Daniel Martínez

  / martes 3 de septiembre de 2019

Cordura y violencia…

Difícil pedirle cordura a un gobierno que, como el de Cuauhtémoc Blanco, enfrenta condiciones de violencia extremas provocadas por fenómenos que, como mínimo, están lejos de su esfera de control.

Sin embargo, todo el gabinete la necesita, porque enfrentar realidades nuevas con el viejo discurso de negar los acontecimientos o la gravedad de los mismos, no está funcionando. Blanco intenta, con reiterados llamados a la denuncia y a la intervención más amplia y efectiva de cuerpos federales en las acciones de seguridad, de transformar el discurso oficial en algo que, sin parecer un grito de auxilio sí es una demanda abierta, franca y urgente de ayuda a la sociedad y el gobierno federal. Sabe bien el gobernador que por su cuenta, el Ejecutivo estatal y los cuerpos policíacos de Morelos poco pueden hacer para enfrentar a los grupos delictivos que pasan por, pero también actúan en el estado; así que urge al apoyo ciudadano con la denuncia y pide a la Federación más elementos de seguridad como si en sólo eso estuviera la solución. No es así, pero bastante ayudaría.

Los hechos de violencia en Morelos tienden a politizarse rápido, de inmediato surgen voces contra el titular del Ejecutivo y casi todo su gabinete que, en las primeras horas después de los acontecimientos sufren del mismo pasmo que el resto de la ciudadanía, lo que los lleva a cometer pifias discursivas que sirven a los opositores para dirigir sus dardos en contra, ya no de los criminales, sino de los funcionarios de gobierno a quienes consideran sus rivales de amores con los morelenses. Pero más allá del desgaste que sin duda ocasionan los hechos de violencia a las figuras en el gobierno, Cuauhtémoc Blanco y su equipo estarán en el gobierno hasta el 2024 y debilitarlos no ayuda absolutamente en nada. La colaboración, más allá de las rivalidades políticas, es urgente para recuperar la paz en el estado y para ello es urgente que esa paz también prive entre los actores políticos y sociales.

El miedo en la población surge de la amenaza criminal que parece perpetuarse, pero también de la percepción ciudadana sobre la mala coordinación (es un eufemismo) entre las autoridades gubernamentales. Las señales hasta ahora no permiten mucho optimismo, la idea de reforzar la seguridad con un mayor número de elementos de la Guardia Nacional no parece mala a simple vista, pero los primeros 900 elementos, hasta ahora, no parecen impactar mayormente en términos de incidencia delictiva, que ha aumentado en 6.9 por ciento en el estado de acuerdo con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Tampoco ayuda, por sí misma, la ampliación de cobertura y montos de apoyos para programas sociales. Una estrategia de seguridad que mantenga a salvo a todos los ciudadanos parece inalcanzable, pero tener una tasa de 70 homicidios al mes resulta insostenible. Las acciones para garantizar la seguridad pasan por la denuncia que se encuentra en niveles bajísimos; para incrementarla, es necesario mucho más que apostar a la valentía de los ciudadanos, urge ofrecer elementos de confianza para lo que mucho puede ayudar una diferente actitud de los actores políticos y, por supuesto, del gobierno del estado. También sería digno de apreciarse un mejor trabajo de las fuerzas de inteligencia de los cuerpos policiales. Si para el gobierno estatal es obvio que hay ciudadanos que saben dónde viven y operan los criminales porque es evidente su actuar, entonces tendría que concebirse también que un buen trabajo de inteligencia policial podría hacer que las autoridades de seguridad pública en el estado también estuvieran enteradas.

Poco ayuda a tranquilizar a nadie el argumento de que los ataques del crimen organizado se dan contra bandas rivales. ¿Pueden operar entonces como si el estado fuera parte del Wild West en 1815?


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Difícil pedirle cordura a un gobierno que, como el de Cuauhtémoc Blanco, enfrenta condiciones de violencia extremas provocadas por fenómenos que, como mínimo, están lejos de su esfera de control.

Sin embargo, todo el gabinete la necesita, porque enfrentar realidades nuevas con el viejo discurso de negar los acontecimientos o la gravedad de los mismos, no está funcionando. Blanco intenta, con reiterados llamados a la denuncia y a la intervención más amplia y efectiva de cuerpos federales en las acciones de seguridad, de transformar el discurso oficial en algo que, sin parecer un grito de auxilio sí es una demanda abierta, franca y urgente de ayuda a la sociedad y el gobierno federal. Sabe bien el gobernador que por su cuenta, el Ejecutivo estatal y los cuerpos policíacos de Morelos poco pueden hacer para enfrentar a los grupos delictivos que pasan por, pero también actúan en el estado; así que urge al apoyo ciudadano con la denuncia y pide a la Federación más elementos de seguridad como si en sólo eso estuviera la solución. No es así, pero bastante ayudaría.

Los hechos de violencia en Morelos tienden a politizarse rápido, de inmediato surgen voces contra el titular del Ejecutivo y casi todo su gabinete que, en las primeras horas después de los acontecimientos sufren del mismo pasmo que el resto de la ciudadanía, lo que los lleva a cometer pifias discursivas que sirven a los opositores para dirigir sus dardos en contra, ya no de los criminales, sino de los funcionarios de gobierno a quienes consideran sus rivales de amores con los morelenses. Pero más allá del desgaste que sin duda ocasionan los hechos de violencia a las figuras en el gobierno, Cuauhtémoc Blanco y su equipo estarán en el gobierno hasta el 2024 y debilitarlos no ayuda absolutamente en nada. La colaboración, más allá de las rivalidades políticas, es urgente para recuperar la paz en el estado y para ello es urgente que esa paz también prive entre los actores políticos y sociales.

El miedo en la población surge de la amenaza criminal que parece perpetuarse, pero también de la percepción ciudadana sobre la mala coordinación (es un eufemismo) entre las autoridades gubernamentales. Las señales hasta ahora no permiten mucho optimismo, la idea de reforzar la seguridad con un mayor número de elementos de la Guardia Nacional no parece mala a simple vista, pero los primeros 900 elementos, hasta ahora, no parecen impactar mayormente en términos de incidencia delictiva, que ha aumentado en 6.9 por ciento en el estado de acuerdo con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Tampoco ayuda, por sí misma, la ampliación de cobertura y montos de apoyos para programas sociales. Una estrategia de seguridad que mantenga a salvo a todos los ciudadanos parece inalcanzable, pero tener una tasa de 70 homicidios al mes resulta insostenible. Las acciones para garantizar la seguridad pasan por la denuncia que se encuentra en niveles bajísimos; para incrementarla, es necesario mucho más que apostar a la valentía de los ciudadanos, urge ofrecer elementos de confianza para lo que mucho puede ayudar una diferente actitud de los actores políticos y, por supuesto, del gobierno del estado. También sería digno de apreciarse un mejor trabajo de las fuerzas de inteligencia de los cuerpos policiales. Si para el gobierno estatal es obvio que hay ciudadanos que saben dónde viven y operan los criminales porque es evidente su actuar, entonces tendría que concebirse también que un buen trabajo de inteligencia policial podría hacer que las autoridades de seguridad pública en el estado también estuvieran enteradas.

Poco ayuda a tranquilizar a nadie el argumento de que los ataques del crimen organizado se dan contra bandas rivales. ¿Pueden operar entonces como si el estado fuera parte del Wild West en 1815?


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