Daniel Martínez

  / miércoles 19 de junio de 2019

Buscar la paz entre tanta bala…

Fueron 19 los impactos de bala sobre el vehículo de la diputada Érika García Zaragoza del Partido del Trabajo. Desde cualquier óptica se trata de un asunto delicado y así lo demuestra la reacción inmediata de una aletargada clase política morelense. El Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo de inmediato se pronunció en contra de la violencia y demandó a la Fiscalía General del Estado dar con los responsables y agotar la investigación de los hechos. Igual hicieron los diputados en el Congreso del Estado que también demandaron mayor seguridad. También lo hizo la Senadora Lucía Meza. El Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado más o menos en el mismo sentido. La violencia en Morelos ha sido muy grave hace muchos meses, más de los que lleva la actual administración del estado.

Más allá de los siempre acres comentarios que pululan en el imaginario colectivo sobre la clase política y en particular sobre los diputados, tendría que advertirse la gravedad del caso en tanto se trata de una legisladora de un partido cuestionado por sospechas de relaciones con grupos criminales (uno de sus miembros es el alcalde Alfonso Miranda, quien administra la ciudad desde un penal donde se mantiene mientras se revisa el proceso en su contra por delincuencia organizada, secuestro y homicidio); pero también porque la coalición formada por el PT, Morena y Encuentro Social fue la ganadora en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de dos figuras carismáticas, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Antes de intentar establecer relaciones entre el presidente o el gobernador y los legisladores locales, conviene recordar que los candidatos a cargos menores, alcaldías, diputaciones locales y regidurías, se subieron a la ola generada por la altísima popularidad que tenían entonces López Obrador y Blanco Bravo, y fueron postulados desde sus partidos políticos que repartieron los espacios a manera de cuotas. Es decir, no se trata de una legisladora ni del gobernador, ni del presidente; incluso es conocida la distancia que han marcado el Ejecutivo y el Legislativo morelenses desde el inicio de la administración de Blanco Bravo.

De los hechos hay pocos datos que sirvan al momento para dilucidar responsabilidades; aunque tratándose de la función de legisladora de la víctima, tendría que entenderse como un crimen político, y lo es en la medida de su efecto, más allá del origen que haya tenido. Desde los primeros minutos después del atentado, la movilización de la clase política fue de una velocidad que desearíamos hubiera en la Fiscalía General del Estado. La contundencia de las declaraciones reprobando el hecho se hizo sentir de inmediato y parecía que, por un momento, todos los políticos se habían puesto de acuerdo en algo.

Más allá de las declaraciones hay verdades contundentes que deben afrontarse; primero, la urgencia de reforzar la estrategia de seguridad que incluye una mayor eficiencia de las autoridades de investigación criminal; segundo, la necesidad de un pacto político que permita superar las múltiples rupturas entre los grupos que llegaron al poder en la atípica elección del 2018, y que tenga como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida en el estado. Sin afán de censurar a ninguna de las autoridades ni a los representantes populares del estado, la paz que buscan a través de estrategias de seguridad en las que participan o las que exigen, sólo será completa si se pacifican primero ellos con sus grupos, con sus adversarios políticos, y con la sociedad. Por supuesto que no hay elementos aún para sospechar que el atentado haya provenido de adversarios políticos, pero tendrá que reconocerse que el clima de enfrentamiento entre grupos estorba la coordinación indispensable para fortalecer la seguridad en una sociedad tan compleja.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Fueron 19 los impactos de bala sobre el vehículo de la diputada Érika García Zaragoza del Partido del Trabajo. Desde cualquier óptica se trata de un asunto delicado y así lo demuestra la reacción inmediata de una aletargada clase política morelense. El Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo de inmediato se pronunció en contra de la violencia y demandó a la Fiscalía General del Estado dar con los responsables y agotar la investigación de los hechos. Igual hicieron los diputados en el Congreso del Estado que también demandaron mayor seguridad. También lo hizo la Senadora Lucía Meza. El Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado más o menos en el mismo sentido. La violencia en Morelos ha sido muy grave hace muchos meses, más de los que lleva la actual administración del estado.

Más allá de los siempre acres comentarios que pululan en el imaginario colectivo sobre la clase política y en particular sobre los diputados, tendría que advertirse la gravedad del caso en tanto se trata de una legisladora de un partido cuestionado por sospechas de relaciones con grupos criminales (uno de sus miembros es el alcalde Alfonso Miranda, quien administra la ciudad desde un penal donde se mantiene mientras se revisa el proceso en su contra por delincuencia organizada, secuestro y homicidio); pero también porque la coalición formada por el PT, Morena y Encuentro Social fue la ganadora en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de dos figuras carismáticas, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Antes de intentar establecer relaciones entre el presidente o el gobernador y los legisladores locales, conviene recordar que los candidatos a cargos menores, alcaldías, diputaciones locales y regidurías, se subieron a la ola generada por la altísima popularidad que tenían entonces López Obrador y Blanco Bravo, y fueron postulados desde sus partidos políticos que repartieron los espacios a manera de cuotas. Es decir, no se trata de una legisladora ni del gobernador, ni del presidente; incluso es conocida la distancia que han marcado el Ejecutivo y el Legislativo morelenses desde el inicio de la administración de Blanco Bravo.

De los hechos hay pocos datos que sirvan al momento para dilucidar responsabilidades; aunque tratándose de la función de legisladora de la víctima, tendría que entenderse como un crimen político, y lo es en la medida de su efecto, más allá del origen que haya tenido. Desde los primeros minutos después del atentado, la movilización de la clase política fue de una velocidad que desearíamos hubiera en la Fiscalía General del Estado. La contundencia de las declaraciones reprobando el hecho se hizo sentir de inmediato y parecía que, por un momento, todos los políticos se habían puesto de acuerdo en algo.

Más allá de las declaraciones hay verdades contundentes que deben afrontarse; primero, la urgencia de reforzar la estrategia de seguridad que incluye una mayor eficiencia de las autoridades de investigación criminal; segundo, la necesidad de un pacto político que permita superar las múltiples rupturas entre los grupos que llegaron al poder en la atípica elección del 2018, y que tenga como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida en el estado. Sin afán de censurar a ninguna de las autoridades ni a los representantes populares del estado, la paz que buscan a través de estrategias de seguridad en las que participan o las que exigen, sólo será completa si se pacifican primero ellos con sus grupos, con sus adversarios políticos, y con la sociedad. Por supuesto que no hay elementos aún para sospechar que el atentado haya provenido de adversarios políticos, pero tendrá que reconocerse que el clima de enfrentamiento entre grupos estorba la coordinación indispensable para fortalecer la seguridad en una sociedad tan compleja.

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Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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