especie de insignia, un proceso inaugural, como un juicio modelo que debería aplicar los castigos ejemplares que ameritan las mafias de corruptos que saquearon al país y llevaron al pueblo a la miseria.

En lugar de ello nos hemos encontrado aplazamientos, juegos, escándalos, errores y vacilaciones que nos han colocado en evidencia ante los ojos del mundo. No olvidemos que el caso de Odebrecht es internacional, y en algunos países se han aplicado penas de prisión a expresidentes, e incluso algunos han sido orillados al suicidio.

El caso Lozoya es una cuenta pendiente de la Fiscalía General de la República en especial, y de la 4T en general. De una vez por todas la FGR debe tomar las riendas del proceso y obrar con energía. Basta de contemplaciones y miramientos. La sociedad mexicana exige congruencia en este asunto así como en todo el proceso de lucha contra la corrupción.

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