Los argumentos en torno a presentar los elementos atractivos del sistema presidencial, pueden ser aprovechados mediante un diseño institucional cuidadoso. El primer argumento es que la legitimidad dual puede ser regulada si los poderes están claramente definidos y el método de elección limita la fragmentación del sistema de partidos, de esa forma el votante puede ejercer control ciudadano en el gobierno democrático representativo al escoger entre la oferta de partido en mando o bien en la oposición. Esto permite que las minorías partidarias puedan ofertarse como una posibilidad en todo el espectro político para el ciudadano, circunstancia que en el modelo parlamentario Westminster no funciona, logrando que el reclamo de las minorías influyentes pueda romper con el sistema político parlamentario, como ha ocurrido en el Tercer mundo.
Por tanto, una elección presidencial puede ser estructurada como una contienda en la que el votante se identifica con el gobierno o con la oposición, o bien con opciones que posteriormente adquirirán fuerza parlamentaria o incluso llegar al ocupar el mando del poder Ejecutivo.
El politólogo, Juan Linz no distingue entre tipos de sistemas presidenciales y parlamentarios, lo cual genera un vacío importante sobre las múltiples combinaciones entre regímenes y al mismo tiempo la necesidad de completar el análisis a través del estudio del tipo de constitución y sus elementos institucionales específicos. Esto Inclina al autor el abogar por un presidencialismo débil en términos legislativos, que incluyen el procedimiento de veto total o parcial, el poder de decreto para emitir leyes vinculantes y monopolizar la planeación gubernamental en lo económico u otras áreas de política estratégicas, todo ello para contrarrestar los excesos de poder presidencial, aminorando los problemas del presidencialismo y volver más factible modificarlo en lo constitucional e institucional a cambiar hacia un sistema parlamentario, por los costos políticos que conlleva.
Sin embargo dependerá en gran medida de la naturaleza y dinámica del sistema de partidos, dado que en nuestro país el presidente, aunque tiene autoridad constitucionalmente limitada en el congreso, el control e influencia en su partido y, en general en la coalición gobernante, en los legisladores suele generar mayor poder de facto que el conferido.
Aceptamos la ponderación del autor sobre preferir transformar y mejorar el diseño constitucional e institucional del sistema presidencial, liberalizando los espacios en la toma de decisiones gubernamentales en el paradigma de la gobernanza y la construcción regional de la política pública privilegiando la consolidación de una cultura política municipal participativa. Esa monopolización gubernamental de facto, no sólo la ejerce el presidente en torno a sus funciones (limitadas) por la ley orgánica de la administración pública federal.
También, los rasgos de esa monopolización son políticos al ejercer el control de los acuerdos parlamentarios que, requiere su plan (político). Desatorar ese nudo ya no sólo depende de las expectativas de su liderazgo, sino de la realidad que, ha marcado su rol de efectivo contrapeso y, el caso de la tragedia de la línea 12 del metro, es sólo una evidencia notable de su capacidad de (no) hacer.
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