La división de poderes y la existencia de órganos constitucionales autónomos son características de los estados modernos, se consideran necesarios para el buen gobierno y el control del poder político.
En México tenemos un Congreso formado por Cámara de Diputados y Senado de la República. El Senado se eliminó en 1856 y se restauró en 1874. Muchos países en Latinoamérica y el mundo tienen solo Cámara.
Al Senado se le atribuye la función de representar los intereses de las entidades federativas en el pacto federal, actualmente se integra por 96 senadores electos de forma directa por los votos de la ciudadanía: 64 de mayoría relativa (2 por estado) y 32 (1 por estado) que representan a la primera minoría de cada estado. Más 32 una lista nacional registrada por los partidos políticos.
Para efectivamente representar el pacto federal hay que eliminar los senadores que representan a los partidos políticos.
El proceso para crear leyes se define en el “marco legislativo y la normatividad interna del Congreso general y sus cámaras”, su incumplimiento puede dar lugar a la inconstitucionalidad de las leyes o sus reformas, procediendo por este motivo una acción de inconstitucionalidad. Si estas leyes o reformas afectan la competencia de los órdenes de gobierno federal, estatal o municipal por invasión o distribución procede la controversia constitucional. Estos medios de defensa se presentan ante el poder judicial federal.
Se observa un incremento en los recursos que impugnan las leyes o sus reformas elaboradas por las legislaturas de 2012 a 2022, puntualmente sus peores años son 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022, la calidad del trabajo y la representatividad de los de legisladores se ha demeritado.
Es necesario reforzar el cumplimiento del marco legal de los procesos legislativos y profesionalizar la tarea legislativa. Los legisladores más allá de sus obligaciones como militantes de un partido o de su compromiso con sus liderazgos políticos, tienen que legislar apegados a derecho, y el Congreso debe activar el servicio profesional de carrera.
El Senado es una instancia política importante, ha sido cuna de gobernadores y sus integrantes son considerados aspirantes naturales a gobernar el estado que representan, como ejemplo: de las legislaturas LII y LIII (1982-1988) salieron 14 gobernadores, la legislatura LIII (1985-1988) realizó la consulta nacional para el proceso de adhesión de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, y en el contexto del PRI como partido hegemónico los aspirantes a su candidatura presidencial comparecieron al pleno en 1987.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales participa en la integración de los poderes ejecutivo y judicial, ratifica los nombramientos de embajadores, secretario de la función pública, altos funcionarios del sector hacendario y ministros de la Corte; y designa a quienes integran los órganos constitucionales autónomos. Está obligado a realizar esta función, imaginemos un gobierno sin secretarios, embajadores o integrantes de los órganos constitucionales autónomos.
Incumplir estas obligaciones causa la responsabilidad política señalada en la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que constituye “ataque a las instituciones democráticas… a la forma de gobierno republicano, representativo, federal… infracción a la Constitución… [y] leyes federales [causa] perjuicios graves a la Federación… la sociedad… [y trastorna] el funcionamiento normal de las instituciones”.
Los senadores están incurriendo en responsabilidad política y pueden ser sujetos a juicio político.
Un Senado que no ejerce sus atribuciones es innecesario y es mejor que desaparezca.
Soñar no cuesta.
Cuernavaca, Morelos a 3 de mayo de 2023.
carlos.riva.palacio.than@hotmail.com
