/ miércoles 9 de diciembre de 2020

Comienza el tercer año de gobierno de AMLO

En medio de la pandemia del siglo, con la oposición de grupos empresariales y los intentos desesperados de restauración por parte de la derecha, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llega a su tercer año con notables conquistas, básicamente una economía en recuperación, empleos al alza y la proximidad de inmunizar a la población con vacunas creadas por varias empresas de nivel mundial.

Hay que ser realistas: aunque las obras del antiguo proyecto de aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco, hoy están bajo las aguas, y es evidente que fueron producto de un fraude masivo, los inversionistas ligados al peñismo no perdonan a la Cuarta Transformación (4T) el haber abandonado las obras, y hacerlos perder cuantiosas e ilícitas ganancias.

Siempre hubo desconfianza de los empresarios privados hacia los planteamientos de AMLO. En dos elecciones (2006 y 2012) agitaron el fantasma del populismo, haciéndolo pasar como sinónimo de chavismo y de castrismo. En el fondo, era el temor a que les quitara los privilegios que tuvieron durante más de 30 años (de 1988 a 2018, de Salinas a Peña Nieto).

Con empresas que no pagaban impuestos, y recibían exenciones y condonaciones por miles de millones de pesos (en lo que va del sexenio, se han recuperado más de 300 mil millones de pesos en impuestos atrasados) con un movimiento obrero controlado; con gobiernos como el de Fox, públicamente favorable a ellos; con salvamentos tipo Fobaproa, mediante los cuales el gobierno convertía en públicas las deudas privadas y expoliaba a la población por lustros, los empresarios nadaban muy contentos en un mar de corrupción.

Pero en una reunión con banqueros en Acapulco, en plena campaña electoral, AMLO les advirtió: Si se permite un nuevo fraude electoral, yo me retiro a mi rancho y a ver quién amarra al tigre. Aunque pusieron el grito en el cielo, asimilaron la amenaza. Andrés Manuel López Obrador, puso en evidencia que en dos ocasiones (2006 y 2012) él se vio obligado a contener a las masas indignadas, que en protesta por los fraudes querían tomar el Palacio Nacional y las principales avenidas y edificios, y no solo en la capital.

Con más de 30 millones de votos la población dejó en claro su rechazo al viejo régimen. Su repudio a la corrupción, al salvamento de empresas quebradas, a la transa en los asuntos públicos, a las comaladas de millonarios de cada sexenio. Al régimen de terror, represión, nepotismo y explotación del capitalismo del subdesarrollo en México.

AMLO no está construyendo un régimen socialista, ni cercano al castrismo o al chavismo. No se están destruyendo las viejas instituciones, sino renovándolas y depurándolas de corrupción. Hoy se trata de construir una nueva economía con base en el apoyo a los grupos vulnerables, que además sirve para mantener y aumentar la masa de circulante monetario, y por lo tanto incrementar el comercio, la industria y las actividades productivas y de servicios.

Por tal razón, AMLO mantiene un sólido apoyo en el seno del pueblo. Hay millones de mexicanos beneficiados directa o indirectamente por el nuevo gobierno. Los jóvenes sin empleo, los ancianos, las madres solteras, los estudiantes forman una sólida base social que da sustento al nuevo régimen, sin descontar fuertes núcleos de obreros y productores agrícolas.

EL ASUNTO DE ALFONSO ROMO

Al cumplir dos años al frente de la oficina presidencial, el empresario regiomontano Alfonso Romo presentó su renuncia, arguyendo que así lo había pactado con AMLO desde el principio. La derecha tomó el asunto en sus manos para presentarla como una ruptura, tras la cual subyace el descontento general de los empresarios con el actual gobierno.

Pero una ligera revisión de los hechos nos revela lo contrario: Al momento de renunciar, Romo ya no tenía en sus manos el control de las relaciones del gobierno con los empresarios. Los programas de inversión conjunta con la iniciativa privada no eran gestionados por él, sino directamente por la secretaría de Hacienda.

Asimismo, Romo no jugaba ningún papel en torno a las inversiones privadas en el área de infraestructura eléctrica, y en el tema del outsourcing era notoria su falta de influencia y conexión. En síntesis: por las manos de Romo ya no pasaba ningún asunto importante en cuanto a las relaciones del empresariado con el nuevo régimen.

Pero Romo no era ya solo un florero que adornara la sala presidencial. Más bien, había generado mucho descontento por su afán de intervenir en asuntos de otras secretarías, como la de Hacienda, donde trató de infiltrar personal para controlarla (recordemos la queja de Urzúa) o bien sus conflictos de interés en varios temas, porque Romo sigue siendo empresario en activo.

Pero la sentencia contra Alfonso Romo en tanto funcionario público fue dictada cuando estalló el escándalo de la empresa Enerall, de su propiedad, en Yucatán, en 2019, donde grupos de productores y de ambientalistas le reclamaron el desastroso manejo de agua en la región de Tizimín, al noreste de la entidad yucateca.

La empresa propiedad de la familia Romo extrae agua de subsuelo para irrigar constantemente unas 15 mil hectáreas en esa región, durante 270 días al año, a través de 60 pozos y 30 pivotes que trabajan durante 7 horas al día. A través de tecnología de punta con base en microorganismos riega cultivos de maíz, sorgo y soya, entre otros. Según sus propias palabras, ese sistema cubriría de vegetación los terrenos calcáreos sobre los que se asienta, haciendo en un año lo que la naturaleza solo podría hacer en dos centurias.

Este sistema recibió el rechazo de las comunidades indígenas por la explotación a que se les sometía, y de los ambientalistas por haber destruido un cenote y haber reducido en un 50 por ciento la disponibilidad de agua en toda la península. Además, las dependencias oficiales no lo castigaron cuando recibieron las quejas, porque las inhibió la posición que ostentaba, al ser jefe de la oficina presidencial del gobierno obradorista.

Se trata básicamente de un conflicto de interés y se comprende. Cuando estalló el escándalo, en 2019, AMLO habló en general de no tolerar a quienes dañen el entorno ambiental. Pero no lo podía despedir –como lo hizo sin miramientos con su secretaria de Medio Ambiente Josefa González Blanco-Ortiz Mena por un asunto mucho menor—porque se trataba del enlace entre Presidencia y la quisquillosa iniciativa privada.

Lo que resulta evidente es que Alfonso Romo a partir de esos hechos paulatinamente dejó de ser políticamente relevante; que por sus manos ya no pasaban asuntos vitales; que fue recibiendo muchas más críticas que elogios, hasta desgastarlo por completo, para llegar finalmente a la formalidad de su renuncia “por haber cumplido el ciclo de dos años” pactado entre él y AMLO.

Finalmente, se puede concluir que es cierto que la función pública está reñida con los negocios privados. Tratar de obtener ganancias es lícito. Pero ya no es tanto si quien las obtiene es funcionario público que debe despojarse de muchos intereses particulares. Los tiempos de Fox ya pasaron, y no solo porque ya los directivos del gobierno han dejado de usar botas vaqueras.

En medio de la pandemia del siglo, con la oposición de grupos empresariales y los intentos desesperados de restauración por parte de la derecha, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llega a su tercer año con notables conquistas, básicamente una economía en recuperación, empleos al alza y la proximidad de inmunizar a la población con vacunas creadas por varias empresas de nivel mundial.

Hay que ser realistas: aunque las obras del antiguo proyecto de aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco, hoy están bajo las aguas, y es evidente que fueron producto de un fraude masivo, los inversionistas ligados al peñismo no perdonan a la Cuarta Transformación (4T) el haber abandonado las obras, y hacerlos perder cuantiosas e ilícitas ganancias.

Siempre hubo desconfianza de los empresarios privados hacia los planteamientos de AMLO. En dos elecciones (2006 y 2012) agitaron el fantasma del populismo, haciéndolo pasar como sinónimo de chavismo y de castrismo. En el fondo, era el temor a que les quitara los privilegios que tuvieron durante más de 30 años (de 1988 a 2018, de Salinas a Peña Nieto).

Con empresas que no pagaban impuestos, y recibían exenciones y condonaciones por miles de millones de pesos (en lo que va del sexenio, se han recuperado más de 300 mil millones de pesos en impuestos atrasados) con un movimiento obrero controlado; con gobiernos como el de Fox, públicamente favorable a ellos; con salvamentos tipo Fobaproa, mediante los cuales el gobierno convertía en públicas las deudas privadas y expoliaba a la población por lustros, los empresarios nadaban muy contentos en un mar de corrupción.

Pero en una reunión con banqueros en Acapulco, en plena campaña electoral, AMLO les advirtió: Si se permite un nuevo fraude electoral, yo me retiro a mi rancho y a ver quién amarra al tigre. Aunque pusieron el grito en el cielo, asimilaron la amenaza. Andrés Manuel López Obrador, puso en evidencia que en dos ocasiones (2006 y 2012) él se vio obligado a contener a las masas indignadas, que en protesta por los fraudes querían tomar el Palacio Nacional y las principales avenidas y edificios, y no solo en la capital.

Con más de 30 millones de votos la población dejó en claro su rechazo al viejo régimen. Su repudio a la corrupción, al salvamento de empresas quebradas, a la transa en los asuntos públicos, a las comaladas de millonarios de cada sexenio. Al régimen de terror, represión, nepotismo y explotación del capitalismo del subdesarrollo en México.

AMLO no está construyendo un régimen socialista, ni cercano al castrismo o al chavismo. No se están destruyendo las viejas instituciones, sino renovándolas y depurándolas de corrupción. Hoy se trata de construir una nueva economía con base en el apoyo a los grupos vulnerables, que además sirve para mantener y aumentar la masa de circulante monetario, y por lo tanto incrementar el comercio, la industria y las actividades productivas y de servicios.

Por tal razón, AMLO mantiene un sólido apoyo en el seno del pueblo. Hay millones de mexicanos beneficiados directa o indirectamente por el nuevo gobierno. Los jóvenes sin empleo, los ancianos, las madres solteras, los estudiantes forman una sólida base social que da sustento al nuevo régimen, sin descontar fuertes núcleos de obreros y productores agrícolas.

EL ASUNTO DE ALFONSO ROMO

Al cumplir dos años al frente de la oficina presidencial, el empresario regiomontano Alfonso Romo presentó su renuncia, arguyendo que así lo había pactado con AMLO desde el principio. La derecha tomó el asunto en sus manos para presentarla como una ruptura, tras la cual subyace el descontento general de los empresarios con el actual gobierno.

Pero una ligera revisión de los hechos nos revela lo contrario: Al momento de renunciar, Romo ya no tenía en sus manos el control de las relaciones del gobierno con los empresarios. Los programas de inversión conjunta con la iniciativa privada no eran gestionados por él, sino directamente por la secretaría de Hacienda.

Asimismo, Romo no jugaba ningún papel en torno a las inversiones privadas en el área de infraestructura eléctrica, y en el tema del outsourcing era notoria su falta de influencia y conexión. En síntesis: por las manos de Romo ya no pasaba ningún asunto importante en cuanto a las relaciones del empresariado con el nuevo régimen.

Pero Romo no era ya solo un florero que adornara la sala presidencial. Más bien, había generado mucho descontento por su afán de intervenir en asuntos de otras secretarías, como la de Hacienda, donde trató de infiltrar personal para controlarla (recordemos la queja de Urzúa) o bien sus conflictos de interés en varios temas, porque Romo sigue siendo empresario en activo.

Pero la sentencia contra Alfonso Romo en tanto funcionario público fue dictada cuando estalló el escándalo de la empresa Enerall, de su propiedad, en Yucatán, en 2019, donde grupos de productores y de ambientalistas le reclamaron el desastroso manejo de agua en la región de Tizimín, al noreste de la entidad yucateca.

La empresa propiedad de la familia Romo extrae agua de subsuelo para irrigar constantemente unas 15 mil hectáreas en esa región, durante 270 días al año, a través de 60 pozos y 30 pivotes que trabajan durante 7 horas al día. A través de tecnología de punta con base en microorganismos riega cultivos de maíz, sorgo y soya, entre otros. Según sus propias palabras, ese sistema cubriría de vegetación los terrenos calcáreos sobre los que se asienta, haciendo en un año lo que la naturaleza solo podría hacer en dos centurias.

Este sistema recibió el rechazo de las comunidades indígenas por la explotación a que se les sometía, y de los ambientalistas por haber destruido un cenote y haber reducido en un 50 por ciento la disponibilidad de agua en toda la península. Además, las dependencias oficiales no lo castigaron cuando recibieron las quejas, porque las inhibió la posición que ostentaba, al ser jefe de la oficina presidencial del gobierno obradorista.

Se trata básicamente de un conflicto de interés y se comprende. Cuando estalló el escándalo, en 2019, AMLO habló en general de no tolerar a quienes dañen el entorno ambiental. Pero no lo podía despedir –como lo hizo sin miramientos con su secretaria de Medio Ambiente Josefa González Blanco-Ortiz Mena por un asunto mucho menor—porque se trataba del enlace entre Presidencia y la quisquillosa iniciativa privada.

Lo que resulta evidente es que Alfonso Romo a partir de esos hechos paulatinamente dejó de ser políticamente relevante; que por sus manos ya no pasaban asuntos vitales; que fue recibiendo muchas más críticas que elogios, hasta desgastarlo por completo, para llegar finalmente a la formalidad de su renuncia “por haber cumplido el ciclo de dos años” pactado entre él y AMLO.

Finalmente, se puede concluir que es cierto que la función pública está reñida con los negocios privados. Tratar de obtener ganancias es lícito. Pero ya no es tanto si quien las obtiene es funcionario público que debe despojarse de muchos intereses particulares. Los tiempos de Fox ya pasaron, y no solo porque ya los directivos del gobierno han dejado de usar botas vaqueras.