El ambulantaje es un problema mayor en los centros urbanos en tanto una falsa visión humanitaria de los gobiernos permite la extensión del comercio informal bajo la lógica de la falta de empleo. La urgencia de ocupar a personas en edad productiva lleva a la autorización de iure o de facto, de quienes no han podido o no han querido encontrar espacios en el mercado laboral formal; pero el tratamiento tiene efectos colaterales muy adversos en todos los casos: la afectación a los comercios establecidos, la falta de garantías a los consumidores, el incremento de la delincuencia dado el encontrar canales para la venta de artículos ilegales o robados, el surgimiento de mafias de protección a la informalidad, el uso político que algunos grupos de poder, o el propio Estado, hace de esas mafias, etcétera.
Cada administración de la ciudad (en casi todos los núcleos urbanos) hace promesas y trata –a veces de buena fe- de reordenar al ambulantaje, inhibirlo y en los casos más ambiciosos, de erradicarlo. En algunos casos estos programas son apenas simulacros que sirven para presionar a los grupos de control de ambulantes, para someterlos, o hasta para intercambiarlos; en los casos más honestos, la promesa se intenta llevar a cabo, pero siempre deriva en conflictos cuyos costos políticos no quieren ser absorbidos por nadie, por lo que a final de cuentas, los programas de abortan.
En el caso de Cuernavaca, los programas contra el ambulantaje han tenido los dos orígenes, algunos han sido honestos y otros meras estrategias de manipulación política, pero nunca han logrado su objetivo final, que las calles y banquetas queden libres de ambulantes, y que los empresarios formales, los consumidores y los ciudadanos estén a salvo de los efectos perniciosos de la economía informal.
Y claro que habrá muchos que digan que la práctica de la informalidad no se terminará en tanto los consumidores sigan adquiriendo productos en esa modalidad de comercio; cierto, pero bien puede inhibirse con la acción de la autoridad, en el entendido de que el consumidor piensa con la mano en el bolsillo y siempre decidirá por los productos de precio menor entre ofertas similares. Es decir, los gobiernos y los empresarios no pueden apostar a la civilidad de los consumidores, sino en la acción de las autoridades que están obligadas a mantener el orden y ofrecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico y la generación de empleos (entre otras múltiples tareas que la ciudadanía les ha encomendado).
El operativo con que ayer el Ayuntamiento de Cuernavaca retiró a ambulantes de la vía pública en las calles del centro de la ciudad, fue exitoso en tanto logró el retiro parcial de muchos de ellos; pero se convirtió en un riesgo en tanto quienes protegen el desorden que propicia el ambulantaje ya amenazan con no permitir más acciones de ordenamiento. Por lo pronto el municipio advierte que de los 450 comerciantes informales detectados en el centro de la ciudad, apenas 150 tienen permiso lo que explica que, luego de la rasurada que dieron a las calles de la ciudad, lucieran irreconocibles. Hay sitios de los que incluso olvidamos cómo eran después de años invadidos por la mancha de la informalidad.
Faltará ahora el otro espacio para cerrar el programa, y es la procuración de espacios laborales suficientes o de formas de regularización que permitan a quienes han sido retirados de la vía pública ejercer su derecho legítimo al trabajo sin incurrir en la ilegalidad. Esa parte, y resulta muy preocupante, no se ve ni en los planes del municipio, ni en los del gobierno estatal, y al final del día podría ser motivo de conflicto.
