Se equivoca el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, cuando de botepronto responde que el liderazgo en corrupción que ocupa Morelos en el plano nacional, “son cosas del pasado”. La cuarta edición del Índice del Estado de Derecho en México del World Justice Project es un estudio levantado entre 2021 y 2022, cuando Cuauhtémoc Blanco cumplió su tercer año de gobierno e inició el cuarto.
La administración de Blanco ha sido repetidamente señalada por corrupción en diversos despachos, como la jefatura de la oficina de la gubernatura, Hacienda, Gobierno, Educación, Seguridad Pública, Obras, Movilidad y Transporte, Desarrollo Ambiental. La cantidad de denuncias que lentamente procesa la Fiscalía Anticorrupción en contra de funcionarios de la actual administración es bastante similar, según nos dicen, a las abiertas en contra de ex colaboradores de Graco Ramírez. Incluso el propio fiscal ha declarado que hay más carpetas de investigación contra Cuauhtémoc Blanco que contra su antecesor.
Los ayuntamientos no han escapado de esta dinámica, hay decenas de denuncias por malos manejos de recursos públicos y otros actos de corrupción en contra de ex alcaldes y ex funcionarios municipales de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Zacatepec. Los cuerpos policiales son frecuentemente señalados por hechos de corrupción y violación de derechos humanos.
La percepción de corrupción de los morelenses es más alta en el 2021 de lo que fue en el 2018, cuando con la bandera anticorrupción del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, y la promesa de meter en la cárcel a Graco Ramírez, Cuauhtémoc Blanco se hizo de la gubernatura del estado.
La idea y las evidencias de probable corrupción en el Poder Ejecutivo son muchas, pero también se percibe con respecto al Congreso del Estado y a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y en menor grado pero aún muy preocupante, en el poder judicial. La opacidad gubernamental en el manejo presupuestal, la recurrencia a las transferencias arbitrarias de recursos públicos, los altos índices de criminalidad y la profunda caída en la calidad de los servicios públicos, agravan la percepción ciudadana de que, citando Hamlet, “algo está podrido en el estado”.
En el estercolero que se ha convertido la política local, decir que la corrupción es una cosa del pasado es cerrar los ojos, y la nariz, al deterioro profundo que sufre la entidad plagada de corrupción. El deterioro en la calidad de vida y en las esperanzas de los morelenses resulta cada vez más evidente. Y por supuesto que los buenos suelen ser siempre más, pero aparentemente insertos en las posiciones de mayor poder y en los nodos más estratégicos, abundan los malvivientes, colocados para obtener los mejores rendimientos de las peores formas de gestión posibles.
Refuerzan el problema la baja exigencia de los ciudadanos a sus autoridades, electas y nombradas por otros métodos, y la pérdida de fortaleza institucional de los organismos autónomos. La vía de la extinción presupuestal de entes reguladores como las fiscalías independientes, la comisión de derechos humanos, los órganos electorales, entre otros, ha servido para debilitar a los contrapesos institucionales de los poderes públicos. La falta de apoyos para las organizaciones de la sociedad civil y la constante ofensiva desde el gobierno federal contra ellas, ha minado la acción civil como medio alterno de respaldo a los ciudadanos frente a las omisiones y abusos del poder público.
La corrupción en Morelos no es cosa del pasado, es de hoy, y a este paso, de mucho tiempo más.
@martinellito
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