Al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana no le fue bien en el que podría considerarse el último acto del proceso electoral 2020-2021. Por ley, el órgano tenía que hacer una consulta entre las comunidades indígenas para verificar si éstas aprobaban las medidas implementadas para garantizar que las personas indígenas del estado de Morelos accedieran a los cargos de diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas, y regidurías; se preparó para ello durante meses, realizó actividades de difusión conforme su presupuesto (reducidísimo y entregado a cuentagotas) le permitió, e instaló mesas receptoras en las comunidades indígenas de Morelos.
Antes de que las mesas se colocaran, ya había quejas de comunidades que acusaron al Impepac de simular el proceso de consulta, y de no haber informado lo suficiente sobre la organización del mismo. No parecen señalamientos justos. Las sesiones del órgano electoral local fueron abiertas, a través de sus redes sociales el Instituto difundió profusamente (aunque a lo mejor no de forma muy atractiva) el proceso de consulta a las comunidades indígenas. Cierto que se extrañan los tiempos en que el Impepac armaba enormes carteles, hacía foros constantes, producía spots de radio y televisión, y colocaba desplegados en prensa escrita para difundir los procesos electorales, pero la pandemia y mucho más el castigo presupuestal a los órganos electorales, volvieron imposible el ejercicio de campañas de difusión más extensas.
También habría que reconocer que la crítica y descalificación de algunas comunidades se dirige a la consulta en sí misma, hasta ahora no hemos escuchado una crítica sobre la sustancia del procedimiento, es decir, el respaldo de las comunidades hacia las acciones afirmativas implementadas para garantizar la inclusión de los indígenas en los cargos de elección popular; acciones que, perfectibles, significaron un enorme avance.
Y claro que en las acciones afirmativas impulsadas por el órgano electoral hubo enormes abusos de parte de políticos que tramposamente se disfrazaron de indígenas o miembros de comunidades sexualmente diversas, para poder inscribirse en listados de candidatos. Muchos de ellos fueron detectados y eliminados, por cierto. Pero en esencia las acciones afirmativas representaron mayor equilibrio en las oportunidades de acceder a cargos de elección popular para las minorías; y eso es digno de reconocerse.
La consulta, sin embargo, no reportó los altos niveles de satisfacción que logran, en cambio, los procesos electorales. A pesar de la alta calidad de trabajo a la que el Impepac tiene acostumbrada a la ciudadanía morelense, lo cierto es que los escasos recursos produjeron un proceso cuestionable más allá de las buenas intenciones y oficios de consejeros y trabajadores especializados en elecciones. Y lo mismo podría ocurrir si las consultas siguen realizándose con recursos tan escasos como ocurrió con la del Impepac. La falta de dinero para organizar y promover las consultas ciudadanas repercute directamente en la calidad de los procesos y el nivel de satisfacción de los participantes. Es una apuesta riesgosa contra la legitimidad de los órganos electorales. Cuidado.
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