Probablemente sea sabio de parte del gobierno estatal pretender que la autorización a los proyectos de inversión en Morelos dependa de un equilibrio entre el desarrollo económico, el respeto del marco jurídico, el cuidado del medio ambiente, y la voluntad ciudadana. la posición, aunque en términos generales puede decirse que no obliga al Ejecutivo a nada, al contrario, parece un eufemismo para decir que a final de cuentas les vale y prefieren no buscar problemas, porque corresponde al gobierno del estado propiciar esas condiciones alrededor de todas las inversiones, y no solamente esperar, como pasivo actor, que se den.
De hecho, esas cosas que el gobierno estatal dice desear respecto del funcionamiento de los megaproyectos de inversión en el estado son las mismas que los ciudadanos querríamos en torno a los megaproyectos, y en general a todos los componentes del desarrollo económico que urge al estado, con la diferencia de que los ciudadanos no somos entes empoderados en la construcción de políticas públicas ni del fomento a la inversión privada, y en cambio sí podemos ser simples espectadores de una realidad que deseamos de buena fe vaya por el mejor de los derroteros.
El gobierno estatal ha insistido en su carácter ciudadano, y a lo mejor contaminado por el cuestionable adjetivo, asume que puede hacer por la atracción de inversiones lo mismo que cualquier ciudadano (sentarse tranquilo y pacífico en su casa esperando lo mejor); pero olvidan probablemente que son gobierno y así debieran promover, entonces el diálogo y la concertación, una palabra en lamentable desuso para los morelenses de hogaño. El asunto, en todo caso, es preguntarnos cómo hacemos para que el desarrollo económico del estado ocurra de la mejor manera, y propiciar esas condiciones. No obstante, pareciera que en el plano local hay un confort enorme en sentarse a esperar que el diálogo necesario entre los opositores a los proyectos de inversión (que pueden tener razones atendibles), y los promotores de las mismas (que también tienen sus argumentos), ocurra como una casualidad, como uno de los milagros que todos esperan de la cuarta transformación. Lo cierto es que eso no ocurrirá por sí solo, gran parte del papel del gobierno estatal en el fomento a las inversiones es actuar como conciliador de los intereses múltiples que se tejen alrededor de los proyectos de inversión, de cualquier envergadura, porque está visto que en Morelos la ley que existe no es garante suficiente para el establecimiento de proyectos productivos. Así, los municipios concilian, por ejemplo con los vecinos y los propietarios de las empresas para permitir la instalación de diversos giros de negocios, desde gasolineras hasta restaurantes y escuelas. Lo mismo debiera ocurrir en el caso de las grandes inversiones. Pronunciarse como gobierno en contra de un proyecto de inversión que cumple los requisitos de ley, sin haber buscado la conciliación entre las partes, es un ejercicio abusivo del poder que se les ha conferido. El estatal no lo ha hecho, pero ha habido ya municipios que se excedieron en sus facultades.
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