México está avanzando rápidamente en el marcador de daños por COVID-19: casos confirmados, decesos y también penetración del daño económico. En nuestro país se tomaron cinco decisiones que tendrán profundas consecuencias en la vida y la salud de los mexicanos y creo que vale la pena tenerlas en mente para ir valorándolas en diferentes momentos.
La primera fue el acuerdo temprano del Consejo de Salubridad General que es la máxima instancia para la toma de decisiones de salud en México y que depende directamente del Presidente delegando en el gobierno federal la atención de la pandemia. Posteriormente, ya en la práctica, el gobierno la delegó en una sola persona, el subsecretario López Gatell. A partir de ese acuerdo, el Consejo no ha vuelto a sesionar para evaluar o modificar las medidas tomadas por el subsecretario.
Hay voces que consideran que al delegar la atención de la pandemia a una sola persona se perdió capacidad de concertación sobre todo entre los gobiernos estatales que comenzaron muy pronto a expresarse en el sentido de que las medidas no estaban atendiendo de raíz el problema local. La respuesta ha sido clara, los estados no cuentan con recursos extraordinarios para la implantación de medidas adicionales ni en prevención ni en atención médica ni en programas de rescate del empleo. Es más, recientemente se les notificó que sufrirán una reducción significativa en participaciones federales debido a la caída en los ingresos nacionales.
La segunda decisión fue haber apostado a la inmunidad de rebaño en la cual no se evita el contagio con la finalidad de que se infecte el mayor número de personas y desarrollen inmunidad natural. Tomando en cuenta la tasa de contagio de COVID-19 se requeriría que 70% de la población del país se infectara para que existiera esta protección, además que la protección debiera ser de largo plazo.
La realidad es que en ningún país el contagio ha superado el 10% de la población igualmente la evidencia indica que la inmunidad natural es de corto plazo. Tampoco sabíamos en ese entonces que los pacientes con síntomas leves e inclusive los asintomáticos pueden tener secuelas de la infección en forma de daño pulmonar irreversible. Países como el Reino Unido abandonaron la estrategia cuando valoraron el enorme costo social y en salud que implica para la población.
La tercera decisión fue haber transformado un indicador de éxito como es la ocupación hospitalaria en el eje de la estrategia dejando de lado todos los demás aspectos. Es cada vez más frecuente que se publiquen evidencias que el triage hospitalario está administrando el ingreso de pacientes con síntomas graves con la finalidad de no saturar los hospitales, regresándolos a sus casas sin seguimiento médico. Por protocolo, a estos pacientes no se les aplica la prueba y, en caso de fallecer, no se les identifica COVID-19 como causa de muerte lo cual abona al subregistro.
Como parte de la estrategia se redirigió la capacidad hospitalaria pública del país a COVID-19 dejando fuera a todos los demás padecimientos lo cual va a incrementar aún más el número de muertes prevenibles. El reclutamiento de hospitales particulares para atender a estos pacientes resultará extremadamente caro y posiblemente igual de limitado.
La cuarta decisión consistió en que el modelo para la pandemia, es decir el tipo de proyección matemática que nos permite predecir su comportamiento, fuera del tipo SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado) dejando fuera a los expuestos, es decir, a los infectados asintomáticos.
Por esta razón no se aplicaron pruebas masivas lo que en la práctica tuvo como consecuencia que los asintomáticos no se aíslen a tiempo evitando así cortar las cadenas de transmisión del contagio.
Finalmente, la decisión de no lanzar programas temporales para salvar el empleo. En un país como México con una tasa de informalidad laboral rozando el 50% de la población ocupada era de esperarse que la implantación del confinamiento tuviera consecuencias devastadoras en la economía familiar. Si a eso le sumamos que 95% de todas las empresas en México tienen menos de 10 empleados y que prácticamente todas ellas son de servicios, una interrupción en la economía llevará inevitablemente a una pérdida masiva del empleo quizá superior a los 12 millones actualmente considerados.
Este momento es crítico, se han agotado los ahorros de empresarios y jefes de familia, se ha desacelerado la producción de bienes, la economía de nuestros socios comerciales se encuentra igual de afectada que la nuestra y nos encontramos ante un escenario incierto que impone la reactivación de las actividades productivas. Pero lo primero es lo primero y eso es la vida y la salud de todos nosotros o así debería ser.
Información adicional de éste y otros temas de interés visiten http://reivindicandoapluton.blogspot.mx
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