Los 200 empleados que cobran en el gobierno del estado sin que quede claro dónde exactamente prestan qué tipo de servicios, son la definición clásica del mote aquél de aviadores (porque aterrizan en las dependencias sólo en días de pago) y sin duda constituyen una de las tristísimas prácticas frecuentes que se presentan en los recursos humanos del sector público desde hace muchos años. Lo que no lo hace menos grave, aunque la normalización con que algunos ven el asunto produce una enorme tristeza.
Y la detección de los presuntos aviadores también es obvia cuando una nueva administración realiza las primeras revisiones a la nómina gubernamental, en tanto los velos de impunidad que los protegían fueron abandonados por sus protectores, quienes renunciaron para la llegada del nuevo gobierno que tiene también sus prácticas interesantes en el manejo de personal, como ya se irá viendo. La detección de los presuntos y la segura cancelación de esos espacios podría generar un ahorro de por lo menos 1.6 millones de pesos mensuales y 24 millones anuales (contando el aguinaldo, por supuesto –total, los aviadores también tenían sus derechos), que se suma a los mínimo 840 mil mensuales y 12.6 millones anuales que significa la cancelación de las 14 subsecretarías y coordinaciones generales que anunció la secretaria Mirna Zavala. Es decir, en una semana y media de revisión, el gobierno estatal ya logró recortar 36.6 millones de pesos a la nómina del Ejecutivo lo que parece estar muy bien, pero aún no justifica algunas decisiones que se toman por acuerdos políticos sumamente sospechosos, por decir lo menos.
Andrés Duque Tinoco, quien llegó al Congreso del estado postulado por Morena y justo al inicio de la legislatura “decidió” irse al Partido Encuentro Social, el del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha visto premiado su esfuerzo de reorientación ideológica, dicen sus ex compañeros de bancada, con el nombramiento de su esposa, Fabiola del Sol Urióstegui, como directora del Instituto de Crédito en el gobierno del estado, lo que por lo menos compromete el papel de contrapeso crítico que el legislador debía tener con el Ejecutivo si hablamos de buenas prácticas gubernamentales. Más allá, Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de administración del gobierno del Cuauh, es ahora la nueva directora de personal del Congreso del Estado, en lo que parece un franco quid pro quo (los nombramientos, por cierto, se hicieron con un día de diferencia).
Cuando Morena perdió el control de la LIV Legislatura, incluso antes de que se instalara, se advertía que quienes se habían ido de su fracción, Duqe Tinoco y José Casas, y quien votaba con el bloque que reparte hoy en Congreso (PT-PES y diputadas de partidos minoritarios), Marco Zapotitla, tendrían evidentes premios en la administración de Cuauhtémoc Blanco. El nombramiento de la consorte de Duque como directora del instituto de crédito sería el primero y daría la razón, entre otros, a Javier García Chávez, el diputado morenista que denunció abiertamente esta mini confabulación. Dirán algunos, “está bien que lo hagan, pero ¿tendrían que ser tan cínicos?”, y no, ni siquiera está bien que lo hagan. La extraordinaria confianza con que el gabinete de Cuauhtémoc arribó al poder empieza a desgastarse innecesariamente con este tipo de determinaciones. ¿Nadie pensó que se ve terrible lo que hacen? ¿Alguien consideró que uno de los elementos que acabó con la credibilidad de la administración anterior fue, precisamente este tipo de acuerdos?
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