Si todo sale como se espera, y eso en Morelos nunca está garantizado, el dictamen que despenaliza el aborto en Morelos será aprobado hoy en comisiones del Congreso local. Con ello, el pleno podría recibirlo tan pronto como la próxima semana y ahí sería votado mayoritariamente a favor. La legislación morelense no se opondría entonces a la jurisprudencia nacional y las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo por cualquier causa no serían criminalizadas.
Las iglesias, los grupos provida, y quienes se han manifestado en contra de la iniciativa que despenalizaría el aborto y, según la intención de algunas diputadas construiría el andamiaje legal para un aborto seguro y accesible a las mujeres morelenses, tienen a salvo su derecho de pronunciarse en contra de una ley que, por supuesto, no resuelve los problemas de violencia que sufren las mujeres y la niñez morelense; pero que significa un profundo avance en el reconocimiento a la libertad de las mujeres a decidir, combatiendo con ello una de las principales violencias en razón de género.
Para nada es intención de la Legislatura el obligar a las mujeres a la práctica del aborto, en cambio se trata de garantizar a quienes finalmente lo hagan por sus propios motivos, que esa decisión no sea punible, y que en la medida de lo posible el Estado garantice que la práctica sea segura y no ponga en riesgo sus vidas.
No es un tema simple, en 2019, Morelos abrió expedientes contra 12 personas por el delito de aborto; en el 2020, a 13; y en los primeros 10 meses de 2021 a 15. Y esos fueron los denunciados, es decir, los abortos se siguen practicando en el estado y las condiciones de clandestinidad significan un riesgo mayor para las mujeres. Justo estas consideraciones prácticas, junto a las más relevantes de derechos humanos fueron las consideradas por la Suprema Corte de Justicia cuando dictó la jurisprudencia que vuelve inconstitucional la penalización del aborto, y a la que las leyes y códigos en la materia deben obedecer.
Y claro que hay la posibilidad, dada la prisa que corre a los legisladores por cumplir con la instrucción de la Corte, de que la legislación se quede corta. En ese caso, veremos a los grupos feministas acudiendo al Congreso del estado a pedir se profundice en un conjunto de reformas que garanticen el acceso de las mujeres a abortos seguros y gratuitos. Y tendrán razón, pero dados todos los factores que intervienen en las decisiones del Congreso, ideológicos, políticos, morales, sociales, y grupos de interés, es bastante probable que esa discusión tarde mucho aún.
Porque la despenalización del aborto requiere sólo de voluntad política, mientras que garantizar el acceso al aborto seguro significa destinarle recursos públicos: espacios en consultas médicas, clínicas y hospitales, asesoría psicológica, etcétera. Asunto que no es sencillo dadas las concepciones económicas e ideológicas que suelen imponerse en las discusiones políticas. Porque siendo el tema un asunto que tiene tan altos costos políticos por la polarización que genera en la sociedad, lo más fácil para los legisladores sería decir: de todos modos, no hay dinero y posponer el tema para algún momento… de la próxima legislatura.
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