Seguramente uno de los dichos que han acompañado a la observación de la política mexicana desde el siglo pasado es aquél de “los acuso de corruptos, no de tarugos”, cuya autoría se atribuye a algún diputado del México postrevolucionario. Probablemente de ahí, y de las evidencias que los abogados llamarían sólo circunstanciales, derive la proclividad de los mexicanos a creer en la incompetencia e insolvencia moral, pero no tanto en su calidad de tarugos. Y por eso a lo mejor les cuesta a muchos escuchar las palabras del nuevo alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, cuando advierte respecto de la presunta corrupción en el sistema de agua potable de la ciudad que “el dicho popular no es una prueba”. Porque muchos otros alcaldes habrían dicho que se investigaría a fondo, hasta donde tope, y se sancionaría a los culpables, comprando algo de tiempo y a lo mejor de olvido para no hacer mucho, pero no el abogado que administra la ciudad desde el 1 de enero quien en efecto anuncia una revisión a fondo de todo el sistema como la que deberá hacer, por cierto, en todas las estructuras del ayuntamiento, y si detectaran algo irregular procederían contra los responsables.
Y el asunto llama la atención porque ya no se da un trato político a los asuntos. La autoridad trata de salir un poco del siempre fácil, pero muy inútil, escandalazo, y prefiere que las cosas tomen su cauce legal. Si esto significará romper el corazón a los partidarios de linchamientos mediáticos, es un asunto que no parece relevante al edil y sus colaboradores, según todo apunta. Pero que de esa declaración pudiera haber quién infiera un pacto de impunidad, parece una gran maroma.
Y conste que nadie está descartando que en trienios pasados el municipio haya sufrido actos de corrupción; investigaciones privadas y periodísticas han detectado espacios que por lo menos generan enormes sospechas. También es notorio que las administraciones de Cuernavaca acostumbran gastar mucho y gastar mal (sin que ello sea necesariamente ilegal). Y por supuesto que está también el asunto de la corrupción en pequeño, la de inspectores, operadores, tomadores de lecturas y otros funcionarios menores que piden cooperación a contribuyentes y usuarios de servicios públicos para evitar sanciones o agilizar trámites; de la que hay constantes denuncias, notificaciones y contra la que algunos alcaldes, incluido el anterior, por cierto, han actuado aunque sea de forma parcial. Urdimbres tales como la denominada estafa maestra no han sido detectados, aunque algunas indagaciones han generado muchas más dudas que respuestas sobre el uso de los recursos públicos, particular pero no únicamente, en el sistema de agua potable.
Si a estos retos, que pueden derivar de lagunas en la información provocadas por la opacidad del municipio, se suma la mala leche de muchos adversarios de los alcaldes, los ingredientes para escandalizar a cualquiera están ahí y se fortalecen con la curiosa y malvada frasecita, “los acuso de corruptos, no de tarugos”. Pensar que la gestión de Urióstegui se definirá sólo por sancionar las probables trolepías del pasado es absurdo, pero sin duda es un tema que deberá atender e informar de forma oportuna.
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