Menuda confusión ha causado esa nueva figura propuesta por Andrés Manuel López Obrador de los coordinadores estatales del gobierno federal. Hasta donde todo apunta, estos sujetos funcionarán como operadores de los programas sociales federales y sustituirían una enorme nómina de delegados federales en los estados. Lo que estaría parcialmente bien si hablamos de nómina gubernamental, pero no tanto si concedemos que el poder de estos coordinadores podría ser tanto como el del gobernador del estado y, a diferencia de los gobernadores estatales que tienen un congreso local que puede regular sus acciones, estos sujetos aparecen, por lo menos a la luz del primer esbozo, como embajadores plenipotenciarios del poder presidencial al estilo López Obrador, heredero del modelo presidencialista del antiguo régimen centralizador.
No se trata de destruir lo que puede ser una buena idea, a final de cuentas, es cierto que el gobierno federal gasta mucho en mantener delegados que a menudo resultan bastante inútiles y que han probado en reiteradas ocasiones estar prestos para enriquecerse a costa del erario sin importarles la seguridad o la necesidad de las entidades donde trabajan, tenemos en Morelos la tristísima historia de delegados de Comunicaciones y Transportes, y otras que conviene mejor omitir porque el espacio es limitado. En todo caso, lo que debiera atenderse es a la regulación del actuar de quienes, por cierto, podrían ser los arietes de López Obrador para hacerse de los gobiernos estatales en los próximos procesos.
El coordinador estatal del gobierno federal en Morelos será Rabindranath Salazar Solorio, quien era la carta fuerte de Morena, el partido de Andrés Manuel, antes de que se construyera la alianza Juntos Haremos Historia y se determinara que el candidato al gobierno estatal sería precisamente el hoy gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Así que a final de cuentas Rabin se colocaría, mucho antes de la toma de protesta de Cuauh, con una enorme venta en la carrera por sucederlo. La pregunta es si el equipo de Cuauhtémoc será capaz de trabajar con la enorme sombra que, es obvio, les significará Salazar Solorio, quien además logró impulsar a sus candidatos en el congreso local, alcaldías, diputaciones federales, y hasta tiene un hermano que será Senador.
Detalle adicional del esbozo del modelo lopezobradorista de administración pública es la descentralización de secretarías, que significará una enorme movilidad de personal, despidos o reubicaciones, y la generación de polos de desarrollo en las entidades federativas. Eso permitirá extender el poder presidencial a cada uno de los rincones del estado de forma absolutamente natural. La presencia de López Obrador en los estados seguramente será mucho más frecuente que la de sus antecesores, lo que en todo caso es un efecto colateral de las propuestas presentadas a los electores para ganar sus votos el pasado 1 de julio.
El modelo centralizador del poder público no está circunscrito a la ubicación geográfica de ese poder, como quienes han llamado a reubicar las secretarías en los estados una descentralización; la centralización del poder público tiene que ver con la forma en que se ejercen las determinaciones y el control político desde un centro único de poder, en este caso el gobierno federal, ayudado por sus coordinadores estatales. Todo esto con el aplauso del respetable que, a final de cuentas no pierde aún la esperanza.
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