Durante la semana que termina, tuve la oportunidad de participar en la tercera reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, en ella estuvo presente la Doctora Blanca Jiménez Cisneros, próxima Directora General de la CONAGUA.
En esta reunión, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C., representada por su Presidente Arturo Palma y distintos consejeros de todo el país, manifestaron las principales amenazas que el día de hoy acechan a los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento para la prestación adecuada de estos servicios.
Muchas son las amenazas que se ciernen sobre ellos, cosa que parece paradójica porque desde el año 2012 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al agua como un derecho humano.
¿No se supone que a partir de ese momento, todo debería de alinearse y enfocarse para mejorar el acceso a la población a estos servicios? Pues parecería que todo fluye en sentido contrario.
Cuatro son los temas principales que se tocaron en esta sesión.
Primero: el incremento de las tarifas eléctricas es la mayor amenaza hoy día para los sistemas de agua. ¡Y como no! ¡Si el 60% del costo de operación es el consumo de energía eléctrica! Cualquier incremento implica un impacto mayor, así que un incremento del 50% (como el que se ha dado), implicaría que los sistemas de agua potable deberían de incrementar su tarifa de agua hasta en un 30%.
Pero muchos de estos organismos operadores no tienen la posibilidad de reflejar este incremento de los insumos en la tarifa porque en muchos estados las legislaciones no lo permiten; los diputados locales en un afán de “defender” la economía local, no permiten incrementos a las tarifas, cosa que parece loable. Pero si no permiten los incrementos a las tarifas de agua, no deberían de permitir tampoco incrementos a los insumos para prestar este servicio ¿o como le harán los sistemas de agua para pagar esos incrementos?
El segundo tema que se trató fue la reducción sostenida del presupuesto federal a este “derecho humano”: en los últimos años, de los 50 mil millones de pesos que destinaban a la CONAGUA, ha bajado en los últimos años hasta 27 mil millones de pesos, esto representa una reducción muy significativa y más cuando de ese recorte presupuestal el mayor impacto lo han llevado los recursos que se destinaban a estados y municipios para la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento ¡Una reducción promedio del 72%! ¿Pues no que el agua es prioridad? ¿No que es un derecho humano?
El tercer tema que se tocó es el de la Ley General de Aguas: esta “Ley” ha sido ampliamente politizada, se dicen muchas cosas que resultan en su mayoría falsas; desde el año 2012, (cuando se incorporó a la Constitución Política el Derecho Humano al agua), se estableció un plazo máximo de 12 meses para la publicación de esta Ley General de Aguas, sin embargo, ya han pasado más de 6 años de aquella ocasión y aún no sale esta Ley. Esperemos que esta Legislatura sí pueda lograr concretarla. Para ello se han planteado una serie de foros de consulta (ojalá no sean lo de siempre) tanto estatales como regionales para poder mandar una propuesta a aprobación del Congreso.
Finalmente, se tocó el tema de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: ahora, la Secretaría de Medio Ambiente parece estar tratando de absorber algunas de las funciones que históricamente ha tenido la Comisión Nacional del Agua. ¿Es este un intento por disminuir la fuerza de la CONAGUA? ¿Es este un intento por disminuir su presupuesto? ¿O es un intento real por mejorar las funciones y atribuciones que tienen estas instituciones en beneficio de todas y todos los mexicanos? No lo sabremos hasta ver sus resultados. ¿Cuál derecho humano al agua?
Por el bien de México, #aguaparatodos
