/ lunes 27 de enero de 2020

Consulta de las consultas...

Uno entiende la importancia que los proyectos productivos pensados para Morelos tienen en los grupos sociales cuando analiza la virulencia con que son combatidos a través de redes sociales y vocerías cuya legitimidad siempre aparece dudosa (siempre debe sospecharse de quienes afirman ser la representación de todo un pueblo, y mucho más si afirman serlo de muchos pueblos).

La consulta que sugiere la Iglesia Católica para determinar la viabilidad de los megaproyectos parece un camino conveniente aunque extraordinariamente sinuoso y con un trazo tan caprichoso que podría llevar a sitios a donde nadie quiere ir, esencialmente porque no existe en el marco jurídico y procedimental del estado un mecanismo para llevar a consulta un derecho privado (el de invertir de acuerdo con las leyes y reglamentos de una demarcación), contra un derecho público (el de opinar y oponerse a actividades empresariales diversas). Sin las garantías necesarias para la información científica real sobre el impacto ambiental, la equidad de acceso a los medios para difundir las posturas, la demarcación real sobre quiénes tienen el derecho a ser escuchados en la determinación final, y otras de elemental justicia para todos, una consulta parece destinada a enfrentar y fragmentar más a una sociedad urgida de acuerdos, de reconciliación y de certezas jurídicas, políticas y sociales.

Porque para que una consulta así tuviera credibilidad tendría que ser totalmente opuesta de las que ha hecho el gobierno federal, es decir, tener carácter jurídico vinculatorio y definitivo (para que no se pueda echar abajo su resultado), estar sancionada desde su idea y diseño por la autoridad electoral competente, ofrecer a los inversionistas alternativas para recuperar los recursos invertidos en los proyectos que se han detenido en aras de la consulta, aplicarse a todas las inversiones en el estado (como un garante de justicia) o por lo menos a los de similares impactos para la vida pública, entre otras que, de darse, harían profundamente complicada cualquier inversión futura.

Otro acercamiento, que parecería mucho más certero, es la construcción de consensos entre las comunidades, los inversionistas y los niveles de gobierno involucrados en cada uno de los proyectos productivos, de forma que se planteen y resuelvan las inquietudes de las comunidades, sin que ello se traduzca en l cancelación de las inversiones. Ofrecer soluciones a los problemas que plantea el paradigma de desarrollo y organización social al que todos alimentamos y en el que vivimos sin cuestionar más que lo básico, parece un acercamiento más prudente, racional y justo que la idea de someter hasta las leyes a la voluntad de las minorías actuantes.

Para nada se plantea aquí, por cierto, claudicar en la defensa del medio ambiente, de los derechos sociales de las comunidades que alojan los proyectos o ninguna de las siempre nobles causas que se supone defienden los fervientes opositores a los proyectos, pero debe encontrarse una conciliación entre el desarrollo económico que urge al estado y la conservación ecológica y comunitaria, con los padecimientos de la entidad, decir no parece un suicidio.


Twitter: @martinellito

Correo: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Uno entiende la importancia que los proyectos productivos pensados para Morelos tienen en los grupos sociales cuando analiza la virulencia con que son combatidos a través de redes sociales y vocerías cuya legitimidad siempre aparece dudosa (siempre debe sospecharse de quienes afirman ser la representación de todo un pueblo, y mucho más si afirman serlo de muchos pueblos).

La consulta que sugiere la Iglesia Católica para determinar la viabilidad de los megaproyectos parece un camino conveniente aunque extraordinariamente sinuoso y con un trazo tan caprichoso que podría llevar a sitios a donde nadie quiere ir, esencialmente porque no existe en el marco jurídico y procedimental del estado un mecanismo para llevar a consulta un derecho privado (el de invertir de acuerdo con las leyes y reglamentos de una demarcación), contra un derecho público (el de opinar y oponerse a actividades empresariales diversas). Sin las garantías necesarias para la información científica real sobre el impacto ambiental, la equidad de acceso a los medios para difundir las posturas, la demarcación real sobre quiénes tienen el derecho a ser escuchados en la determinación final, y otras de elemental justicia para todos, una consulta parece destinada a enfrentar y fragmentar más a una sociedad urgida de acuerdos, de reconciliación y de certezas jurídicas, políticas y sociales.

Porque para que una consulta así tuviera credibilidad tendría que ser totalmente opuesta de las que ha hecho el gobierno federal, es decir, tener carácter jurídico vinculatorio y definitivo (para que no se pueda echar abajo su resultado), estar sancionada desde su idea y diseño por la autoridad electoral competente, ofrecer a los inversionistas alternativas para recuperar los recursos invertidos en los proyectos que se han detenido en aras de la consulta, aplicarse a todas las inversiones en el estado (como un garante de justicia) o por lo menos a los de similares impactos para la vida pública, entre otras que, de darse, harían profundamente complicada cualquier inversión futura.

Otro acercamiento, que parecería mucho más certero, es la construcción de consensos entre las comunidades, los inversionistas y los niveles de gobierno involucrados en cada uno de los proyectos productivos, de forma que se planteen y resuelvan las inquietudes de las comunidades, sin que ello se traduzca en l cancelación de las inversiones. Ofrecer soluciones a los problemas que plantea el paradigma de desarrollo y organización social al que todos alimentamos y en el que vivimos sin cuestionar más que lo básico, parece un acercamiento más prudente, racional y justo que la idea de someter hasta las leyes a la voluntad de las minorías actuantes.

Para nada se plantea aquí, por cierto, claudicar en la defensa del medio ambiente, de los derechos sociales de las comunidades que alojan los proyectos o ninguna de las siempre nobles causas que se supone defienden los fervientes opositores a los proyectos, pero debe encontrarse una conciliación entre el desarrollo económico que urge al estado y la conservación ecológica y comunitaria, con los padecimientos de la entidad, decir no parece un suicidio.


Twitter: @martinellito

Correo: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx