/ jueves 1 de agosto de 2019

Carreteras y decisiones políticas

La infraestructura carretera es fundamental para el desarrollo económico de cualquier región, esto que es un lugar común toma especial importancia por la colección de problemas que enfrenta Morelos en materia de conectividad (a pesar de ser un estado muy pequeño) y que empiezan por el riesgo de accidentes y asaltos en carreteras y pasan por la toma constante de casetas de peaje y los errores descomunales en la construcción de vías cuyo costo se eleva a niveles insostenibles para cualquier gobierno.

En Morelos tenemos de todo, desde un puente que no se ha concluido y ya tiene deterioro grave y por si fuera poco no conecta a ningún lado con ningún otro, hasta una vía rápida que ha cobrado decenas de vidas en dos años por problemas de construcción que ocasionan constantes accidentes viales. Además, son constantes las tomas de casetas de peaje por grupos de manifestantes que piden cooperación a los vehículos a cambio de permitirles el paso. Las obras inconclusas generan retrasos enormes en la interconexión entre ciudades y poblados, lo que afecta la eficiencia del transporte público y de carga, además de inhibir el turismo. El mantenimiento en los tramos cedidos a los municipios y al gobierno estatal es sumamente desigual en cada región. La afición de los ayuntamientos por colocar topes y otras formas de bloqueo sobre las carreteras entorpece el tránsito y la falta de medidas mayores de seguridad permite constantes accidentes, en algunos casos trágicos.

El problema de las carreteras en el estado es evidente y llega al grado de que se tengan que redefinir las rutas de evacuación de la zona de riesgo volcánico porque las que existen hoy no permitirían la salida de todos los habitantes del área a tiempo, en el escenario más extremo; pero en el análisis económico diario tendría que reconocerse la pérdida que significa el estado de las carreteras locales cuya rehabilitación es urgente. El problema es que las obras carreteras están asociadas con esquemas de corrupción terribles, como en el caso del Paso Exprés, que han provocado la sospecha de muchos ciudadanos y grupos de interés, limitando las posibilidades de desarrollo de las vías.

Por si los problemas anteriores fueran pocos, este miércoles en la celebración de aniversario de Capufe el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, cuantificó en 4 millones de pesos diarios la pérdida por tomas de casetas de cobro de Capufe, para lo que solicitará la presencia de la Guardia Nacional como medida de disuasión. Los 4 millones de pesos diarios que cuesta al país la toma de casetas por manifestantes diversos (normalmente grupos políticos que se financian a través de los “donativos” que obtienen en esas actividades), resultarían muy útiles en el mantenimiento de las vías carreteras de todo el país. Y la Guardia Nacional bien podría cuidar las carreteras en donde se registran asaltos frecuentes en lugar de ocuparse de quienes han hecho de las “liberaciones” de casetas de cobro, su modus vivendi. La sanción a quienes incurren en esas prácticas, tendría que aplicarse, pero esas decisiones se toman en la esfera política y no en la de seguridad.

Curioso que lejos de concentrarse en solucionar los problemas actuales y evidentes de la red carretera, Capufe esté dispuesta a licitar otro estudio sobre el Paso Exprés (como si no hubiera información puntual suficiente de los problemas que registra la vía), y pagar otra millonada, para decidir si se dedica a arreglar y qué partes del tramo carretero que ya podría incluirse entre los más peligrosos del país por la cantidad de accidentes y muertes que ha provocado. A final de cuentas, la SCT y Capufe parecen seguir en la dinámica de siempre, al fin que ya han dicho que la economía no debe ser manejada por economistas y las decisiones sobre esa materia tienen que tomarlas los políticos.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La infraestructura carretera es fundamental para el desarrollo económico de cualquier región, esto que es un lugar común toma especial importancia por la colección de problemas que enfrenta Morelos en materia de conectividad (a pesar de ser un estado muy pequeño) y que empiezan por el riesgo de accidentes y asaltos en carreteras y pasan por la toma constante de casetas de peaje y los errores descomunales en la construcción de vías cuyo costo se eleva a niveles insostenibles para cualquier gobierno.

En Morelos tenemos de todo, desde un puente que no se ha concluido y ya tiene deterioro grave y por si fuera poco no conecta a ningún lado con ningún otro, hasta una vía rápida que ha cobrado decenas de vidas en dos años por problemas de construcción que ocasionan constantes accidentes viales. Además, son constantes las tomas de casetas de peaje por grupos de manifestantes que piden cooperación a los vehículos a cambio de permitirles el paso. Las obras inconclusas generan retrasos enormes en la interconexión entre ciudades y poblados, lo que afecta la eficiencia del transporte público y de carga, además de inhibir el turismo. El mantenimiento en los tramos cedidos a los municipios y al gobierno estatal es sumamente desigual en cada región. La afición de los ayuntamientos por colocar topes y otras formas de bloqueo sobre las carreteras entorpece el tránsito y la falta de medidas mayores de seguridad permite constantes accidentes, en algunos casos trágicos.

El problema de las carreteras en el estado es evidente y llega al grado de que se tengan que redefinir las rutas de evacuación de la zona de riesgo volcánico porque las que existen hoy no permitirían la salida de todos los habitantes del área a tiempo, en el escenario más extremo; pero en el análisis económico diario tendría que reconocerse la pérdida que significa el estado de las carreteras locales cuya rehabilitación es urgente. El problema es que las obras carreteras están asociadas con esquemas de corrupción terribles, como en el caso del Paso Exprés, que han provocado la sospecha de muchos ciudadanos y grupos de interés, limitando las posibilidades de desarrollo de las vías.

Por si los problemas anteriores fueran pocos, este miércoles en la celebración de aniversario de Capufe el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, cuantificó en 4 millones de pesos diarios la pérdida por tomas de casetas de cobro de Capufe, para lo que solicitará la presencia de la Guardia Nacional como medida de disuasión. Los 4 millones de pesos diarios que cuesta al país la toma de casetas por manifestantes diversos (normalmente grupos políticos que se financian a través de los “donativos” que obtienen en esas actividades), resultarían muy útiles en el mantenimiento de las vías carreteras de todo el país. Y la Guardia Nacional bien podría cuidar las carreteras en donde se registran asaltos frecuentes en lugar de ocuparse de quienes han hecho de las “liberaciones” de casetas de cobro, su modus vivendi. La sanción a quienes incurren en esas prácticas, tendría que aplicarse, pero esas decisiones se toman en la esfera política y no en la de seguridad.

Curioso que lejos de concentrarse en solucionar los problemas actuales y evidentes de la red carretera, Capufe esté dispuesta a licitar otro estudio sobre el Paso Exprés (como si no hubiera información puntual suficiente de los problemas que registra la vía), y pagar otra millonada, para decidir si se dedica a arreglar y qué partes del tramo carretero que ya podría incluirse entre los más peligrosos del país por la cantidad de accidentes y muertes que ha provocado. A final de cuentas, la SCT y Capufe parecen seguir en la dinámica de siempre, al fin que ya han dicho que la economía no debe ser manejada por economistas y las decisiones sobre esa materia tienen que tomarlas los políticos.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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