Los casi 400 millones de pesos que representa el pago de 50 días de aguinaldos a trabajadores de educación media superior y superior y jubilados de la educación básica para el estado de Morelos, parecen serle suficientes a la Secretaría de Educación Pública para iniciar un pleito innecesario contra el magisterio agrupado en el SNTE. Porque es el mismo que han intentado ya en otras oraciones e invariablemente han perdido. Cada vez que el gobierno estatal intenta desconocer la obligación, termina pagándola, aunque a regañadientes y a veces en partes, la prestación reconocida desde 2006 por el decreto 876 que adiciona el 225 que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.
En enero del 2006, la administración de Sergio Estrada Cajigal emitió el ordenamiento de marras, en que se adiciona un transitorio que obliga al Ejecutivo y el Congreso a contemplar en el presupuesto de egresos del estado “una partida presupuestal tendiente a garantizar el derecho mencionado”, tanto en el presupuesto de entonces como en los subsecuentes.
La redacción del documento, párrafo a párrafo, podría prestarse a confusiones, pero en conjunto el texto obliga al gobierno estatal a pagar 50 días adicionales de aguinaldo a los trabajadores homologados y a los jubilados que hayan prestado servicios educativos en el estado; e incluso el hecho se reconoció en una minuta firmada por el SNTE y el entonces gobernador, Graco Ramírez.
La negativa de las administraciones a pagar ha sido reiterada; incluso Graco, después de haber signado la minuta, retuvo el aguinaldo de homologados por varias semanas. Marco Adame también “castigó” a los jubilados de la educación básica reteniendo la prestación. A final de cuentas, el aguinaldo se pagaba, aunque a veces no a todos, y a veces no todo.
En todo caso, sorprendería que ahora bajo la administración de Eliacín Salgado, de origen homologado y quien acompañó la lucha sindical por garantizar el complemento de la prestación, nuevamente se exhiba la negativa de pago, pero el propio director del IEBEM se ha marginado de la discusión, transfiriéndola a un mucho menos comprometido Secretario de Educación.
Además del desorden en el gasto que parece limitar las posibilidades de pago del gobierno estatal, hay dos componentes políticos que, para quienes han estado en las discusiones desde la parte sindical, podrían influir en el pleito. Primero el cobro de la factura pendiente entre aliados políticos de la anterior elección. Nueva Alianza, partido vinculado al sindicato, postuló algunos candidatos junto a Morena y el PES, los candidatos del PES impulsados por la alianza, particularmente el favorito del gobierno estatal, Jorge Argüelles, no pudieron ganar su elección; pero el adversario de la actual administración, Agustín Alonso, sí logró ser diputado bajo las siglas de Nueva Alianza. Segundo, la cercanía del relevo en la dirigencia sindical en la que Eliacín Salgado y otros funcionarios del IEBEM parecen bastante interesados.
El cálculo es evidentemente erróneo. Pase lo que pase, el SNTE va a ganarles esta batalla, sea por la vía de la protesta (y en eso el sindicato ha recuperado bríos); o por la negociación. En ambos casos se fortalece.
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