LOS COSTOS DEL SUMINISTRO DE AGUA
La aplicación del criterio de asequibilidad de los Derechos Humanos en materia de Agua Potable y Saneamiento (DHAS), implica que las autoridades responsables del abastecimiento de agua organicen los servicios de tal manera que sean accesibles para todos los sectores de la población y todas las clases de usuarios.
Esto no significa que el agua para consumo doméstico deba ser gratuita. Excluyendo a las personas absolutamente desfavorecidas, todos pueden contribuir proporcionalmente para ayudar a cubrir los costos de los servicios de agua y saneamiento que reciben.
Lo cierto es que las personas en condiciones de vulnerabilidad que no tienen acceso a los servicios proporcionados por una entidad de gestión formal, pública o privada, a menudo pagan una cantidad considerablemente mayor por litro de agua a los proveedores de servicios informales (vendedores de agua) que las personas con acceso a los servicios formales (y a menudo la calidad del agua es menor).
Cuando los servicios de saneamiento son insuficientes o escasos, los más desfavorecidos sufren las consecuencias en términos de degradación ambiental, problemas de salud y alta mortalidad infantil.
En su informe de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), pide enérgicamente un cambio en la forma de pensar sobre la economía y la financiación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, partiendo del enfoque exclusivo en la recuperación de costos, ya sea total o parcial, para una combinación de perspectivas económicas y derechos humanos, aplicando el principio de que los servicios deben ser asequibles para todos.
Estos dos enfoques no son contradictorios. Es posible conciliarlos si el proveedor del servicio puede recuperar totalmente sus costos (con subsidios que complementen los ingresos tarifarios, si es necesario) utilizando subsidios cruzados y subsidios directos, focalizados en los más pobres para que las tarifas sean asequibles para las diferentes clases de usuarios.
La solidaridad con aquellos a quienes se les niegan sus derechos es una parte integral de los Derechos Humanos en Materia de Agua Potable y Saneamiento y en el caso de la prestación formal de servicios, se pueden activar varios mecanismos para aumentar la accesibilidad para todos: financiamiento de otros usuarios a través de subsidios cruzados o de fondos públicos para subsidios directos o indirectos, incentivos para que los proveedores enfoquen sus inversiones en los más vulnerables y marginados, regulación de estructuras tarifarias y fijación de tarifas, así como la promoción de facilidades de pago.
Los mecanismos para optimizar la asequibilidad estarán subordinados a un conjunto más amplio de medidas destinadas a garantizar el acceso confiable para todos a suficiente agua potable y servicios de saneamiento adecuados.
Los Derechos Humanos en materia de Agua Potable y Saneamiento requieren que todas las situaciones particulares sean consideradas por las autoridades responsables de los servicios de agua.
En particular, las autoridades deben verificar la asequibilidad de los siguientes procedimientos: cobrar por el consumo de agua potable a los usuarios que están conectados a redes de tuberías, cargos por obtener agua de una fuente, los precios que cobran los carros- cisternas de agua oficiales o informales y otros proveedores alternativos, incluidos aquellos que revenden el agua que les proporcionan los servicios formales de agua, cargos por nuevas conexiones a las redes de agua y saneamiento, cargos de recolección de aguas residuales en particular para reflejar el valor económico de este recurso.
La experiencia demuestra que los mecanismos de subsidio creados con la intención de garantizar la asequibilidad son mucho más eficientes para lograr este objetivo si se dirigen a las personas desfavorecidas en lugar de beneficiar a todos los usuarios.
No se recomienda el diseño e implementación de servicios específicos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, se encuentra que los servicios diseñados específicamente para estos individuos muchas veces resultan insuficientes. En cualquier caso, es fundamental verificar que los subsidios funcionen como se planeó inicialmente y beneficien a los más necesitados. Hay varias opciones disponibles para subvenciones específicas.
La estructura de tarifas de agua en bloques escalonados se utiliza tanto para proporcionar tarifas de "supervivencia" para ayudar a los usuarios en situación de escasos recursos como para administrar la demanda a través de tarifas de nivel superior. Las tarifas básicas son difíciles de establecer: si cubren volúmenes muy altos de agua, los pagos de los bloques más altos son insuficientes para subsidiar los montos de supervivencia.
Los subsidios generalizados basados en el consumo a los proveedores de servicios de agua favorecen a quienes ya se benefician de un servicio público de agua y a quienes usan mayores cantidades de agua, pero no contribuyen de ninguna manera a apoyar a quienes aún no reciben el servicio. Por esa razón, las políticas deben distinguir entre los tipos de usuarios del agua y abordar sus necesidades en términos de asequibilidad.
Las personas que no se benefician de los servicios formales completos tienden a pagar más por el acceso a servicios alternativos. Por esta razón, deben ser priorizados para los subsidios financiados con fondos públicos. Los mecanismos de asequibilidad pueden incluir subsidios a los ingresos, estándares y subsidios para camiones cisterna, tarifas reducidas para fuentes públicas y subsidios para equipos de almacenamiento en el hogar.
Uno de los principales desafíos para los hogares que no tienen acceso a estos servicios es su capacidad financiera para conectarse a las redes de tuberías cuando estas se expanden a su barrio o grupo de población. Por lo general, a los nuevos clientes se les cobra una tarifa de llamada que generalmente refleja el costo real incurrido. Esta no es una opción realista en áreas pobres, particularmente en áreas pobladas y barrios marginales informales, donde una tarifa de conexión no es asequible para sus habitantes.
En consecuencia, estas personas no sólo no se benefician de la ampliación de la red, sino que quedan en una situación de elevados costos de consumo y servicios insuficientes. La asignación de subsidios a nuevas conexiones beneficia directamente a los usuarios pobres, reduciendo la desigualdad.
Además de los subsidios, los administradores de servicios pueden tomar otras medidas para mejorar la asequibilidad. Las ganancias de eficiencia, como las economías de escala, pueden ayudar a reducir el umbral de recuperación de costos. Los límites legales y administrativos pueden eliminarse. Los sistemas de facturación y pago pueden diseñarse para ajustarse a los patrones de los flujos de ingresos de los usuarios en condiciones de bajos recursos.
La asequibilidad está relacionada con el costo y con los métodos de pago. Los miembros más pobres de la sociedad no pueden ahorrar. Necesitan acceder a métodos de pago que no impliquen la disponibilidad inmediata de grandes cantidades de dinero. Se debe considerar el uso de pagos pequeños y frecuentes que impliquen costos de transacción reducidos.
Al establecer las estructuras tarifarias se deben considerar los criterios de accesibilidad económica y sostenibilidad de los DHAS. De hecho, los subsidios otorgados a usuarios que no son compensados con ingresos amenazan la sostenibilidad económica del proveedor del servicio, creando el riesgo de que el servicio subsidiado pierda su viabilidad o su calidad.
Los derechos humanos son una piedra angular de las políticas públicas y cada vez más los derechos económicos, sociales y culturales, se consideran tan importantes como los derechos civiles y políticos. La pobreza se asocia a menudo con la desigualdad y la discriminación. Los derechos humanos están influyendo progresivamente en las políticas de desarrollo y cooperación internacional, en particular a través del denominado enfoque del desarrollo basado en los derechos.
Al agregar argumentos legales y morales para apoyar el desarrollo, los derechos humanos también plantean el problema de la limitación de recursos para que los gobiernos beneficiarios respeten, protejan y cumplan plenamente los derechos de acuerdo con sus obligaciones.
Claramente, al adoptar un enfoque que respete plenamente los principios que sustentan los derechos humanos al agua limpia y al saneamiento, los proveedores de servicios también deberán considerar las implicaciones de los recursos.
Tendrán que incluir un nuevo conjunto de criterios en sus procesos de toma de decisiones para la asignación de recursos. Su papel en la promoción del enfoque de derechos humanos en las alianzas es doble: la mencionada evaluación y asesoramiento sobre políticas, leyes y reglamentos propuestos por las autoridades nacionales y locales, así como informar de manera efectiva a sus clientes, los titulares de derechos, sobre la naturaleza, alcance y el contenido de sus derechos dentro de ese marco.
