/ viernes 13 de agosto de 2021

Corrupción o persecución política

Cuatro noticias importantes que nos afectan fuertemente y sin que darnos cuenta, la posible corrupción de autoridades y representantes políticos, uno, el ahora ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE); dos, un diputado federal,

Nacido en Chile y seguramente nacionalizado mexicano que, ante su inminente desafuero por acusación de enriquecimiento ilícito, huyó a Chile; tres, otro diputado desaforado por varias acusaciones de violación equiparada y abuso sexual de menores de edad; y, cuatro, el desafuero del Fiscal General de nuestro estado, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y por delitos contra el funcionamiento del sistema de seguridad pública por no contar los exámenes de control y evaluación de confianza , no se discutió porque cuenta con un amparo, según una diputada de Tamaulipas. Esto desde luego no los hace culpables a ninguno de ellos, sin embargo, la fiscalía de la Ciudad de México dictó órdenes de aprehensión en contra de los dos diputados desaforados. Aunque ni los medios, ni la denunciante Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nos informan que repercusiones de vinculación a proceso ha tenido en contra del ex presidente del TRIFE, más allá de su renuncia.

La “remoción” del ex presidente del TRIFE, rechazada e interpelada por él mismo ante la Suprema Corte de Justicia, produjo tres renuncias: la del “removido” ex presidente del TRIFE, después de haberse entrevistado con el propio presidente de la SCJ; la del nuevo presidente del TRIFE y la de una magistrada del propio TRIFE. Con estas renuncias, el presidente de la SCJ declaró a los medios que el problema del TRIFE estaba resuelto. Sin embargo, el presidente de la República, declaraba en su conferencia de prensa matutina diaria, que deberían de renunciar todos, lo mismo que los Consejeros del INE, y que por ello se necesitaba una reforma constitucional para un nuevo diseño del TRIFE y del INE.

El problema central en esta maraña de desafueros es la presunta corrupción política de los acusados y de la política. En el caso del primer ex presidente del TRIFE, por “remoción”, la acusación que detonó su “remoción” fueron dos denuncias de la UIF: en el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis ‘N´, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria… [la UIF] también presentó un recurso de inconformidad contra la decisión de la FGR, emitida el pasado 15 de junio, de exonerar al magistrado de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.” (El Economista, julio 19, 2021) Pero entonces, el verdadero problema de fondo es el tráfico de poder político, porque de ser cierta la denuncia, ¿de dónde provinieron los recursos?, ¿a cambio de “qué”? ¿qué decisiones se pudieron haber tomado en el TRIFE? Eso tendría que haberse investigado y no esa aparente “prisa” de la FGR por exonerar al “removido” y después “renunciante” a la presidencia del TRIFE. El diputado desaforado que huyó a Chile, utiliza este tipo de argumento en su defensa, “lo que está en duda es el actuar de la Sección Instructora [de la Cámara de Diputados] por el uso tendencioso de ese órgano legislativo […] para perseguirme políticamente por considerarme su enemigo político”. Como es común con estas acusaciones, el señor Toledo parece ya haber adquirido varios inmuebles en Chile, preparando su regreso. Finalmente, el Fiscal General del Estado de Morelos, argumenta que es “víctima de persecución política desde el gobierno del estado […] que ha sido objeto de presiones para obligarme a dimitir en el cargo [y que] para asumir el cargo no es necesario contar con los exámenes de confianza.” Sin embargo, “La Fiscalía General de la República informó en Marzo que Carmona es investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita”. (Milenio Digital, agosto 5, 2021) Y, una vez más, “La pesquisa comenzó a partir de una denuncia presentada por la […] UIF.” (Ibidem.)

¿Cómo ve usted? Pero al final, desde mi punto de vista, la Fiscalía General de la República no investiga, cuando yo he escuchado o leído publicaciones científicas sobre este problema: la FGR argumenta que las denuncias de la UIF no vienen suficientemente fundamentadas, pero no reconoce que la UIF no tiene facultades y capacidades de investigación y que es tarea de la FGR continuar y profundizar esa investigación. Esto evitaría que los denunciados se defiendan diciendo que son perseguidos políticos y, en caso de ser declarado culpables, a limpiar nuestras instituciones de corrupción. Imagínese usted, si esto último es cierto, estaríamos gobernados por autoridades corruptas que han secuestrado al gobierno.

Cuatro noticias importantes que nos afectan fuertemente y sin que darnos cuenta, la posible corrupción de autoridades y representantes políticos, uno, el ahora ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE); dos, un diputado federal,

Nacido en Chile y seguramente nacionalizado mexicano que, ante su inminente desafuero por acusación de enriquecimiento ilícito, huyó a Chile; tres, otro diputado desaforado por varias acusaciones de violación equiparada y abuso sexual de menores de edad; y, cuatro, el desafuero del Fiscal General de nuestro estado, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y por delitos contra el funcionamiento del sistema de seguridad pública por no contar los exámenes de control y evaluación de confianza , no se discutió porque cuenta con un amparo, según una diputada de Tamaulipas. Esto desde luego no los hace culpables a ninguno de ellos, sin embargo, la fiscalía de la Ciudad de México dictó órdenes de aprehensión en contra de los dos diputados desaforados. Aunque ni los medios, ni la denunciante Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nos informan que repercusiones de vinculación a proceso ha tenido en contra del ex presidente del TRIFE, más allá de su renuncia.

La “remoción” del ex presidente del TRIFE, rechazada e interpelada por él mismo ante la Suprema Corte de Justicia, produjo tres renuncias: la del “removido” ex presidente del TRIFE, después de haberse entrevistado con el propio presidente de la SCJ; la del nuevo presidente del TRIFE y la de una magistrada del propio TRIFE. Con estas renuncias, el presidente de la SCJ declaró a los medios que el problema del TRIFE estaba resuelto. Sin embargo, el presidente de la República, declaraba en su conferencia de prensa matutina diaria, que deberían de renunciar todos, lo mismo que los Consejeros del INE, y que por ello se necesitaba una reforma constitucional para un nuevo diseño del TRIFE y del INE.

El problema central en esta maraña de desafueros es la presunta corrupción política de los acusados y de la política. En el caso del primer ex presidente del TRIFE, por “remoción”, la acusación que detonó su “remoción” fueron dos denuncias de la UIF: en el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis ‘N´, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria… [la UIF] también presentó un recurso de inconformidad contra la decisión de la FGR, emitida el pasado 15 de junio, de exonerar al magistrado de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.” (El Economista, julio 19, 2021) Pero entonces, el verdadero problema de fondo es el tráfico de poder político, porque de ser cierta la denuncia, ¿de dónde provinieron los recursos?, ¿a cambio de “qué”? ¿qué decisiones se pudieron haber tomado en el TRIFE? Eso tendría que haberse investigado y no esa aparente “prisa” de la FGR por exonerar al “removido” y después “renunciante” a la presidencia del TRIFE. El diputado desaforado que huyó a Chile, utiliza este tipo de argumento en su defensa, “lo que está en duda es el actuar de la Sección Instructora [de la Cámara de Diputados] por el uso tendencioso de ese órgano legislativo […] para perseguirme políticamente por considerarme su enemigo político”. Como es común con estas acusaciones, el señor Toledo parece ya haber adquirido varios inmuebles en Chile, preparando su regreso. Finalmente, el Fiscal General del Estado de Morelos, argumenta que es “víctima de persecución política desde el gobierno del estado […] que ha sido objeto de presiones para obligarme a dimitir en el cargo [y que] para asumir el cargo no es necesario contar con los exámenes de confianza.” Sin embargo, “La Fiscalía General de la República informó en Marzo que Carmona es investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita”. (Milenio Digital, agosto 5, 2021) Y, una vez más, “La pesquisa comenzó a partir de una denuncia presentada por la […] UIF.” (Ibidem.)

¿Cómo ve usted? Pero al final, desde mi punto de vista, la Fiscalía General de la República no investiga, cuando yo he escuchado o leído publicaciones científicas sobre este problema: la FGR argumenta que las denuncias de la UIF no vienen suficientemente fundamentadas, pero no reconoce que la UIF no tiene facultades y capacidades de investigación y que es tarea de la FGR continuar y profundizar esa investigación. Esto evitaría que los denunciados se defiendan diciendo que son perseguidos políticos y, en caso de ser declarado culpables, a limpiar nuestras instituciones de corrupción. Imagínese usted, si esto último es cierto, estaríamos gobernados por autoridades corruptas que han secuestrado al gobierno.