/ martes 29 de septiembre de 2020

Ayotzinapa: el rostro de un estado terrorista

Hace 6 años, grupos de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, salieron de su escuela y fueron a Iguala a tomar camiones de pasajeros, como lo venían haciendo tradicionalmente desde años atrás, para trasladar contingentes a la marcha nacional conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre.

En años anteriores no habían sido molestados. Solo habían tenido algunos incidentes. Tenían pendiente, sin embargo, la realización de protestas contra un hecho represivo orquestado por el gobernador Angel Aguirre Rivero, contra un grupo de sus compañeros, en diciembre de 2011, donde murieron 2 normalistas.

En 2014 las circunstancias habían cambiado. La esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca –reconocido aliado del narcotráfico-- realizaba un acto político en el centro de la ciudad, y quienes la cuidaban pudieron sentirse amenazados por los normalistas, quienes siempre han tenido fama de ser militantes politizados, rebeldes y combativos.

Esos muchachos se habían formado en las mismas aulas donde lo hizo Lucio Cabañas, líder guerrillero de los años setenta en la Costa Grande de Guerrero, quien además había sido dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas (FECS) que hasta la fecha es la organización que aglutina a los dirigentes de las normales rurales del país.

Tanto el ejército como las policías federal, estatal y municipal –totalmente penetrados por las bandas criminales—tuvieron conocimiento desde el principio a través del C-4 de los objetivos reales de la movilización estudiantil. No significaba ningún peligro que amenazara las rutas, ni los controles, ni la seguridad del trasiego de drogas.

Sin embargo, parece que un grupo de normalistas se apoderó de un misterioso “Quinto autobús” que ya estaba cargado de droga en la estación de Iguala, pero lo hizo sin sospechar el contenido de esa carga. Ese hecho fortuito puso nerviosas a todas las bandas, ya que habían perdido –así fuera por casualidad-- el control de un cargamento que alguien ha calculado en unos 2 millones de dólares, con destino a Chicago, Ill., en USA.

Entonces comenzó la represión, iniciada con inaudita violencia por la policía municipal –controlada por las bandas—y proseguida por las policías estatal y federal, así como por elementos del 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala. Comenzaron a caer los primeros estudiantes, y ocurrieron los hechos de represión más feroces, como el desollamiento de uno de los normalistas.

En paralelo, la batalla entre las bandas adquiría extrema ferocidad, llegando a perder la vida unas 80 personas en el curso del día, víctimas en ese festín de violencia

desatada, sin control. Estas bajas, además de los normalistas cuyos muertos y heridos que se iban acumulando.

Los 43 normalistas que posteriormente fueron desaparecidos nunca estuvieron juntos. Sus captores nunca los reunieron. Fueron capturados y ejecutados en varios momentos, en distintas partes y sus restos desaparecidos en varios grupos, contrario al discurso de la "Verdad Histórica”, que sostenía la versión de que los 43 habían sido incinerados juntos en el basurero de Iguala, por sicarios de Guerreros Unidos.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en su presentación virtual del 26 de septiembre en Palacio Nacional, aportó la mayoría de los datos que se manejan en este texto. Vamos a exponer una síntesis de la misma, así como datos expuestos por varios responsables durante el acto central de ese día:

- El gobierno federal anterior (EPN 2012-2018) realizó una operación de encubrimiento generalizado que incluía desde el titular del Poder Ejecutivo hasta los operadores más elementales, con el fin de ocultar los hechos, los cuales ponen en evidencia la existencia de una coalición de intereses entre las bandas del crimen organizado, militares y policías de los niveles municipal, estatal y federal, así como autoridades políticas.

- El encubrimiento alcanzó a ocultar la muerte de unas 80 personas masacradas ese día por disputas entre criminales, además de los muertos, heridos y desaparecidos de Ayotzinapa.

- El 27 Batallón de Infantería del ejército, con base en Iguala, ha puesto a disposición de las autoridades civiles tanto sus instalaciones como al personal, en especial al que operó durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

- Se han expedido unas 80 órdenes de aprehensión contra los involucrados en tales hechos: de ellos se ha detenido más de 80 personas para ser enjuiciadas, entre ellas criminales, policías municipales, estatales, federales así como agentes del Ministerio Público y militares.

- Los encubridores del gobierno anterior patrocinaron e impulsaron intencionalmente diversos procesos judiciales destinados al fracaso, con objeto de hacer perder el tiempo a los investigadores y ocultar la verdad.

- Hay más de 800 millones de registros de llamadas telefónicas, principalmente de las horas más críticas de la agresión, que servirán de base a las investigaciones, así como para reforzar las evidencias que se presenten contra los inculpados.

Todo lo anterior pone de manifiesto claramente que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de estado, donde intervinieron todas las instancias del gobierno en sus tres niveles, y que esas maniobras fueron apoyadas por los medios privados de comunicación, en una operación de dimensiones históricas que trató

de ocultar los hechos y garantizar la impunidad de los autores, tanto materiales como intelectuales.

El estado mexicano, al servicio del crimen organizado y de los peores intereses antipopulares, ha recibido un duro golpe, tanto en el nivel económico como en el político. Los antiguos pavorreales del poder hoy andan escondidos y a salto de mata, mientras otros se baten en retirada.

Los jefes de todos ellos (los expresidentes, los jueces, los ministros) están siendo exhibidos ante la opinión pública como los verdaderos responsables de la represión y la manipulación de la verdad. La coalición de intereses que hizo posible esos crímenes de lesa humanidad, nunca más volverá a tener en sus manos las riendas del poder.

La masacre de Iguala exhibió al estado mexicano en toda su podredumbre. Mostró claramente que existía una dictadura terrorista en manos del crimen organizado que solo se sostenía en el poder por medio de la violencia contra el resto de la sociedad. La votación masiva del 1 de julio de 2018 derrocó a ese estado, y lo sustituyó por una nueva coalición de clases, ahora favorable a los sectores populares.

Hace 6 años, grupos de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, salieron de su escuela y fueron a Iguala a tomar camiones de pasajeros, como lo venían haciendo tradicionalmente desde años atrás, para trasladar contingentes a la marcha nacional conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre.

En años anteriores no habían sido molestados. Solo habían tenido algunos incidentes. Tenían pendiente, sin embargo, la realización de protestas contra un hecho represivo orquestado por el gobernador Angel Aguirre Rivero, contra un grupo de sus compañeros, en diciembre de 2011, donde murieron 2 normalistas.

En 2014 las circunstancias habían cambiado. La esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca –reconocido aliado del narcotráfico-- realizaba un acto político en el centro de la ciudad, y quienes la cuidaban pudieron sentirse amenazados por los normalistas, quienes siempre han tenido fama de ser militantes politizados, rebeldes y combativos.

Esos muchachos se habían formado en las mismas aulas donde lo hizo Lucio Cabañas, líder guerrillero de los años setenta en la Costa Grande de Guerrero, quien además había sido dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas (FECS) que hasta la fecha es la organización que aglutina a los dirigentes de las normales rurales del país.

Tanto el ejército como las policías federal, estatal y municipal –totalmente penetrados por las bandas criminales—tuvieron conocimiento desde el principio a través del C-4 de los objetivos reales de la movilización estudiantil. No significaba ningún peligro que amenazara las rutas, ni los controles, ni la seguridad del trasiego de drogas.

Sin embargo, parece que un grupo de normalistas se apoderó de un misterioso “Quinto autobús” que ya estaba cargado de droga en la estación de Iguala, pero lo hizo sin sospechar el contenido de esa carga. Ese hecho fortuito puso nerviosas a todas las bandas, ya que habían perdido –así fuera por casualidad-- el control de un cargamento que alguien ha calculado en unos 2 millones de dólares, con destino a Chicago, Ill., en USA.

Entonces comenzó la represión, iniciada con inaudita violencia por la policía municipal –controlada por las bandas—y proseguida por las policías estatal y federal, así como por elementos del 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala. Comenzaron a caer los primeros estudiantes, y ocurrieron los hechos de represión más feroces, como el desollamiento de uno de los normalistas.

En paralelo, la batalla entre las bandas adquiría extrema ferocidad, llegando a perder la vida unas 80 personas en el curso del día, víctimas en ese festín de violencia

desatada, sin control. Estas bajas, además de los normalistas cuyos muertos y heridos que se iban acumulando.

Los 43 normalistas que posteriormente fueron desaparecidos nunca estuvieron juntos. Sus captores nunca los reunieron. Fueron capturados y ejecutados en varios momentos, en distintas partes y sus restos desaparecidos en varios grupos, contrario al discurso de la "Verdad Histórica”, que sostenía la versión de que los 43 habían sido incinerados juntos en el basurero de Iguala, por sicarios de Guerreros Unidos.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en su presentación virtual del 26 de septiembre en Palacio Nacional, aportó la mayoría de los datos que se manejan en este texto. Vamos a exponer una síntesis de la misma, así como datos expuestos por varios responsables durante el acto central de ese día:

- El gobierno federal anterior (EPN 2012-2018) realizó una operación de encubrimiento generalizado que incluía desde el titular del Poder Ejecutivo hasta los operadores más elementales, con el fin de ocultar los hechos, los cuales ponen en evidencia la existencia de una coalición de intereses entre las bandas del crimen organizado, militares y policías de los niveles municipal, estatal y federal, así como autoridades políticas.

- El encubrimiento alcanzó a ocultar la muerte de unas 80 personas masacradas ese día por disputas entre criminales, además de los muertos, heridos y desaparecidos de Ayotzinapa.

- El 27 Batallón de Infantería del ejército, con base en Iguala, ha puesto a disposición de las autoridades civiles tanto sus instalaciones como al personal, en especial al que operó durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

- Se han expedido unas 80 órdenes de aprehensión contra los involucrados en tales hechos: de ellos se ha detenido más de 80 personas para ser enjuiciadas, entre ellas criminales, policías municipales, estatales, federales así como agentes del Ministerio Público y militares.

- Los encubridores del gobierno anterior patrocinaron e impulsaron intencionalmente diversos procesos judiciales destinados al fracaso, con objeto de hacer perder el tiempo a los investigadores y ocultar la verdad.

- Hay más de 800 millones de registros de llamadas telefónicas, principalmente de las horas más críticas de la agresión, que servirán de base a las investigaciones, así como para reforzar las evidencias que se presenten contra los inculpados.

Todo lo anterior pone de manifiesto claramente que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de estado, donde intervinieron todas las instancias del gobierno en sus tres niveles, y que esas maniobras fueron apoyadas por los medios privados de comunicación, en una operación de dimensiones históricas que trató

de ocultar los hechos y garantizar la impunidad de los autores, tanto materiales como intelectuales.

El estado mexicano, al servicio del crimen organizado y de los peores intereses antipopulares, ha recibido un duro golpe, tanto en el nivel económico como en el político. Los antiguos pavorreales del poder hoy andan escondidos y a salto de mata, mientras otros se baten en retirada.

Los jefes de todos ellos (los expresidentes, los jueces, los ministros) están siendo exhibidos ante la opinión pública como los verdaderos responsables de la represión y la manipulación de la verdad. La coalición de intereses que hizo posible esos crímenes de lesa humanidad, nunca más volverá a tener en sus manos las riendas del poder.

La masacre de Iguala exhibió al estado mexicano en toda su podredumbre. Mostró claramente que existía una dictadura terrorista en manos del crimen organizado que solo se sostenía en el poder por medio de la violencia contra el resto de la sociedad. La votación masiva del 1 de julio de 2018 derrocó a ese estado, y lo sustituyó por una nueva coalición de clases, ahora favorable a los sectores populares.