Una cosa es obligar a las plataformas de servicios digitales a pagar impuestos, lo que podría ser un acto de justica relativa; y otra muy diferente es tratar de incidir en los contenidos de las mismas. Lo decimos por la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional para gravar a Netflix, Amazon, Spotify, YouTube, y otros servicios diversos con impuestos (iguales a los que pagan empresas establecidas en México), a la que se añade la muy populista idea de que dichas plataformas tendrán que ofrecer el 30% de su contenido de producción nacional, lo que parece un abuso que, a la larga, podría afectar la base de suscriptores.
El éxito de plataformas como Netflix, Amazon, Spotify y YouTube radica en los contenidos a petición (on demand) que ofrecen a sus millones de usuarios en México y el resto del mundo. Los servicios de streaming, como también se les conoce a estas plataformas específicas, encuentran su éxito en la satisfacción de las preferencias de los usuarios básicamente porque representan una alternativa a la producción audiovisual tradicional, y básicamente a la mexicana (de los usuarios de streaming en el país, el 80 por ciento tienen Netflix, contenidos preponderantemente extranjeros; contra el apenas 2.7 por ciento de los que son suscriptores de Blim, producciones básicamente mexicanas, esto sin contar que, un gran número de usuarios de la plataforma mexicana tienen también el servicio de Netflix). Plantear la obligación de programar el 30 por ciento de contenidos nacionales en una plataforma que ofrezca servicios en México, no sólo opera contra la libertad del empresario de programar lo que le venga en gana, y de los clientes de gozar de alternativas a la producción nacional, también podría traducirse en una imposibilidad práctica.
El catálogo de Netflix en 2018, a pesar de haberse reducido desde su medición en 2010, aún contiene 5,579 producciones; 4010 películas y 1569 series de televisión. Pensando en mantener la oferta en el mismo número, significaría que, de prosperar la iniciativa de Morena, la plataforma líder en el mercado tendría que ofrecer 471 series y 1,203 películas mexicanas de forma inmediata, la pregunta es si existen 1,674 producciones mexicanas que alguien quisiera ver o por las que estuviera dispuesto a pagar, sobre todo considerando que incluso el catálogo de streaming nacional en Blim se tiene que alimentar de series y películas extranjeras para ampliar la oferta mexicana.
Otro problema es la calidad del contenido, porque ¿cuántas telenovelas y series de narcos soportan los usuarios de streaming? Porque Netflix no es el único servicio de streaming que opera en México, la obligación se impondría también a Amazon Prime Video, un catálogo sólo un poco menor que el de Netflix, a HBO Go, Fox Play, Acorn TV, Apple TV, Crackle, Crunchyroll, Mubi, YouTube Premium, Google Películas, Movistar Play, Disney+ y otras que, de acuerdo con la iniciativa, tendrían que programar contenido producido en México “como un impulso a la producción nacional”; la última vez que algo similar ocurrió, se acabó la época de oro del cine mexicano y empezó la de caballitos y ficheras.
Por supuesto que los servicios mencionados, y los que vayan a surgir en el futuro, deben pagar impuestos (que seguro serán trasladados a los usuarios con un incremento de tarifas); pero tratar de incidir en el contenido de los mismos parece un contrasentido en tanto no sólo opera contra la libertad de las empresas y los consumidores para tener cierto tipo y nivel de contenidos en cada plataforma; sino también resulta imposible de cumplir dado que el mercado de producciones audiovisuales mexicanas con calidad suficiente como para ser ofrecidas en este tipo de servicios es muy limitado. El consumidor, entonces perderá por partida doble, deberá pagar más y se le impondrá un 30 por ciento de un catálogo.
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