Alcaldes toscos…

Antonio Vllalobos Adán, alcalde de Cuernavaca, ofrece dinero contante y sonante a quienes entreguen evidencia de corrupción de funcionarios municipales; el valor de las mismas será del doble de cuanto los ciudadanos hayan tenido que erogar en el cobro ilegal del que muestren la prueba. Su homólogo en Cuautla, Jesús Corona Damián, libera unidades piratas del transporte colectivo retenidas por la Secretaría de Movilidad y Transporte y con ello logra que se levante un bloqueo en su ciudad. El estilo de los alcaldes postulados por el Movimiento de Regeneración Nacional es, por lo menos, áspero.

Ninguno de ambos alcaldes ha demostrado ser un político tradicional. Ambos tienen un estilo tosco que –aún estará por verse si de forma natural o por diseño- se asemeja al del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Villalobos y Corona, sin embargo, juegan con lo legal, caminan en la línea delgada que limita lo que puede hacerse en el gobierno, arriesgan probablemente sin necesidad, en aras de encontrar tratamientos rápidos a problemas evidentes.

Porque lo que los alcaldes querrían hacer para atender los problemas es una cosa, pero lo que pueden hacer es muy diferente. ¿A qué partida presupuestal cargaría Antonio Villalobos el dinero que destine a recompensas? ¿Está dispuesto Corona a tolerar la ilegalidad en aras de mantener el flujo vial de su municipio? Desde una perspectiva práctica, las dos ideas de los alcaldes pueden ser dignas de reconocimiento. Son soluciones elementales a conflictos municipales que han afectado la marcha de las administraciones que presiden. El problema es que ninguna de las soluciones es legal, lo que compromete de alguna forma sus carreras políticas.

No se trata de problemas sencillos, la corrupción en el Ayuntamiento de Cuernavaca es histórica y ha lacerado a la economía de la ciudad por décadas. La buena voluntad para acabar con prácticas deshonestas no justifica otros actos al margen de la ley. El alcalde debería cuidar que su discurso no permita interpretar que actúa con discrecionalidad o por ocurrencias. Las denuncias por corrupción del personal del Ayuntamiento son constantes, aunque difícilmente se investiguen. En todo caso, tendría que modificarse la administración de la comuna para permitir que el alcalde conozca de cada una de las irregularidades que la gente advierte, y eliminar prácticas que permiten la corrupción, como los pagos en efectivo, por ejemplo.

En la región oriente, el transporte irregular mantiene secuestradas a las autoridades y cada operativo para revisión genera conflictos que ponen de cabeza a Cuautla y otros municipios. La tolerancia que por años han tenido autoridades municipales y estatales al pirataje en el transporte llegó a niveles insostenibles y se ha convertido ahora en un problema político mayor. Jesús Corona hace bien en tratar de encontrar soluciones, pero éstas no se darán sin la coordinación con la autoridad estatal para lograr el cese de irregularidades en el transporte. La solución al problema de piratería en el transporte público no es política, sino jurídica, se trata de un problema de cumplimiento de la ley y hay la autoridad para hacerla cumplir. En caso de acciones que afecten a terceros, por cierto, también existe la posibilidad de aplicar sanciones.

Cierto que el estilo tosco de los alcalde puede volverlos particularmente atractivos en términos mediáticos. Pero ambos están para administrar ciudades y esa labor tiene aparejadas una serie de limitaciones jurídicas impuestas para evitar que abusen del poder que les ha sido conferido. Puede ser simpático que, con las buenas intenciones que les caractericen, actúen en el borde de la ley, pero una conducta así es peligrosa especialmente para los ciudadanos, pero también para quienes, como ellos, tienen enemigos y adversarios múltiples en otros espacios de poder.