Claro ejemplo de cómo se hace política en Morelos, es lo que ocurrió ayer en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Gobernado por un consejo de tres comisionados en un principio, a la anterior legislatura se le ocurrió que sería una buena idea incluir a dos consejeros más con un costo de casi 78 mil pesos mensuales cada uno, lo que representa una carga de dos millones 340 mil pesos al año al órgano autónomo que para 2021 recibirá 18.7 millones de pesos de presupuesto total. Es decir, los dos nuevos miembros del pleno significan el 12.5% del presupuesto del Imipe; con su incorporación, al gasto sólo en salarios de los comisionados representa el 31.5% del presupuesto del organismo, lo que sin duda es evidencia de un mal diseño institucional y una muy descuidada asignación presupuestal.
No se trata de que los comisionados ganen mucho, ese debate parece estar superado, sino del descuido en el diseño y reestructura de una organización, que resultan el origen del conflicto en el organismo que supone garantizar la transparencia y la protección de datos personales de los morelenses. La rispidez con que los recién instalados, Roberto Yañez Vázquez y Marco Antonio Alvear, enfrentaron a la presidenta, Dora Ivonne Rosales Sotelo, derivan de una colección de fallas en el diseño institucional que han llevado a conflictos jurídicos extensos frente a pifias gubernamentales y legislativas, y que aterrizan en que ninguno de los dos comisionados ha podido cobrar sus emolumentos, ya no sabemos si justamente ganados, por alrededor de dos millones de pesos cada uno.
El rezago legislativo que ha impedido el nombramiento de dos comisionados más en el Imipe, y los líos jurídicos que impedían la asunción de Yáñez y Alvear, produjeron que por muchos meses la administración y carga de trabajo en el instituto estuviera en manos de una sola persona, la comisionada presidenta Rosales, a quien se le tendrá que reconocer el trabajo y los avances del organismo que Alvear y Yáñez, desde fuera parecen ignorar. Es natural, están se sienten agraviados y probablemente con razón. Las amenazas de juicio político, recursos legales y demás proferidas ayer por los tres comisionados en su “reunión de trabajo”, pueden ser explicables a la luz de la tensión producida por los descuidos en el diseño institucional, las groserías que se vivieron en la reunión no tienen justificación alguna.
El cóctel que ofrecieron los comisionados, una mezcla de insultos, intereses personales, posicionamientos de grupo, y datos mínimos, es una triste costumbre de un Morelos que sufre un bajo rendimiento institucional en los organismos donde estos hechos ocurren de forma constante o periódica. No se trata de descalificar el trabajo de los gobiernos colegiados, hay los que funcionan muy bien, por ejemplo, el Impepac en recientes fechas; el Imipe de hace cuatro años, muchos cabildos. El problema, en esencia es mucho más grave, el diseño de las instituciones no es un asunto sencillo y procurar equilibrios funcionales en las mismas resulta una condición requerida en esos procesos. El Imipe requiere cirugía mayor y eso trasciende a las facultades y a lo mejor a las capacidades de sus comisionados.
@martinellito
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